Lo primero es tratar de hablar de lo mismo.
El enfoque del presidente Petro parece coincidir con el análisis de Antonio Negri quien desarrolla la relación entre el ‘poder constituido’ (las instituciones consignadas en la Constitución) y el ‘poder constituyente’. Siendo el uno derivado del otro no podrían normalmente encontrarse enfrentados. Pero, dentro de los procesos históricos la dinámica de las condiciones políticas o la evolución del modo de producción pueden llevar a que las estructuras del poder constituido no sean aptas para adecuarse al momento o a los cambios que aparecen. Es entonces cuando el poder constituyente debe remplazar al constituido, llegando eventualmente a un distanciamiento entre ambos.
Es cuando se manifiesta la tensión entre quienes naturalmente en defensa de sus intereses reivindican la intangibilidad del orden constitucional vigente, y aquellos para quienes la supremacía absoluta es inherente al ‘poder constituyente’. El buscar el camino que permita conciliar los dos extremos o resolverlo encontrando un esguince a los impedimentos del ‘poder constituido’ es el comienzo entonces de ‘el proceso constituyente’
Si es a eso que se refiere el presidente Petro, la pregunta no es si el inicio de un ‘proceso constituyente’ es la solución a nuestros males, sino si estamos o tenemos razón de estar en esa etapa.
Colombia se encuentra entre los países con mayor desigualdad en el mundo. Tiene los índices de desempleo más altos y más persistentes entre países comparables. Montó un modelo de desarrollo basado en la economía primaria de explotación de recursos naturales y exportación de mano de obra, con sectores agrícolas e industriales atrasados, y una distancia abismal respecto al ‘modo de producción’ actual; es decir más bien calificable como un modelo de subdesarrollo. Su Constitución, por unos defendida y por otros cuestionada, no sirvió los propósitos que supusieron motivarla: la ‘Constituyente de la Paz’ no trajo la Paz; el modelo económico que aspiraba a responder a la necesidad de crecimientos superiores al 5% no ha alcanzado ni una sola vez esto en los 33 años de existencia; las protestas sociales expresan mejor lo que los mismos indicadores vuelven simples estadísticas. Si el país vive crisis del sistema de salud, de las pensiones, de la Administración de Justicia, de la Educación, o padece como endémicas la corrupción, la violencia, la delincuencia organizada en múltiples variantes, no es por accidente sino porque la institucionalidad que hemos creado propicia estos efectos. Y, si quienes han ocupado los cargos institucionales a lo largo de estas décadas no corrigieron esto, no suena que puedan ser hoy los llamados calificar o descalificar los nuevos caminos que se intenten.
Un gobierno de 18 meses no es causa ni puede corregir los males creados por estructuras e instituciones mal diseñadas (o mal operadas, según sus defensores)
Los procesos históricos y la historia tienen más peso que los individuos y son los que hacen aparecer actores que cumplen una función de catalizador, pero que no son estos los que determinan los momentos o las corrientes históricas. Un gobierno de 18 meses no es causa ni puede corregir los males creados por estructuras e instituciones mal diseñadas (o mal operadas, según sus defensores); y una polarización como la que vivimos no se alimenta con la explicación de que “el problema es que Petro, un agitador político brillante, ha resultado un administrador incompetente con una personalidad paranoica y pendenciera y unos hábitos de trabajo extraños” O que “… sus soluciones siempre han estado enmarcadas en una óptica de lucha de clases”.
Colombia no es solo un país en crisis como consecuencia de la falta de los resultados esperados por la aplicación del modelo político-económico de los últimos treinta años. El mundo también ha evolucionado y hoy -con la que algunos llaman la cuarta revolución industrial- el modo de producción ha dado un salto cualitativo (la inteligencia artificial, el Internet, la angustia por el medio ambiente, etc.). Igualmente el modelo político ‘democrático’ aparece con claras muestras de agotamiento. En ambos aspectos nosotros nos encontramos ante un escenario de transición en el cual parece evidente la incapacidad de adaptarnos a través de los poderes existentes: un órgano legislativo más que cuestionado; un sistema de partidos más que descalificado, inexistente; una Administración de Justicia desaparecida ante las ‘justicias extraordinarias’ (Justicia y Paz, JEP, Tutelas, Cortes Internacionales); un ejecutivo inoperante sea por incompetente o por el bloqueo opositor. Pero esto se acompaña del impedimento constitucional para adelantar una Asamblea Constituyente sin contar con un consenso previo.
Se reformula la pregunta ya no sobre si hay razones o no para acometer un ‘Proceso Constituyente’, sino si no vale la pena evitar el camino del esguince buscando el del consenso.
