A raíz del asesinato, en el noreste del departamento de Antioquia, de un grupo de soldados del Ejército colombiano, por integrantes del grupo neoparamilitar los Urabeños o Clan del Golfo, el presidente Gustavo Petro ha dado la orden de destruir y erradicar esta herencia de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia de Carlos Castaño que alcanzaron su mayor auge durante los gobiernos de Andrés Pastrana (conservadores) y del derechista Uribe Vélez, que los convirtió en su aliado para ejecutar la guerra contrainsurgente contra el movimiento guerrillero de la resistencia campesina colombiana.
No obstante que el actual gobierno dio apertura a un canal de diálogos y negociaciones con esta estructura organizada por poderosos carteles de la droga, el contrabando y la minería ilegal, en el marco de la estrategia de la Paz total; tal objetivo no logro cuajar por el rechazo de sus cabecillas a la posibilidad de terminar definitivamente con la violencia de poderosos núcleos regionales ligados a las castas locales y territoriales, que en asocio con funcionarios públicos criminales, ejercen un vasto control de la tierra y de las instituciones municipales, departamentales y aeroportuarias, expoliadas mediante la más aberrante corrupción con los recursos públicos.
Los urabeños o Clan del Golfo son un aparato neo paramilitar organizado por poderosos traficantes de droga en asocio con funcionarios públicos que están articulados en las regiones a esas bandas que siguen operando para proteger reconocidos gamonales y dirigentes de las facciones políticas de la ultraderecha ligados a guerras sociales anticomunistas.
Se trata de un neoparamilitarismo remodelado con diversas formas de organización y con franquicias en todos los departamentos de Colombia. Ahí está la Cordillera de Pereira, la Inmaculada de Tuluá, las bandas de Buenaventura, los Flacos del coronel Mira en Cartago, los Puntilleros de Acacias, las hordas asesinas del Choco, las redes sicariales de Montería, Córdoba, Sucre, el Bajo Cauca Antioqueño, las Oficinas de los Sanandreistos de Bogotá, los extorsionadores de las cárceles y una amplia red de pistoleros y asesinos integrantes de una industria organizada para garantizar el poder de los más poderosos clanes de la oligarquía.
Ahí no hay espacio para la paz total.
Es lo que explica la severa determinación del presidente de la república que implica por lo demás una rigurosa depuración de sectores del Estado involucrados con este fenómeno neoparamilitar.
