Algunos movimientos políticos con intereses electorales, manejando hábilmente las redes sociales y a cuanto medio podían influenciar para aprovechar el inconformismo de una propuesta de reforma tributaria, presentada por el gobierno vigente en 2021, pretendiendo recaudar 25 billones de pesos, llamada "ley de solidaridad sostenible", que fue pretexto para una protesta social, y cuyo contenido incluía prioritariamente los siguientes puntos:
1- el gravamen del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas) a los estratos más altos, servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores;
2- ampliaba la base tributaria gravando a las personas que ganaran más de tres salarios mínimos;
3- creaba un fondo para hacer frente al cambio climático;
4- creaba un impuesto para plásticos de un solo uso, originándose un paro promovido por centrales obreras y algunos movimientos cívicos, incluyendo la participación activa de numerosa juventud y, colectivos feministas.
Temas estos, que, entre otras cosas, incidían en lo mínimo a las poblaciones indígenas, que fueron sectores bastante beligerantes, instrumentalizados por dirigentes políticos, trasladándolos a Cali y Bogotá en mingas desafiantes con los residentes, a un costo incalculado por las distancias de su desplazamiento, alimentación, pago individual por asistencia y alojamiento para algunos, etc., sumándose el bloqueo de carreteras prioritarias.
Para los críticos del momento la respuesta al incremento de los gastos no debía buscarse con más impuestos sobre la clase media colombiana. Agregándose también a este clima de inconformismo el creciente descontento interno por los efectos sociales que había tenido la pandemia del covid-19 en el país, cobrando la vida de unas 72.000 personas y el cierre de más de 500.000 negocios, que llevaron el aumento a los niveles de desempleo y pobreza, cuya responsabilidad no debió habérsele atribuido al ejecutivo, puesto que fue un fenómeno de salud universal desbordado, en su monto.
Las protestas para exigir que el gobierno retirara el proyecto empezaron de forma pacífica, pero luego se registraron ataques contra edificios de gobierno, quema de buses del sistema de transporte público, saqueos a locales comerciales, ataques a bancos, oficinas y la fuerza pública que intervino por el nivel de vandalismo desatado, llegando a la quema de CAIs en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, principalmente; hasta la Misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue atacada.
El Ministerio de Defensa presentó un reporte sobre las afectaciones causadas: “Al menos 472 locales comerciales habían sido afectados, 460 oficinas bancarias,1.324 vehículos de transporte público, 250 estaciones de transporte, 22 motos particulares,105 automóviles, 1 institución educativa,109 automotores de emergencia, 443 cajeros automáticos, 92 estaciones de servicio,3 iglesias,1 hotel,1 emisora,126 señales de tránsito, 165 entidades Estatales afectadas, 28 peajes, 4 basculas de pesaje, 26 bienes culturales, 1 puente, 154 cámaras de seguridad, 56 dispositivos de foto multa y 135 semáforos”, señalando que los principales daños fueron ocasionados por intento de destrucción o incineración de estos sitios o elementos. La Policía también se convirtió en una de las instituciones más afectadas; con al menos 118 CAI´s vandalizados, 15 estaciones de policía y 577 patrullas y vehículos.
El gobierno atendiendo el llamado de los manifestantes organizados en el Comité Nacional del Paro, el cual presentó un pliego de peticiones, pedía el retiro del citado proyecto de reforma fiscal (insignia de este inconformismo), y otras exigencias hechas en marchas sociales del pasado, organizando mesas de trabajo para consensuar los puntos en discordia, produciendo un nuevo texto equivalente a 15.2 billones, pero los lideres de la protesta aseguraron que seguirían con ella hasta que el gobierno les diera una “respuesta sustantiva”, es decir que la intención era continuar con las manifestaciones en forma indefinida puesto que esto de sustantiva era un abstracto.
Mas adelante los dirigentes concretaron los puntos, que en resumen fueron:
- “Intervención del Estado al sistema de salud y formalización laboral para todos los trabajadores de ese sector”
- Renta básica de emergencia para personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis. Moratoria en el pago de créditos hipotecarios y de consumo, y en el pago de los servicios públicos (agua, electricidad, internet y gas) durante cuatro meses.
- Defensa de la producción nacional y el empleo con derechos. Defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria. Se completara el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las MiPymes.
- Apoyo al sistema educativo público, dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior publica y apoyo al sector cultural. No al retorno a las clases presenciales mientras no estén las garantías.
- Mujer y diversidades sexuales: acciones diferenciadas y específicas para garantizar los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia.
- Derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social. No privatización de la red de transporte en oleoductos de Ecopetrol.
Lo anterior pudiendo ser causas justas, su cuantificación, fuera de tornarse onerosa para el Estado, no se podía resolver en breve plazo, y aceptar la sugerencia del Comité, de emisión de moneda, era pensar en una inestabilidad macroeconómica al mercado crediticio; renegociar la deuda externa era un acto complejo no hecho, antes en el país; y suspender las exenciones tributarias a las grandes empresas sería una medida no aconsejable por no alcanzar para financiar ni siquiera la renta básica propuesta.
Acciones de hecho principalmente violentas, no pueden ser más que una explosión delincuencial, en las que concurren todo tipo de recursos por fuera de ley y el orden para desestabilizar no solo al gobierno, sino al total de la población con argumentos especulativos y temerarios, y lo más grave intimidatorios como la restricción coercitiva de la movilidad, sin importar los graves daños para la fuerza laboral del país, la concurrencia a atención de la salud, agregándose el impedimento al traslado de insumos básicos para la subsistencia de los pobladores, la provisión de combustible y oxígeno, puesto que las grandes ciudades se vieron bloqueadas por personas que hacían parte de las protestas.
Además, la participación de dirigentes políticos de la izquierda colombiana como el caso del congresista Wilson Arias, por citar alguno al azar, “en uno de su post se le puede ver dirigiéndose a una patrulla de la Policía exigiendo a las autoridades que liberaran a un grupo de jóvenes que fueron detenidos, por protestar de forma agresiva, argumentando que por su condición de senador de la República, los agentes estaban en la obligación de responder a su solicitud”.
La W Radio (30/04/2021–13:52 h), publicó: “Senador del Polo Democrático Wilson Arias se enfrenta a Policía en Cali para defender a jóvenes, decidiendo participar activamente de las manifestaciones que se presentan en la capital del Valle de Cauca- “Si Cali está en las calles, yo soy caleño y he sido electo senador por muchos caleños/as, no me pidan que me quede en la casa viendo las paredes; mi obligación es salir a estar con el pueblo pacífico.¡ Viva el #Paro Nacional 30A!, escribió en un trino”.
Igualmente, fuerzas oscuras como las milicias urbanas pertenecientes a los grupos al margen de la ley, que aprovechando este estado de cosas se mezclaron principalmente con los jóvenes quienes se nominaron “primera línea”, a la cual se le atribuyen los más sañudos actos y, otro legislador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, en acto solidario manifestó: “Yo nunca he financiado la Primera Línea.
Eso es una mentira. Yo compré con dinero de 4.800 personas que participaron en la Vaki (es decir convocó a la gente a sumarse a estos indefensos muchachos con ayudas), unos cascos y unas gafas a unos jóvenes que estaban masacrando realmente”, luego añadió:”¿por qué no Sali a decir nada ayer? Porque no me sentí aludido ¿Cómo voy a salir a defenderme de algo que están haciendo unos vándalos allá? Para eso está la justicia, yo no soy juez, yo no se si son de Primera Línea. Aquí tenemos que acudir al debido proceso. Primero hacer una investigación para ver quiénes fueron los encapuchados. De pronto son los mismos policías, yo qué voy a saber”. Esto lo deja a uno sin palabras.
Y para disipar dudas sobre el liderazgo de la campaña electoral en estas manifestaciones, el actual mandatario, aunque lo hubiera negado antes, en una intervención que el presidente Gustavo Petro hizo este año en la capital del Valle del Cauca afirmó:
El Espectador (15 de marzo de 2024 - 05:58 p. m.):
“Nosotros venimos de la Primera Línea y nos enorgullecemos”
Desde Cali, en el barrio hoy llamado Puerto Resistencia (en sitio llamado Puerto Rellena), por ser uno de los puntos centrales de las marchas y movilizaciones de 2021, y reiteró: “Nosotros venimos de la Primera Línea, nacimos de esta plaza y de este monumento (monumento a la resistencia), que debería ser declarado nacional. A nosotros nos han elegido para el cambio y a quien no le guste, que se vaya del Gobierno y no nos haga perder el tiempo”. Esto revive los métodos utilizados por los movimientos revolucionarios del siglo pasado, quienes interpretando los postulados maxistas-Leninistas de la correlación de fuerzas empleando la lucho armada, la tribuna pública y a la clase obrera en la conquista del poder para las transformaciones sociales en favor del proletariado y campesinado. "Marx y Engels, en su momento, consideraban que era imposible llegar a un acuerdo pacífico y realmente democrático con las clases que ostentaban el poder; el uso de la fuerza sería inevitable y el momento de la revolución parecía ya, haber llegado a las puertas de Europa.
Tratando de interpretar los antecedentes y consecuentes de aquello que ha dejado una secuela en el pueblo colombiano, con abominable recordación, y también una línea recta constante hasta el presente para bloquear vías y marchar hasta por ínfimas peticiones, rayando a lo inane, pues si miramos estadísticas de estos tres últimos años la obstrucción por carreteras troncales y terciarias, contabilizan 579 en 2023 y 101 en los dos primeros meses de 2024 (estadística de Confecar), además en los corredores viales de los cascos urbanos; sumando a ello las incontables marchas causando millonarias pérdidas para la economía y bienestar de la ciudadanía, vengan de donde vengan de la derecha o la izquierda.
Se acomodó superlativamente la expresión estallido social para hacer más dramática la criminalización de la protesta pretendiendo desestabilizar al país y su institucionalidad, recurriendo a métodos ruidosos a fin de ganar simpatía en la población y, que finalmente logró hacerse viral en todas las latitudes, posicionando la expresión estallido, que semánticamente significa cosa que se rompe con estrépito, término éste muy parecido a la su verdad de los grupos violentos
La protesta social debe ser pacífica, que convoca como marchas para concertar sectores sociales inconformes, pero sin convertirse en una revuelta violenta, porque esto ahí si es un real estallido.
Como colofón pudiera decirse que el Gobierno del presidente Petro propuso en su reforma tributaria $19,7 billones en 2023 y un promedio de $20 billones en los siguientes tres años, mucho mayor esta cifra a la que originó los hechos mencionados, agregándose la estadística de los 202 líderes asesinados en lo que va corrido de 2023 (indepaz), dejando huérfanos, padres, madres y hogares rotos.
Esto si pudiera ser un estallido, sin que haya ofrecido protestas e inconformismo alguno por los movimientos protagonistas, participantes en el 2021.
