Los sistemáticos derrames de crudo en territorio awá han llevado a los líderes indígenas de las comunidades del departamento de Nariño, en el Pacífico colombiano, a demandar a la compañía Ecopetrol. El recurso legal se centra en dos puntos clave: detener las filtraciones de crudo y la restauración de los ecosistemas afectados por parte de los responsables.
El 29 de febrero, sin embargo, el juez que lleva la causa rechazó la acción de tutela presentada por los awá —un recurso jurídico que protege derechos fundamentales en Colombia—, pero eso no detuvo a la nación indígena. Apelaron la medida y están a la espera de que un nuevo tribunal se pronuncie, incluso están dispuestos a escalar su caso hasta la Corte Constitucional para que prevalezcan sus derechos.
Un total de 20 resguardos indígenas del pueblo awá de Nariño pide que limpien el petróleo en sus ríos y su territorio. Las empresas señaladas como responsables son la semiestatal Ecopetrol y su filial Cenit, aunque también incluyen en la demanda a dos entidades públicas: la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corponariño.
La principal fuente de los derrames, aseguran los awá, es el Oleoducto Transandino, tubería de 305 kilómetros propiedad de Ecopetrol y operado por su compañía Cenit. Los awá señalan que ha habido más de 447 derrames reconocidos por Cenit desde 2014, pero que la cifra sería mayor debido a que estos iniciaron en 2009. En su demanda, aseguran que estas filtraciones han generado “contaminación de nacimientos de agua, quebradas, ríos y daños en la flora y la fauna”, perjudicando su acceso al agua para beber u otras tareas y la alimentación, así como la vulneración de sus territorios sagrados.
El oleoducto Transandino recorre 30 kilómetros de los pozos productores de Orito y Putumayo, y traslada el crudo hasta el puerto de Tumaco, en Nariño. Sobre el caso, la abogada que representa a los awá dice que solo piden justicia. “Pudimos corroborar la grave situación ambiental y humanitaria que vive el pueblo awá. La magnitud de los impactos y daños generados en los ecosistemas y ocasionados a esta comunidad merecen una urgente valoración, remediación, restauración y garantías de no repetición”, señala Rosa María Mateus, abogada de la organización no gubernamental Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo (Cajar), dedicada a la defensa de los Derechos Humanos desde el ámbito jurídico.
El daño ocasionado
Las comunidades awá han denunciado los constantes derrames petroleros ocurridos en su territorio entre 2009 y 2015, seis años en los que aseguran se vieron afectados por las constantes voladuras del oleoducto o los hurtos de hidrocarburo a través de válvulas ilegales instaladas por la guerrilla de las FARC.
El crudo robado en esa época e incluso ahora, narran los líderes awá, es usado para la producción y el transporte de la cocaína, así como para abastecer a la minería ilegal. Por esta situación, se han destruido 1007 refinerías ilegales en el departamento de Nariño desde el año 2020, según cifras de Ecopetrol entregadas a Mongabay Latam.
Y aunque el pueblo indígena sabe que el primer causante fue el grupo armado ilegal, consideran que Ecopetrol y las autoridades ambientales no han remediado el pasivo ambiental que les dejaron. En la zona hay nacimientos de agua, cuentan los awá, totalmente contaminados, como sucede en la Reserva Natural Inkal Awá La Nutria “PIMAN”, ubicada en el kilómetro 112 de la carretera que comunica Tumaco con Pasto, la capital de Nariño.
“Se constatan olores típicos de la contaminación por hidrocarburos, alta erosión de las orillas y la vegetación ribereña”, argumenta la comunidad en el proceso legal, además de señalar la presencia de aceites e hidrocarburos contaminantes en estos cuerpos de agua.
La demanda de los awá también dice que el daño se agrava en época de lluvias, ya que el crudo se esparce en su territorio. “Hay familias que se les dificulta mantener proyectos de seguridad alimentaria como granjas de gallinas, o cultivos de pancoger, pues cualquier creciente de los ríos contaminados que los atraviesan, viene con crudo o con el agua contaminada”, se lee en los documentos del caso judicial.
“Hemos venido sufriendo esta contaminación de derrame de hidrocarburos y las contaminaciones de ríos y fuentes hídricas desde el 2008 hasta la fecha.
Los derrames aún continúan”, dice a Mongabay Latam un vocero de la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) que prefirió mantenerse en anonimato por las amenazas de los grupos armados ilegales. Agrega que los derrames del oleoducto han contaminado al menos siete ríos: el Rosario, el Inda, el Pianupí, el Güiza, el Güelmambí, el Ñambí, el Nulpee, el Pipalta y el Mira. Comenta que las quebradas y otros cuerpos de agua de menor tamaño también han sido afectados, lo que ha impedido el consumo de agua de la zona y ha generado la muerte de peces. “El agua ya no se puede consumir, los peces han muerto.
En esos ríos están los espíritus, es un daño grande al territorio. Los ríos están agonizando”, añade el vocero de la Unipa. Dice que ni siquiera pueden lavar la ropa ni bañarse con esa agua, ya que está manchada por el crudo.
Un segundo líder awá, que también pidió no ser citado por seguridad, añade que los ríos contaminados atraviesan al menos veinte resguardos awá, entre ellos el Inda Sabaleta y el Gran Rosario. También indica que las manchas de petróleo han permanecido por años en el agua.
Las fotografías entregadas por los awá para esta publicación muestran la presencia de grandes manchas de hidrocarburos en los ríos de los resguardos. No obstante, Ecopetrol rechaza cualquier responsabilidad en una comunicación enviada a Mongabay Latam. “Los únicos responsables de los derrames y, en consecuencia, los llamados a responder por los daños causados son los grupos al margen de la ley que han instalado las válvulas ilícitas y que han perpetrado los ataques terroristas”.
Aseguran que solo en 2023 el oleoducto Transandino fue afectado por 773 válvulas ilegales que han dejado una pérdida de 500 000 barriles de crudo. Además, añaden que han pedido al Ministerio de Defensa la garantía de la seguridad y vigilancia en el oleoducto.
También dicen haber interpuesto 1814 denuncias ante la Fiscalía de Tumaco por esta situación, lo que ha llevado a 18 capturas, 28 sentencias condenatorias y a que 11 predios sean objeto de la extinción de dominio, cifras que demuestran la situación de orden público de la zona. La compañía también señala que tienen el deber legal de participar en labores de limpieza en el marco de una emergencia de un derrame, pero que eso no los hace los responsables del daño.
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