La chispa la prendieron el gobernador Antioquia y el expresidente Álvaro Uribe con su reacción al frenazo que el gobierno de Gustavo Petro pretende darles a las mega obras que pasan por el departamento. Esta semilla ha crecido y distintas voces, con peso por la trayectoria y formación se han movido para volver realidad la autonomía regional fiscal de los departamentos. Fue así como se conformó un comité para impulsar la recolección de firmes para proponer un Referendo, con el que darían un paso adelante a la iniciativa de proceso constituyente del Presidente Petro.
Entre las personas que iniciarán el proceso de recolección de firmas aparecen el exdirector del Dane, excandidato a la Alcaldía de Bogotá, actual concejal de Bogotá y doctor en economía, Juan Daniel Oviedo; la exreina nacional de la Belleza, Vanessa Mendoza; el periodista Diego Santos Caballero, familiar del expresidente Juan Manuel Santos y esposo de la también periodista de Caracol Radio, Vanesa de la Torre.
Otros integrantes del Comité Promotor del referendo federalista que pide autonomía fiscal para Antioquia son: Ana Lucía Villa, directora de apoyo fiscal del Ministerior de hacienda por más de 25 años; el exministro de agricultura y excodirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano Sanz; el exgobernador de Caldas y actual senador por la Coalición Alianza Verde-Centro Esperanza; Guido Echeverri Piedrahita; la abogada Hilduara Barliza Brito; el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga y la abogada especializada en derecho público, Juliana Castañeda.
Esta iniciativa revivió un viejo debate que se inició ya hace 33 años, entre los miembros de la Comisión Segunda de la Asamblea Nacional Constituyente que tenía a su cargo el tema de ordenamiento territorial para incluir en la nueva Constitución. Debatieron sobre la existencia de los Departamentos, el papel de los gobernadores y el hecho de que la salud y la educación se financiara, paradójicamente, con la venta de cigarrillo y licor.
En esa época, el presidente de entonces, César Gaviria Trujillo, defendió ante los Constituyentes un modelo “federal” de país que no tuvo mucha acogida, pero que hoy el gobernador de Antioquia, Julián Rendón y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, impulsan mediante la promoción de un referendo para modificar el artículo 298 de la Constitución y lograr que los Departamentos tengan más autonomía fiscal.
En este proceso, en mayo de 2023, el entonces director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera, volvió a poner sobre el tapete la discusión centenaria entre conceptos sobre Estado unitario, federal, descentralización o autonomía.
Desde entonces, los gobernadores de Antioquia y Atlántico además de promover el referendo han acogido la idea de recibir donaciones ciudadanas o “vacas” para concluir obras como el Túnel del Toyo a la que el gobierno del presidente Gustavo Petro no le ha asignado los recursos esperados y olvidaron que los Departamentos, en el proceso constituyente de 1991, estuvieron a punto de desaparecer del mapa.
De hecho, algunos de los miembros de la Comisión Segunda de la Asamblea Nacional Constituyente, como el sociólogo y académico Orlando Fals Borda (q. e. p. d.) y el exsenador Lorenzo Muelas apoyaron que el país estuviera conformado por regiones, provincias, territorios étnicos, distritos metropolitanos, comunas y corregimientos.
Así como la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 aprobó la revocatoria del Congreso, también estuvo sobre la mesa la posibilidad de que los Departamentos desaparecieran como entidades territoriales pues según Juan B. Fernández, otro de los miembros de la Comisión encargada del tema territorial, dijo que “nadie duda que los departamentos son los campeones de la ineficacia administrativa colombiana”.
Los Departamentos se salvaron, no hubo vencedores ni vencidos y el constituyente Gustavo Zafra Roldán, quien era reconocido como un defensor de esa figura, habló de un Estado regional, propuso la elección popular de Gobernadores, reformar las Asambleas Departamentales y asignarle funciones de planificación, coordinación, apoyo a los municipios, financiador de créditos y complementado de servicios como salud, educación, medioambiente, turismo, transporte, manejo de puertos, aeropuertos, zonas francas y promoción del desarrollo.
Estas tareas de los Departamentos se reflejaron en el Artículo 298 de la Constitución que desde su aprobación ha tenido varias modificaciones y ahora, con el distanciamiento político existente con el presidente Gustavo Petro, el gobernador de Antioquia, Julián Rendón, quiere modificar mediante la convocatoria de un referendo y se acaba de conformar el Comité Promotor durante una reunión realizada el martes 9 de abril en la Casa de Antioquia en Bogotá.
Hoy anunciamos el inicio hacia un referendo constitucional, este tiene como fin buscar la autonomía fiscal para las regiones.
— Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) April 10, 2024
El patrimonio debe ser administrado directamente por los departamentos con el fin de evitar demoras en la solución de las necesidades de sus habitantes.… pic.twitter.com/oJiYSKdDvr
El Comité Promotor se ha propuesto recoger firmas para convocar un referendo mediante el cual se propondrá ampliar los ingresos de los Departamentos, mediante la profundización de la autonomía fiscal ya contemplada en el artículo 298 de la Constitución que estaría enfocado en que las regiones logren gestionar el gravamen de renta de patrimonio de las empresas y las personas.
Al explicar los argumentos para pedir más autonomía fiscal, el Comité Promotor del Referendo dijo en un comunicado que la Nación recibe más de $138 billones por impuestos directos y solo retorna $77 billones a las regiones en las transferencias de Sistema General de Participaciones, lo que aprieta el bolsillo de los departamentos. Insistieron además en que, de la totalidad del recaudo tributario de todo el país, la Nación se queda con 85 %, los municipios con una cifra cercana a 10 % y los Departamentos con 5 %".
Con la conformación del Comité Promotor, iniciarán el proceso de recolección de dos millones de firmas que deberán presentar a la Registraduría Nacional para su verificación. Posteriormente, presentarán estos datos al Congreso de la República. Si el Congreso la aprueba, la solicitud pasará a revisión de la Corte Constitucional para que el Gobierno Nacional convoque al referendo y si se logra el 50 % de los votos del censo electoral, se publicará y comenzará a aplicarse.
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