En las últimas semanas han sido dos las grandes empresas del país que se han visto obligadas a pagar multas que superan los $ 1.000 millones por cometer irregularidades. El caso de la primera, la Sociedad Minera de Santander o Minesa, fue por violar el derecho a la sindicalización y tuvo como verdugo al Ministerio de Trabajo en cabeza de Gloria Inés Ramírez.
A ella se les sumó Empresas Públicas de Medellín (EPM), pero su situación es totalmente diferente, ya que la sanción corrió por cuenta de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Esta entidad, que es dirigida desde 2022 por Rodrigo Negrete Montes, encontró que la Sociedad Hidroituango, la cual es conformada por EPM y por la Gobernación de Antioquia, incurrió en dos faltas que por sí solas ameritan una sanción.
La primera de ellas fue vertir aguas residuales a un campo de infiltración, provenientes del campamento localizado en el predio “El Ciruelar”, lo cual constituye un detrimento ambiental y el segundo es haber sustituido dos puentes sobre la vía Puerto Valdivia, n.° 12 “La Mona” y n.° 14 “El Atraso”, sin informar ni pedir autorización para hacerlo.
Originalmente, el 1 de marzo de 2023, la Anla les había impuesto una multa de $1.408 millones por estos hechos; sin embargo, EPM apeló dos semanas después y logró alargar el proceso por un año más. Pero, ya en segunda instancia ratificaron la responsabilidad ambiental de la Sociedad Hidroitugango y finalmente sí se verán obligados a desembolsar dicho dinero.
Ya EPM, que tiene como gerente a John Maya Salazar, nombrado por Federico Gutiérrez no puede interponer más recursos, pero aseguran que van a adelantar acciones judiciales para ver si se puede terminar apelando.
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