Si usted se ha preguntado por qué tenemos una justicia tan paquidérmica, de seguro encontrará la respuesta en la Corte Suprema con motivo de la elección de la nueva fiscal general de la nación: Hace ya seis meses que Gustavo Petro puso en manos de sus magistrados la terna correspondiente, pero, hasta el sol de hoy, nanay nanay.
Tal terna fue estudiada en detalle por la Corte, por lo cual supo a tiempo de las altas calidades de las postuladas, del pleno cumplimiento que demostraron de todos los requisitos exigidos para el desempeño de tal dignidad y de que conocían al dedillo la naturaleza del cargo, dada la vinculación de las tres a la rama judicial durante casi toda una vida.
La aprobación que la Corte hizo de la terna fue de conocimiento público, como también lo fueron sus pronunciamientos de rechazo a las objeciones presentadas por la presunta violación de las normas relativas a la equidad de género.
Preguntémonos, entonces: Si los magistrados se toman seis meses para escoger a una funcionaria entre un ramillete de aspirantes de las cuales ya han evidenciado que cuentan con los méritos que son de esperar en un fiscal general de la Nación, ¿por qué nos extraña que debamos esperar hasta desesperar el cumplimiento de sus funciones como administradores de justicia? ¿Con su ejemplo no estarán prohijando cuanto vicio se ha instaurado en la rama judicial y que ha devenido en la suspensión de procesos por vencimiento de términos y en impunidad? Obviamente, no queremos decir que no haya otras razones para haber llegado a tal estado. A ello han contribuido también la falta de recursos, de jueces y juzgados, y si a ello agregamos las actitudes mencionadas, ¡apague y vámonos!
Hoy los magistrados se quejan de estar siendo objeto de presiones indebidas para producir la elección, y aducen como evidencia las movilizaciones del pasado 8 de febrero. Siendo tal elección una de sus obligaciones, ¿no habrá una buena carga de cinismo al rechazar esa exigencia, a sabiendas de que la formula precisamente el constituyente primario, y no resultará peor el que la refuercen con la amenaza de no ceder en su reprochable conducta si se continúa con ella? ¿Representará esto una conminación al movimiento popular? Esperemos que no. Sería tanto como regresar a las oscuras épocas del Estado de Sitio y el Estatuto de seguridad. ¿Vendrá acompañada la advertencia de un alargamiento adicional de su negativa a elegir? Esperemos que tampoco, pues tal advertencia podría derivar, ahora sí, en una real exigencia popular para que se expida la reforma al aparato judicial que tan justificadamente reclamamos desde hace tiempos.
