En Colombia el mero hecho de nacer en alguna de las regiones afectadas por la violencia y el conflicto armado es por sí mismo una maldición.
Como si fueran insuficientes las pérdidas de un ojo, una pierna, un hijo, el esposo, el padre, la tierra, el hogar, el patrimonio, la libertad o la alegría de vivir (casos que por norma general han quedado en la impunidad), luego acecha como parte del postrauma un peligro inminente que genera más miedo y confusión que la misma violencia padecida: la estigmatización judicial y discriminación política que deben cargar y soportar las víctimas, y a los efectos que esa condición genera y que marcara para siempre los días que le quedan por vivir.
A partir del hecho victimizante no solo tienen que adaptarse a la nueva condición de viuda, huérfano, inválido, despojado, exsecuestrado, extorsionado etc., sino también a asumir el pesar, la indiferencia, los señalamientos y a veces el desprecio que en todas sus modalidades y cotidianamente obtienen en lugar del reconocimiento de derechos y la solidaridad social que se supone deberían recibir como ciudadanos integrantes de un estado democrático.
Quizá lo más difícil de asumir para una víctima del conflicto armado colombiano es la macartización o etiqueta política y judicial a que es sometido por cuenta de quien haya sido su victimario. Sí, así como lo digo, el victimario no solo decidió la vida de la familia de la víctima con el hecho de violencia a que los sometió, sino que también los condenó a una tenebrosa discriminación porque desafortunadamente en Colombia la justicia y el gobierno clasifican, categorizan y actúan discriminatoria y preferentemente según sea el victimario y el origen político del hecho.
La anterior injusticia es más evidente y tenebrosa en la actuación política y judicial de la Fiscalía como ente investigador y en algunos casos en la unidad de restitución de tierras de la Presidencia.
La creación y modus operandi de la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, demuestran que nació para establecer una verdad judicial preconcebida que no admite prueba en contrario desconociendo la presunción de inocencia y el análisis y determinación de la responsabilidad individual como principios rectores del derecho penal.
Para cumplir el cometido se inventaron una teoría que arbitrariamente esta funcionando como axioma, y que en términos coloquiales y para que todo el mundo lo entienda puede expresarse mas o menos así: en las regiones donde y durante el tiempo que ejercieron dominio territorial los grupos armados nadie podía hacer política ni empresa ni negocios sin ser aliado de ellos, y todo aquel que no fue su víctima fue su colaborador y por tanto es responsable de por lo menos el delito de concierto para delinquir agravado (en el mejor de los casos, ya que con otra satánica invención jurídica conocida como "plan global criminal" el ciudadano habitante de esas regiones es también responsable de todos los crímenes cometidos por la estructura criminal).
Lo preocupante y más grave de estas actuaciones es que pueden interpretarse como instrumentalización de la justicia con fines políticos e ideológicos, más aún porque hasta el momento solo esta siendo aplicada en zonas donde ejercieron dominio territorial los grupos paramilitares y no donde actuaron hegemónicamente las Farc o el ELN.
La Fundación Defensa de Inocentes tiene documentadas varias de estas injusticias sucedidas especialmente en la zona de Urabá donde con estos criterios todos los ganaderos, bananeros, comerciantes, políticos, servidores públicos y por no decir la inmensa mayoría de los habitantes de la región pueden terminar arbitrariamente presos (porque son considerados por la Fiscalía como potenciales criminales, objetivos penales), y al paso que avanzan las selectivas investigaciones lo recomendable para las autoridades pertinentes sería hacer murallas a la entrada de los municipios de Urabá para adaptarlos como gigantescas cárceles que eviten aumentar el actual problema del hacinamiento carcelario. Ah, olvidaba que ello también puede evitarse con otra invención jurídica: la ruleta rusa, o lo que ahora promocionan en la Fiscalía como la judicialización de los máximos responsables. ¿No será mejor cumplir con el deber de administrar pronta y cumplida justicia sin tantas invenciones jurídicas predeterminadas que deslegitiman la institución porque la convierten en una especie de moderno tribunal de la Santa Inquisición que desconoce e irrespeta los derechos fundamentales de los ciudadanos y las mínimas garantías procesales que debe ofrecer una democracia a sus asociados?
Me parece inaceptable que las víctimas sean revictimizadas y sometidas a una justicia politizada que tira para un solo lado, y donde en algunos casos pesan más los fines ideológicos y los propósitos políticos que los elementos materiales de prueba que siempre deben estudiarse de manera individual en cada caso concreto.
Presidente Fundación Defensa de Inocentes
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