La Paz Total se constituye como una estrategia de alcance general que se rige bajo lógicas particulares. En efecto, cada proceso de negociación o de diálogo socio-jurídico debe constituirse desde un análisis diferenciado en cuanto a énfasis e incentivos, y la Paz urbana como aquella variable determinante de la Paz Total (en el sentido de que implica dialogar con las estructuras armadas con presencia en las principales ciudades del país), sigue cojeando ante la falta de un marco jurídico que establezca cuáles son sus limitaciones y especialmente sus posibilidades.
La ley de Sometimiento, Sujeción o de Segundas oportunidades sigue siendo un gran pendiente que impide que a la Paz urbana se le reduzca el margen de incertidumbre y se convierta en un proceso más proclive a las certezas, y no es un capricho o una leguleyada, para nada, es más, es una necesidad apremiante, porque si no se tienen claros los incentivos judiciales, sociales y económicos sobre los cuales las estructuras armadas pueden dialogar en perspectiva de consensuar el “fin del conflicto”, no se estarían poniendo, si se vale la metáfora futbolística, todas las reglas del juego sobre la cancha.
Entrar a la cancha así implica jugar con candela, porque la paciencia de la contraparte se va agotando, ya que, al manifestar reiteradamente su voluntad, su capacidad de regulación (al menos, así se ha observado en el Valle de Aburrá) y su cohesión en torno a una propuesta de paz, le corresponde al gobierno y al Congreso hacer lo propio, pero parece que a los honorables “Padres de la Patria” les va quedando grande la tarea de priorizar la discusión de un proyecto de ley que esclarezca esas reglas del juego; así, la Paz urbana a casi dos años del gobierno del “Cambio” se va convirtiendo en un simulacro.
Y en un simulacro de lo deseado, con poderosas estructuras armadas en tregua, barrios sin el acecho de vendettas y con los cabecillas manifestando su voluntad de paz, pero a falta de claridad sobre el marco normativo no pasa de ser un mero simulacro, y los simulacros (como los gobiernos) son temporales. Concluido el simulacro llega la dura confrontación con una realidad menos deseada.
Aunque no quisiera caer en el habitual pesimismo de aquellos que piensan que la paz es una quimera, ni más faltaba, la paz siempre será el camino más digno de transitar, pero si resulta necesario hacer los debidos llamados de atención para que la posibilidad de una Paz urbana no se reduzca a un mero simulacro; sin embargo, considero que es algo que el gobierno tiene bastante claro, no me cabe en la cabeza que un gobierno con un ejército de asesores y funcionarios no tenga la suficiente ilustración para saber que sin un marco jurídico apropiado la Paz urbana no llegará a ningún lado. ¿Y dónde está la estrategia?
En principio, la estrategia de impulsar un proyecto de ley de sujeción y sometimiento colectivo no llegó a ningún lado, el cortocircuito entre el exalto comisionado Danilo Rueda y el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, enredó el trámite y lo hundió estrepitosamente sin tan siquiera surtirse un primer debate en la Comisión Primera del Senado; sin duda, el gobierno dejó el proyecto a su suerte, no lo priorizó en su agenda legislativa y de facto lo condenó a una “muerte prematura”. El fracaso fue tan grande que ni se ha pensado en resucitarlo.
Ahora, le corresponde al gobierno impulsar un proyecto de ley de Segundas oportunidades que no fue diseñado en la oficina del senador Iván Cepeda (como sí lo fue la primera versión del proyecto fallido), un proyecto menos ambicioso y que de entrada le “tuerce” el pescuezo a la Ley de Justicia y Paz, y digo que le corresponde al gobierno impulsarlo porque ese es el único proyecto de ley radicado actualmente en el Congreso que plantea un marco normativo para avanzar en los incentivos judiciales en los procesos de Paz urbana.
Lo cierto es que el tiempo apremia, si ese proyecto de ley es el “as bajo la manga” del gobierno, lo que sigue es priorizar y darle celeridad a su trámite (con mensajes de urgencia, sesiones conjuntas, etc.) para que, en el mejor de los escenarios, pueda ser sancionado a mediados de año, y ya convertido en ley, se debe aterrizar en la particularidad de cada proceso de diálogo socio-jurídico, determinando sí los incentivos son los adecuados y sí realmente se puede pensar en dinámicas que conduzcan al “fin del conflicto”.
De lo contrario, lo que sigue en una sucesión de levantamientos de mesa (ya el primer mensaje en ese sentido llegó desde Buenaventura), recriminaciones públicas y mucha tristeza. Con la sensación de que aquel simulacro de lo deseado llegó a su fin y se perdió así una oportunidad histórica. Otro capítulo del eterno retorno en nuestra trágica historia nacional.
