La agencia especializada de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce y continúa acompañando el departamento con ocasión de la propuesta del Fondo Antioquia sin Hambre, que permitiría promover progreso en las zonas rurales productoras de Antioquia.
Se trata de una iniciativa circular que serviría para la compra pública directa al campesino (Ley 2046 de 2020), aportando al desarrollo integral del campo y haciendo que el hambre cero también sea una realidad para agricultores y agricultoras locales que cultivan y cosechan los alimentos.
El panorama del abastecimiento en Antioquia evidencia que actualmente hay suficientes hectáreas productivas para alimentar la población local; sin embargo, actualmente, más del 70% de los alimentos que consumimos no se producen en Antioquia, dejando perder unos $972 millones de dólares. Por eso, con la Gobernación de Antioquia estamos construyendo modelos de abastecimiento sustentado en la agro logística compartida liderada por campesinos y campesinas (Proyecto SABA), para que logren participar directamente del mercado urbano mediante circuitos cortos de proximidad que permiten la integración urbano rural, la promoción del consumo de alimentos locales y la disminución de pérdidas y desperdicios.
Con la confluencia de las voluntades institucionales del Gobierno de Antioquia y FAO, se suscribirá una carta de intención para seguir avanzando con las acciones que le apuntan a la reducción de estos indicadores. La consolidación que se vienen adelantando se concentrará en el fortalecimiento del consumo de la producción local de alimentos y el mejoramiento de los sistemas agroalimentarios con estructuras de comercio eficientes, equitativas, resilientes, sostenibles e inclusivas que contribuyan a reducir la pobreza con un enfoque encaminado al desarrollo rural integral.
Entre otras acciones proyectadas, se plantean alternativas de compras públicas como las proveedurías solidarias para el acceso a los alimentos, gestión de redes locales de integración productiva, centros integrales de abastecimiento para agregar valor y garantizar una menor intermediación, conformación de redes agrologísticas, asociatividad, fortalecimiento de las Cooperativas DIA y comunicación para el desarrollo y el consumo local con el sello de confianza Milagro.
Los resultados de Antioquia presentados por DANE y FAO sobre el estado de la Seguridad Alimentaria en Colombia en 2022 ubican al departamento siete puntos porcentuales por debajo del promedio nacional: 28.1%, como contribución al seguimiento de los avances del país para lograr las metas del ODS 2 hambre cero. Aunque Antioquia tiene una prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y severa en personas, inferior al promedio nacional (23,5% vs 30,8%), en el departamento todavía 1 de 4 cuatro personas sufre inseguridad alimentaria moderada y severa. En cifras totales esto equivale a 1.554.000 personas, de las cuales 236.000 sufren inseguridad alimentaria severa o grave.
“FAO como agencia técnica acompaña a Antioquia en el camino por el derecho a la alimentación. Hemos reconocido desde hace 20 años a nivel internacional los esfuerzos del Departamento. Subrayamos la invitación a autoridades territoriales para que en los Planes de Desarrollo contemplen el fortalecimiento de la producción sostenible de alimentos, como contribución a la apuesta de avanzar en la garantía progresiva del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada”, declaró Agustín Zimmermann, Representante de la FAO en Colombia.
Por su parte el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo “con FAO tenemos una feliz coincidencia en el Fondo por el Hambre Cero al cual se le destinará todo el impuesto vehicular -alrededor de $400.000 millones-. Con este programa mixto que tiene una apuesta de recursos histórica se dinamizará la economía local, se disminuirá la intermediación, se realizarán programas de capacitación alimentaria en las familias”.
Asimismo, aseguró Marcos Rodríguez, especialista senior de agricultura familiar de FAO Colombia “la propuesta para Antioquia contiene la dimensión de seguridad y educación alimentaria, pero también la dimensión de acceso a los alimentos y esto coincide con los temas que se tratan en la Mesa Nacional de Compras Públicas en donde se trabaja desde dos pilares: inocuidad e integración de la oferta”
