Colombia avanza desde el 2022 en un proceso histórico transicional sin antecedentes a raíz del acceso a la presidencia de la republica de Gustavo Petro, como líder de un poderoso movimiento popular que protagonizó momentos estelares en el “estallido social” de abril del 2021, con episodios cercanos a una insurrección nacional anti oligárquica.
Desde agosto del 2022, Gustavo Petro, como jefe de la Casa de Nariño, ha comprometido su voluntad en llevar adelante una transformación institucional con el fin de sentar las bases de la paz total con justicia social y ambiental. La organización del gobierno y el diseño de su coalición política se han hecho con talento y ecuanimidad para facilitar las reformas y los ajustes acordes al programa de gobierno que sumo el respaldo mayoritario de los colombianos, agotados con el viejo régimen de poder de la ultraderecha uribista representado por el inepto de Ivan Duque.
Petro ha procurado propiciar consensos y acuerdos en los términos que lo han sugerido las correlaciones de fuerza realmente existentes, para de esa manera gestionar las reformas democráticas como la tributaria, la agraria, la jurisdicción agraria, el Acuerdo de Escazú, el presupuesto general del 2023, la paz total y el Plan Nacional de desarrollo “Colombia Potencia mundial de la vida”.
En meses recientes, como jefe de Estado, ha propuesto conformar un gran “Acuerdo nacional” que permita dejar atrás las peores lacras de la seudo democracia liberal excluyente y violenta que ha sido la norma en las anacrónicas instituciones hegemónicas durante casi 200 años.
Han sido 17 meses de ires y venires en que el bloque progresista se ha visto involucrado en una ácida disputa con el bloque reaccionario de la oligarquía que no se ha ahorrado recurso alguno para bloquear, sabotear e impedir el vigor reformista de la actual administración.
En los planes de este bloque obstruccionista siempre ha figurado, en primer lugar, la idea del golpe de estado contra Petro –blando y duro- mediante el recurso del Lawfare o guerra jurídica gestada en los laboratorios del golpismo gringo.
La punta de lanza de esta endemoniada estrategia han sido las más prominentes cabezas del sector judicial y disciplinario entroncados con el uribismo y los clanes mafiosos de Barranquilla. El Fiscal Francisco Barbosa, calificado como cabeza de conspiración por Petro; la Procuradora Margarita Cabello, de la línea del exprocurador Alejandro Ordoñez y Carlos Camargo, jefe de la Defensoría del Pueblo, son el núcleo central del coro del golpismo que acompaña la gran prensa involucrada en la difusión de falsas verdades y en campañas de desinformación y engaño de la ciudadanía respecto del actual gobierno.
De cerquita, pegados a esta nefasta línea desestabilizadora, se mueven de manera sinuosa otros cuerpos judiciales simpatizantes de esta peligrosa guerra jurídica. Nada raro dado los altos niveles de conservadurismo judicial de jueces y magistrados.
En este contexto es que el país entero está a la expectativa de la necesaria e inevitable escogencia, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de una nueva Fiscal General de la nación, para lo que el presidente, en uso de las atribuciones legales, ha presentado una terna conformada por tres distinguidas, intachables y reputadas juristas. Se trata de las doctoras Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo.
Sin embargo, este proceso está siendo afectado por dilaciones y maniobras bastante oscuras en la Corte Suprema de Justicia, en el pasado reconocido claustro del denominado “Cartel de la Toga” que al parecer sigue vivito y coleando. Muy campante en sus trapacerías crematísticas.
El pasado 25 de enero, la Corte estaba citada para escoger la nueva Fiscal, pero no tomaron una decisión al respecto facilitando las temerarias movidas de Barbosa para atornillar en el cargo por otros meses más a su Vice Fiscal, señor Mancera, denunciada por sus vínculos con las mafias del narcotráfico en Cali y Buenaventura, sospechosamente exonerada por subalternos de Barbosa.
Bastante raro que la Corte Suprema, funcionando a plenitud, con sus 23 magistrados, no decida en los términos que lo demanda la sociedad con urgencia. Las tres juristas postuladas ofrecen todas las garantías para limpiar esa entidad de la corrupción e impunidad que la carcome. Tienen conocimiento y experiencia en los procesos judiciales.
Las trampas que estamos viendo en la CSJ hoy, no se dieron en el 2020 cuando estos togados escogieron a Barbosa como Fiscal a la velocidad de la luz, no obstante, los duros cuestionamientos que se hicieron a su mediocre hoja de vida, signada por el oportunismo y la manipulación de las cifras como Consejero de DDHH, de los homicidios de líderes sociales que fueron maquillados para favorecer a su mentor, el ex presidente Ivan Duque.
El movimiento social colombiano, los sectores democráticos de la sociedad civil y el bloque progresista tiene un enorme desafío frente a lo que está ocurriendo con la elección de la nueva Fiscal. Se impone la movilización con plantones en la sede de la Corte Suprema de Justicia desde mañana lunes demandando una definición contundente para dejar atrás el siniestro legado de Barbosa. La Vice Fiscal Mancera es un peligro público para el proceso de transición política democrática que lidera Gustavo Petro.
