Simón Bolívar, en 1828, expresó: “En Colombia, impera la servidumbre del pueblo, siempre oprimido por los militares, clérigos, abogados y doctores y eso sucedería aún con la Constitución más democrática, porque depende de la poca educación y del arraigo de las costumbres de sumisión. En Colombia hay una aristocracia de rango, de riqueza y de empleos, equivalente por sus pretensiones a la aristocracia de título y de nacimiento en Europa, pero considero que las leyes y la educación podrían ir poco a poco estableciendo el equilibrio social”. Era la visión y percepción del Libertador, hace casi dos siglos , sobre las políticas y ejercicio del poder en Colombia.
A finales de la década de los 80, el candidato Luis Carlos Galán, ante lo que acontecía en el ejercicio del poder público en Colombia, se atrevió a pronunciar su criterio y conclusión, sobre el ejercicio del poder en Colombia, hace más de 30 años y después de más de 150 años, del pronunciamiento de los presagios del Libertador.
El candidato Galán expresó: “Colombia esta dominada por una oligarquía política que, convirtió la administración del Estado en un Botín, que se lo reparten en pedazos”.
En el presente, después de más de doscientos años, de supuesta vida independiente y ejercicio del poder político y económico, controlado por un marco legal institucional propio de una seudo democracia, los colombianos continuamos sometidos a la servidumbre de la politiquería, el clientelismo, la corrupción, la exclusión económica y política, la indiferencia social del y respecto al pueblo, condiciones impuestas por los planificadores de nuestro conformismo, acordes con las directrices de los centros de poder político y del capital nacional y transnacional.
El poder público es ejercido por unas castas políticas y económicas, regidas por un marco institucional laxo, garante de impunidad y de garantías de defensa de los intereses exclusivos de los círculos políticos y económicos. Esos círculos de poder están integrados o representados en el poder público, por las élites, a las que se refirieron, el Libertador, hace casi dos siglos y el candidato Galán, hace más de treinta años.
Y es lo que no aceptan los gamonales, gremios económicos y usufructuarios del poder, frente a los planteamientos de reformas socioeconómicas e institucionales del actual gobierno.
Las evidencias del desgobierno, del fracaso del ejercicio del poder e irresponsabilidad política y social, de las élites, son apabullantes. Se comprueban en los resultados socioeconómico-políticos e institucionales del ejercicio del poder público, político y social, a nivel municipal, departamental y nacional y en la declaratoria de guerra, a las reformas socioeconómicas e institucionales, que se propone hacer el actual gobierno.
El pueblo debe entender que son Reforma imprescindibles, para poder comenzar a construir equidad socioeconómica, impulsar el desarrollo nacional y resolver la crisis nacional, que amenaza el futuro de la nación y debe defenderlas a como dé lugar el proceso.
La reforma al Sistema Nacional de Salud, es imprescindible, para poder garantizar atención en salud de calidad y oportunidad y contener la hemorragia monetaria del Presupuesto Nacional, convertida en transfusión de capital del erario público, a arcas particulares, a través de las denominadas EPSs e IPSs.
No ha habido voluntad política, ni responsabilidad social de las élites en el poder, hasta el presente, para ejercer la función pública para beneficiar a todos los ciudadanos.
Lo único que prospera y prevalece en Colombia es la inequidad socioeconómica, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la criminalidad y la segregación social.
La corrupción y la anarquía institucional se catapultaron en las últimas tres décadas.
La escueta realidad consiste en que sin profundas, radicales e integrales reformas institucionales y de toda la normatividad legal vigente, incluidas drásticas normas legales y procedimentales, para contener y erradicar la corrupción, el declive ético y moral del poder en Colombia, alcanzará niveles de anarquía total, similares a México, Haití, Argentina, Ecuador, entre otros.
La corrupción, en Colombia, penetró todas las instancias del poder y de la actividad pública y privada. Ejemplos hay a porrillo. Encuestas e investigaciones señalan que empresarios-contratistas precisan que para acceder a contratación pública tenían y tienen que pagar coima. Resultados de encuestas: en 2008, el 54% tuvo que pagar coima; en 2010, el 56% ; en 2014, el 62%, y en 2015, el 94%.
Además, otras investigaciones de entidades especializadas, realizadas en los últimos años, concluyeron que por corrupción en Colombia, el fisco público pierde anualmente más de $60 billones.
Hay ejemplos emblemáticos y de impresionante cinismo: Refinería de Cartagena: se robaron más de $13 billones, según Contraloría General, pero el pérfido ministro de Hacienda de la época señaló como responsable al subcontratista, la Chicago Bridge and Iron (CB&I). Hay muchos casos similares. Ruta del Sol 2, Odebrech-Luis Carlos Sarmiento Angulo, Variante Rosas-La Sierra en el actual gobierno, Carrotanques y el Aguíta de los guajiros, Elefantes Blancos del Huila, El Reservorio, El Puente Rizado Isgaura (Santander), Placas Huella en el Huila, Plantas de Tratamiento de AR en el Huila, Rehabilitación de la Ruta 45, Carrotanque (Bomberos Huila) 2023, la mayoría de concesiones viales y etc.,etc.
Los órganos de control, el gobierno, los políticos (no hay. Hay politiqueros) y burócratas de carrera conocen las causas y consecuencia de la corrupción. El Huila es un polo de corrupción, con registros de dineros públicos robados, que superan los $5.3 billones.
Ante el desastre moral, ético, económico, administrativo y sociopolítico, las élites que desde siempre han gobernado a Colombia, directa o indirectamente,
los responsables del desastre, guardan silencio, y prefieren oponerse y atacar con todos los instrumentos, legales e ilegales, los programas de real desarrollo nacional. Es imperioso que el pueblo despierte, decida y actúe. 16-03-2024
