La coyuntura presentada recientemente con la elección de personero distrital de Medellín, en la cual circuló variada información en redes sociales frente a su gestión, modo de vida y asuntos familiares que al final motivaron su renuncia al proceso de elección, obliga a reflexionar: por un lado, frente al ejercicio de la veeduría ciudadana y por el otro, el uso de las redes sociales como tribunales de ética y justicia.
Al amparo del Estado democrático se fomenta la participación ciudadana en los asuntos públicos desde escenarios como las veedurías ciudadanas y se garantiza el derecho a la libertad de expresión. No obstante, en el marco constitucional de derecho, al tiempo se busca proteger el buen nombre, la intimidad y edificar la justicia en el principio de la presunción de inocencia elevado a derecho fundamental del debido proceso.
Hay que decir que el Personero fue vencido en las redes sociales por el tribunal de la opinión pública y no en juicio. Esta sentencia sin duda preocupa, ya que lo sucedido en este caso, que sirve de ejemplo y es reiterado en muchos otros casos en redes sociales, es que no siempre se trata de ciudadanos comprometidos con la verdad que actúan de acuerdo a las reglas que rigen el control ciudadano en Colombia, sino que son patrocinados y construyen narrativas a partir de información a la que atribuyen veracidad. En ese campo de batalla de las redes sociales, actúan como hooligans, dejan de ser ciudadanos responsables para actuar como fanáticos que no les interesa la verdad, sino destruir a la persona.
Es contradictorio predicar que se actúa en ejercicio de un derecho, cuando se desconocen las instituciones que en un Estado de Derecho determinan lo que es la justicia y juzga a quien se aparta de la legalidad. El compromiso y responsabilidad de los ciudadanos es colocar los hechos y las pruebas ante los jueces para sean ellos, investidos de poder, quienes emitan una sentencia frente al comportamiento de una persona. Pero resulta reprochable que se quiera subrogar este poder para acorralar a alguien hasta que tome una decisión solo por la presión ejercida en redes y no, porque se haya comprobado a la luz de un juicio que su comportamiento fuera delictivo.
Lo peligroso de desconocer las instituciones y reemplazar el Estado de Derecho por un Estado de opinión es que desmorona los cimientos en la que se funda la justicia como la presunción de inocencia. Recordemos que bajo un Estado de opinión la multitud pidió a Poncio Pilatos liberar a Barrabas y crucificar a Jesús.
Mas grave, cuando la movilización, el debate y juzgamiento ciudadano se hace a través de redes sociales, que a partir de algoritmos construyen una realidad virtual sumando likes, reacciones y seguidores. El afán ya no es tanto que aflore la verdad a partir de un debate con argumentos razonables, sino generar sentimientos de indignación, rabia o repudio. Es más fácil despertar emociones que poner a pensar. De ahí que la información presentada de manera morbosa sea más vista y seguida que aquella que lleve a la reflexión.
Hay que seguir fomentando y valorando el ejercicio de la veeduría ciudadana, pero aquella que actúa de acuerdo a las reglas previstas para el control ciudadano responsable y serio, que investiga, recopila pruebas y las presenta ante las instituciones creadas por el Estado de Derecho para juzgar la conducta de particulares y servidores públicos. Pero debemos ser críticos con los fanáticos que indagan, recopilan pruebas de manera legal e ilegal para luego publicarlas en redes sociales, exhibiendo a la persona ante la muchedumbre inquisidora que juzga desde las emociones y sentencia sin consideración.
