Retornar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas a la embajada de México de la que fue secuestrado el 5 de abril 2024, es la única reparación ajustada a derecho internacional que le cabe a la administración del presidente Daniel Noboa después del estropicio diplomático causado en la embajada mexicana en Quito.
Luego podrá apelar a Interpol para lograr la detención de Glas, en caso de que la justicia ecuatoriana encuentre culpable al político de izquierda.
El derecho de asilo es una de las primeras conquistas en materia de derechos humanos que ha logrado la humanidad. La propia fábula bíblica de la destrucción de Sodoma, es una defensa del asilo. Cuando el patriarca israelita Lot se niega a entregar a los varones habitantes de Sodoma los dos forasteros a quienes ha dado hospedaje en su casa, está refrendado la existencia de ese derecho.
Es más, —lo que también nos da una idea del concepto sobre la mujer del redactor bíblico— Lot ofrece a la turba enardecida que exigía le fuera entregado los dos forasteros, darle a cambio a sus dos hijas doncellas para que los hombres enardecidos hicieran abuso de las mismas, antes que faltar a su deber de hospedaje para con forasteros. Idea clara de cuan arraigado estaba ya ese concepto.
Glas fue procesado judicialmente en 2017, acusado de recibir sobornos por 16 millones de dólares según la justicia ecuatoriana a partir de la trama delincuencial de Odebrecht. Pagó cárcel por ello y se encuentra inmerso en otro proceso tras una orden de captura por el delito de peculado.
Glas, electo en la fórmula de Alianza PAÍS en 2017 junto a Lenín Moreno, era el hombre de confianza del ex presidente Rafael Correa, quien, en una visita de este a Ecuador a fines de 2017, le prestó su apoyo ante los tribunales y acusó a Moreno de «traicionar la revolución».
El hecho de que Glas ingresara a la sede diplomática mexicana en Quito, no le salvaguardaba del proceso en curso, y existen los canales diplomáticos para discernir si se trata de un delincuente común, o un perseguido político.
Casos hay en la historia latinoamericana en que asilados han permanecido durante años en una embajada a la espera de la resolución de su salida del país asilante, pues en tanto el país de origen del asilado no otorgue el salvoconducto, la representación diplomática no puede hacer viable la salida del país del sujeto en cuestión.
En 1949 el político peruano Víctor Haya de la Torre, asilado en la embajada colombiana en Lima permaneció allí durante años. El caso fue presentado ante la Corte Internacional de Justicia (CPI) en La Haya, quien en junio de 1951 resolvió que el gobierno colombiano no estaba obligado a entregar a Haya de la Torre al gobierno peruano, que negaba el carácter de asilo político al fundador del Partido Aprista. Así funciona.
Hay que remontarse al 28 de junio de 1976 en Montevideo, Uruguay, para dar con un hecho similar. Ese día, Elena Quinteros fue secuestrada por represores de la dictadura uruguaya (1973 -1986), cuando ya estaba en los jardines de la embajada de Venezuela en la capital uruguaya.
Quinteros integraba una organización anarquista fundada por uruguayos exiliados en Argentina —el Partido por la Victoria del Pueblo— que había efectuado robos por sumas de dinero considerables. Quinteros que había sido detenida por la represión dictatorial en Uruguay, hizo creer a sus captores que realizaría un contacto con alguien de su organización opositora al régimen castrense.
Se le permitió desplazarse por calles montevideanas hasta el sitio por ella indicado, y cuando estuvo frente a la embajada venezolana la maestra de 31 años ingresó a los jardines de la representación diplomática de Caracas. De inmediato sus seguidores fueron tras ella y mediante forcejeos con los funcionarios caribeños la retiraron del territorio venezolano en Uruguay.
Elena Quinteros fue desaparecida y es una de los uruguayos asesinados en la tortura. El gobierno de Carlos Andrés Pérez rompió relaciones con la dictadura uruguaya cinco días después del hecho. El vínculo entre ambos países no fue reanudado hasta 1986, cuando tuvo lugar la recuperación democrática en Uruguay.
Volvemos al presente. La OEA, como era previsible, el miércoles 10 de abril 2024 condenó «enérgicamente», por 29 votos a favor y uno en contra, de Ecuador, el asalto a la embajada mexicana, violatorio de la Convención de Caracas suscrita en 1911; de la Convención de Montevideo suscrita en 1933; Convención de Asilo Diplomático de 1954, y de la Convención de Viena de 1969.
La comunidad internacional criticó lo actuado por el gobierno de Noboa y el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, sostuvo que el asalto a la sede diplomática de México no puede quedar como «precedente».
El gobierno ecuatoriano alega que México violó el Estatuto de Caracas al permitir el ingreso a su embajada en Quito de un delincuente común, y que tenía la información de que Glas planeaba fugarse durante la noche del 5 de abril.
Al tenor de lo declarado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que enviaría un avión militar para recoger a la embajadora mexicana Raquel Serur —quien el mismo martes 5 de abril 2024 había sido declarada persona non grata— el gobierno de Noboa supuso que Glas viajaría en dicho avión.
Se suma a la argumentación ecuatoriana, el antecedente de la ex ministra correista, prófuga, María de los Ángeles Duarte, —condenada por la misma trama de corrupción de Correa— quien luego de asilarse en la embajada argentina en Quito, en marzo 2023 huyó de Ecuador a Venezuela, aparentemente oculta en un vehículo acreditado ante la misión diplomática argentina, por lo tanto, no pasible de revisión por las autoridades ecuatorianas.
En la sesión del Consejo Permanente de la OEA celebrada el martes 9 de abril 2024, —primera de las dos que generó la violación diplomática— el representante ecuatoriano Alejandro Dávalos argumentó que AMLO fomenta la impunidad; defendió lo ordenado desde el Palacio de Carondelet, y pidió un cambio en las normas de asilo político.
Mientras tanto, Glas ha sufrido una descompensación en su salud a raíz del inicio de una huelga de hambre en la cárcel de máxima seguridad donde se encontraba recluido, por lo que fue trasladado a un hospital.
La resolución votada por la OEA exhortó a Ecuador y México a que «inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva».
Brasil solicitó a Ecuador que otorgue un salvoconducto a Glas para que pueda ser llevado a México.
