La construcción de un megaproyecto de apartamentos que está construyendo la cementera Argos en total silencio en el borde urbano entre Puerto Colombia y Barranquilla tiene molestos a los barranquilleros y los habitantes de aquella región, que están buscando la manera de echar abajo el proyecto de la empresa antioqueña, que catalogan como una amenaza medioambiental para el Atlántico.
Ciudad Mallorquín tiene como propósito la construcción de 18 mil apartamentos, de los cuales ya se han levantado casi 5 mil y que impactan en tráfico automotor, generación de aguas servidas y manejo de basuras a un bosque seco protegido por acuerdos internacionales de medio ambiente debido a la existencia de humedales y zonas boscosas.
La construcción se desarrolló en completo hermetismo hasta que varios líderes ambientales de la región empezaron a cuestionar la forma en que el municipio de Puerto Colombia concedió licencia a este proyecto sin tener en cuenta el impacto que generaría.
Entre los opositores a esta ciudadela está un grupo de líderes que en medios de comunicación se han manifestado en contra, sin que Argos responda a los argumentos que explican cómo la obra generará un caos en todo sentido, tanto en Barranquilla como en el propio Puerto Colombia, produciendo daños irreparables a un ecosistema que tiene el nombre del proyecto.
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Entre ellos están Horacio Brieva, Nicolás Renowitzky, María Correa y Roberto Tapias quienes de manera coinciden en señalar que este proyecto es lesivo para la comunidad. Es más, María Correa, quien se desempeña como líder ambiental del barrio Las Flores, zona colindante con la obra, anunció que llevará las denuncias del daño ambiental que genera Argos a la COP 16 que se realizará en octubre próximo en Cali.
En una investigación realizada por Rubén Casalins que plasmó en un video que circula en redes sociales muestra el efecto nocivo que puede generarse con el proyecto. En esa producción, Horacio Brieva alerta que la obra elevará la temperatura de Barranquilla porque la ciudadela se convertirá en una “pared que impedirá el paso del viento” que transformaría la vida todos los habitantes de este sector del país.
Los criticos del proyecto, no se explican por qué en 2017 la alcaldía de Puerto Colombia levantó una prohibición que limitaba a construir 10 viviendas por hectárea en la zona de Mallorquín, y extrañamente pasó a 240 viviendas en esa misma extención de tierra, redensificando un lugar que no soportaría ese nivel de ocupación.
En esa misma producción, María Correa sostiene que la Corporación Autónoma del Atlántico está obligada a explicar por qué permitió semejante ecocidio, calificación que esta líder ambiental le da a la acción de Argos.
La situación ha llevado a que la Procuraduría General de la Nación convoque a una mesa de trabajo este viernes 12 de abril en Barranquilla para que los actores involucrados en el proyecto expliquen ante el Ministerio Público (representado por el delegado de Medio Ambiente, Gustavo Guerrero) las razones que dieron paso a esta obra de proporciones colosales.
Al encuentro con la Procuraduría, previo a la apertura de investigaciones y la generación de sanciones, están convocados Lilia Roa, viceministra de Medio Ambiente; Aníbal Pérez, viceministro de Agua; Eduardo Verano, gobernador de Atlántico; Alejandro Char, alcalde de Barranquilla; Libardo García, director del Área Metropolitana; Plinio Cedeño, alcalde de Puerto Colombia; Jesús León, director de la Corporación Autónoma; Ramón Dávila, gerente de Gases del Caribe; Sergio Ramírez, director de Caribe Verde; Ramón Hemer, gerente de Triple A y Ramiro Castilla, gerente de Aire.
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Todo apunta a que las medidas cautelares que han interpuesto ciudadanos —como Roberto Tapias, quien ha presentado una Acción Popular— podrían detener la obra que ya avanza en un 35%.
Por lo pronto la polémica seguirá avanzando en una puja sin antecedentes entre una ciudad como Barranquilla y Argos, una empresa que ha venido acumulando altos niveles de inconformidad entre muchos ciudadanos que ven rodar por las calles de la capital de Atlántico su pesado parque automotor matriculado en Envigado pero deteriorando las vías de la ciudad, evadiendo el pago de la plusvalía y generando este tipo de obras sin tener en cuenta la calidad de vida de muchos ciudadanos de una comunidad que exige vivir sin trancones y sin polución.
