Hay un poderoso funcionario en el gobierno Petro que ha pasado desapercibido. No solo preside dos instituciones claves, la Central de Inversiones del Estado –una entidad gemela a la Sociedad de Activos Especiales- y la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco que administra bienes inmobiliarios, propiedad del Estado, primordialmente en el complejo del CAN. Por ende, cobra dos jugosos salarios que sumados se acercan a los $50 millones mensuales. Se trata de Nicolás Corso Salamanca.
Por el lado de la Agencia Inmobiliaria se le debe consignar un salario alrededor de los $ 23 millones, y por el CISA devenga un poco más de $ 27 millones. Su poder trasciende más allá de esta gerencia, porque también tiene puesto en la Junta directiva de la Sociedad de Activos Especiales –SAE-. La entidad que manejan los billonarios activos incautados al narcotráfico. La SAE está en cabeza de otro Petrista pura sangre, Daniel Rojas, un economista que hizo parte de la UTL del senador Gustavo Bolívar y en la campaña de Gustavo Petro fue el director programático.
Corso Salamanca es un viejo conocido de Gustavo Petro, militante de la Colombia Humana quien trabajo en la Alcaldía de Bogotá con él. Ocupó un cargo clave como gerente general en Metrovivienda, del que salió con una investigación por parte de la Fiscalía. Las causas fueron las irregularidades en un contrato de alrededor de $ 9.600 millones. El gerente firmó un convenio que tenía por objeto: aunar esfuerzos que conlleva al desarrollo del predio denominado Usme II- Idipron, con el fin de asegurar su destinación para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario, en un plazo de 30 meses. Las casas nunca se construyeron.
La Personería de Bogotá en primera instancia lo inhabilita, en febrero de 2018, por 10 años por otro contrato irregular. Ninguno de los dos procesos prosperó y por tanto pudo asumir su rol de gerente de la Central de Inversiones del Estado.
Petro nombró a dos alfiles suyos, con solvencia técnica en las dos entidades hermanas, en las que estaba seguro obtendría predios para repartir con la reforma agraria y bienes urbanos para impulsar proyectos asociativos populares. Ambos cargos tienen la misma remuneración: $ 27.360.555 millones mensuales
La Central de Inversiones SA-CISA es una entidad adscrita del Ministerio de Hacienda. Su objetivo es administrar y vender las propiedades adquiridas por las entidades públicas, así como también cobrar las deudas a favor del gobierno, bajo el nombre de cobro de cartera.
El CISA es una entidad clave del gobierno por vender bienes incautados por la Sociedad de Activos Especiales-SAE, dicho por el propio presidente cuando realizó el nombramiento de Corso quien debe trabajar de la mano de Daniel Rojas, tanto es así que tiene un puesto en la junta directiva de la entidad-SAE, junto con el abogado Carlos Enrique Campillo, Diana María Bernal y Cristóbal Padilla. A estos tres miembros de junta les tocó asumir el lio de la SAE con las acciones de la Triple A que le significaron una suspensión de tres meses a Daniel Rojas por parte de la Procuradora Margarita Cabello, decisión que finalmente fue reversada.
El segundo poderoso cargo en la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco
A mediados de mayo del año pasado, Nicolás Corso resultó con otro buen cargo. Fue nombrado gerente de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, una entidad creada en el gobierno de Juan Manuel Santos para administrar inicialmente los edificios que conforman el CAN, Centro Administrativo Nacional y que pertenecen a la Policía Nacional, la Escuela Superior de administración pública-ESAP-, la Agencia Nacional de Tierras-ANT, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-Dane, Instituto Colombiano de Bienestar familiar, Ministerio de Defensa, entre otras. Allí también está localizado un importante monumento nacional, la Plaza de los caídos.
En 2011, durante la presidencia de Juan Manuel Santos con el decreto 4184 se buscó transformar el CAN con el propósito de poder intervenir los edificios de manera coordinada desde solo una entidad. Se creó entonces la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano- Virgilio Barco Vargas que luego paso a ser la Agencia Inmobiliaria, la cual depende de la Presidencia de la Republica y se lanzó el proyecto Ciudad CAN. Su patrimonio proviene del Presupuesto General de la Nación, tiene apenas doce años de existencia, y opera como una agencia inmobiliaria es decir su misión es gestionar inmuebles, por ejemplo, comprar lotes o encargar la remodelación o construcción de edificios para la nación.
La Agencia ha gestionado tres grandes proyectos, la ciudad CAN en Bogotá , el traslado de la base naval de Cartagena que no se ha concretado y el reforzamiento de ministerios ubicados en el centro de Bogotá.
Tiene su propia estructura organizativa y en el gobierno de Iván Duque estuvo los cuatro años bajo la dirección de Victoria Eugenia Restrepo, una antioqueña del Centro Democrático que estudió en la Universidad Católica de Oriente con más formación en temas rurales que urbanos, que entregó como una de sus ejecutorias la construcción del Museo de la memoria, una cuestionada obra que aún no se ha concluido, a pesar de haberse ordenado su construcción desde el 2017 como parte de la Ley de Victimas del gobierno Santos y dio para debates en el concejo de Bogotá
El contrato para la construcción del Museo, lo firmó la Agencia Inmobiliaria en el 2020 con la empresa española Obrascon Huarte Lain S.A. (OHLA) es la empresa a cargo de la obra, que ha tenido líos por incumplimientos en Colombia, incluida la obra del aeropuerto del Café que fue suspendida.
María Valencia , la nieta del líder asesinado Jorge Eliecer Gaitan fue nombrada directora del Centro de Memoria del que depende el museo y tendrá que ocuparse de sacar adelante esta emproblemada construcción llena de retrasos.
Victoria Eugenia Restrepo permaneció dos meses más en como directora de la Agencia Inmobiliaria que quedó acéfala hasta que el Presidente nombró a seis meses después a Corso Salamanca en mayo del 2023, cuando ya se desempeñaba como cabeza del CISA.
Ambas entidades la Central de Inversiones del Estado y la Agencia Inmobiliaria comparten la misión de manejar inmuebles del gobierno, las diferencias consisten en que la Anim si puede construir inmuebles, como las sedes de la Fiscalía en las regiones o la construcción de unidades de Policía, mientras el Cisa administra los bienes incautados que le entregan, también puede cobrar deudas a morosos o codeudores. Un ejemplo, El Cisa puede vender lotes en Bolívar o en la Guajira.
Corso Salamanca le responde a dos jefes, por un lado al Ministro de hacienda Ricardo Bonilla quien tiene a un delegado suyo en la Junta Directiva y por el otro a la Presidencia de la República, es decir a Carlos Ramón González, el director del Dapre, pero opera con mucha autonomía y buena remuneración.
