Vuela alto Piedad, luchar por la paz te hizo eterna.
Mejor la paz frágil a persistir en el horror.
Después de más de cinco décadas de lucha revolucionaria con pretensiones de fundar un nuevo orden social y político, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -- FARC-- decidieron en 2012 formalizar en Oslo, Noruega, el inicio de unas conversaciones con el Estado colombiano para avanzar en la construcción de una paz definitiva, estable y duradera que superara la cultura de la violencia y la muerte en el país.
Esta organización armada, las más antigua, numerosa y mejor equipada hasta ese momento, llegaba a la mesa de negociación después de sufrir varios reveses militares: el asesinato de Raúl Reyes, hecho ocurrido el primero de marzo de 2008 en un campamento insurgente en Sucumbíos, Ecuador, situación que desató una grave crisis diplomática entre el gobierno de Rafael Correa y el de Álvaro Uribe Vélez. Dos días después sería asesinado Iván Ríos a manos de un infiltrado del ejército nacional en la zona rural del municipio de Aguadas, Caldas. Pocos días antes había sido detenido en Saboyá, Boyacá, el temible Martin Sombra, reconocido como el carcelero de las FARC.
A finales de marzo se conoció acerca de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, el histórico fundador de esa organización insurgente. Y como colofón de estos golpes, el asesinato de Alfonso Cano el cuatro de noviembre de 2011 en Morales, Cauca, a manos del ejército mientras adelantaba contactos para emprender conversaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014)
Aunque al inicio de los diálogos de paz las FARC habían recuperado el accionar militar, esta insurgencia estaba lejos de retomar la iniciativa y de imponer el ritmo a la guerra. Atrás habían quedado aquellas amargas y humillantes derrotas que las FARC le había propiciado a las fuerzas militares durante los gobiernos de Virgilio Barco, César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana, tiempo durante el cual dicha insurgencia adquirió una capacidad operativa no conocida en el desarrollo del conflicto armado interno, lo que la llevó a exhibir una superioridad táctica y estratégica.
Esta ventaja operacional hizo que las FARC llegará a coparle brigadas enteras al ejército en el desarrollo de algunos ataques en diferentes puntos de la geografía y retenerle, asimismo, a decena de militares y convertirlos en prisioneros de guerra. Las hemerotecas y los registros audiovisuales dan buena cuenta de este hecho.
La superioridad militar de las FARC fue notoria hasta el gobierno de Andrés Pastrana, donde al final del mismo empieza a producirse una inflexión dado que este promueve con la ayuda del gobierno de los EEUU el llamado Plan Colombia, instrumento que propicia una importante ayuda militar del coloso del norte y que es presentada a la Nación como una eficaz herramienta para confrontar al narcotráfico. En realidad el Plan Colombia -- después Plan Patriota-- tenía una motivación contrainsurgente pero se presentaba como antinarcótico al uso.
En cualquier caso, sería el deplorable y criminal ataque de Al Qaeda contra las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre de 2001 lo que haría que el Plan Colombia pasara de una política pretendidamente antinarcótica a una contrainsurgente o contra el narcoterrorismo, sobre todo bajo la egida de la seguridad democrática impulsada por Álvaro Uribe Vélez (2002- 2010). Así, la lucha desatada por George Bush hijo contra el terrorismo global adquiere una connotación criolla en contra de lo que el establecimiento llamó el narcoterrorismo de las FARC, toda una cruzada que creó un nacionalismo de tipo antifariano y al mismo tiempo antivemezolano y antichavista.
Con la estrategia del combate al “narcoterrorismo” se buscó deslegitimar y negar las bases subjetivas y objetivas- estructurales que explicaban el porqué de la persistencia del conflicto sociopolítico colombiano. Por aquellos días el uribismo cerrero y atrabiliario que se impuso en Colombia negaba la existencia del conflicto social y político y repetía, en cambio, como un tedioso mantra, que lo que existía en el país era una amenaza narcoterrorista.
Después de varios avatares, el 17 de octubre de 2012 se oficializó la instalación de la Mesa de negociaciones en Oslo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la dirigencia de las FARC. Seis largos meses de trabajo exploratorio en la Habana entre los equipos negociadores de cada una de las partes y teniendo como garantes a los gobiernos de Noruega y Cuba, y los de Venezuela y Chile como acompañantes, había dado como resultado la construcción de una agenda de cinco puntos para discutir y acordar. De este modo, en los fríos fiordos noruegos se hizo pública la hoja de ruta de la paz con los siguientes temas: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, narcotráfico y restitución de cultivos, y derechos de las víctimas.
Instalada y oficializada la mesa en territorio noruego, las conversaciones se trasladaron al caribe, tierra de luchas anticoloniales y legendarios procesos de resistencias. En Haití, por ejemplo, la población negra esclavizada se había levantado contra el colonialismo francés y había creado en 1804 la primera república libre de esclavización de América. Varios siglos antes cientos de negros fugados de los cañaverales y haciendas habían creado en toda el área los palenques y las rochelas.
En Cuba, por su parte, José Martí había enfrentado al colonialismo y al mismo imperialismo. Sandino en Nicaragua haría lo propio. Y otro dato, a principio de 1959, contra todo pronóstico, Cuba con Fidel Castro a la cabeza se abría paso guapachosa y festiva rumbo al socialismo en condiciones adversas. Esa tierra llena de historia, memoria y resistencia acogería desde noviembre de 2012 hasta agosto de 2016 las conversaciones que culminaron con la firma del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
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La negociación no exenta de tropiezos fue cerrando acuerdos sobre cada uno de los puntos definidos, de ahí que a finales de mayo de 2013 se logró el acuerdo parcial sobre la política integral de desarrollo agrario, lo que incluía atender el tema de la democratización del acceso a la tierra y brindar garantías a la población campesina para acceder a créditos, vías, mercadeo, educación y salud rural, lo mismo que atender el catastro multipropósito que dé seguridad a la propiedad del poblador rural.
Abordar lo relativo a la agenda agraria ponía en valor la importancia estratégica que tenía para las FARC esta iniciativa que aparecía en el programa agrario del campesinado que dio origen a esta guerrilla en 1964. Pero no solo esto, con su formulación se daba un paso decisivo para interpretar los anhelos del campesinado colombiano que gestó grandes luchas de la mano de la ANUC- Línea Sincelejo en la década de 1970 y parte de 1980 con el objetivo de acceder a la tierra.
Seis meses después de lo antes enunciado, las partes comunican el 6 de noviembre que lograron un acuerdo relativo al punto de la participación en política. Este punto en concreto buscaba que una vez la guerrilla de las FARC dejase las armas hiciese tránsito a convertirse en un partido político. De aquí surge inicialmente la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -- agosto de 2017-- y después se transforma en el partido político Comunes.
El acuerdo, empero, extiende la democratización del ejercicio político al hecho de que haya un estatuto que garantice ser oposición y que es necesario proscribir la violencia como forma de lograr objetivos políticos. En fin, este apartado en concreto es una decidida apuesta por sacar las armas de la política y construir una sociedad democrática y civilista. Esto supone, de igual forma, una lucha abierta en contra del paramilitarismo y avanzar en la superación de toda forma de genocidio político.
Producto del acuerdo, las otrora FARC como parte de la favorabilidad política obtuvieron una representación de diez curules consistente en cinco escaños en el senado y cinco en la cámara de representante por dos legislaturas, lo que se complementa con 16 circunscripciones Especiales de Paz durante dos periodos y que constituye una forma de reconocimiento a las víctimas y a los territorios que fueron teatro de larvada guerra
Un año había transcurrido desde el logro del acuerdo sobre lo agrario, cuando los negociadores del Estado y las FARC dan a conocer el 16 de mayo de 2014 que las partes han definido sumar esfuerzos para luchar contra el narcotráfico y el globalizado problema de las drogas ilícitas.
Aquí los actores redefinen el marco en donde había estado centrada la lucha contra este flagelo, orientada más en la confrontación securitaria y policial, y atendiendo menos su dimensión de salud pública local, regional, nacional y mundial. Ver este asunto como un tema sanitario y menos geopolítico es un reconocimiento que la política antidroga que se impuso desde fines de 1970 ha entrado en crisis, de ahí que era necesario redefinir las bases de su lucha.
Este trayecto había recorrido la negociación de paz cuando el país se ve abocado a nuevo periodo de elecciones para escoger presidente. Dicho esto, en mayo de 2014 se enfrentan Juan Manuel Santos -- presidente del proceso -- y Óscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo. En la primera vuelta celebrada el 25 de mayo Zuluaga vence a Santos pero es necesario ir a una segunda vuelta el 15 de junio. En la segunda ronda el candidato Santos se impone teniendo como bandera la concreción del proceso de paz.
Para esta fecha las FARC habían declarado varios ceses unilaterales de fuego como una voluntad inequívoca de lograr un acuerdo de paz con el gobierno, pero el resultado material más importante del proceso se produce cuando las partes deciden a principio de marzo de 2015 promover el desminado de algunas zonas del país, una seña clara de querer des-escalar el conflicto y brindar un alivio humanitario a la población no combatiente.
Otro logro importante alcanzado por el proceso sería el alcanzado a finales del mes de septiembre cuando los dignatarios comunican la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instancia que tiene que ver con la justicia transicional para combatientes, militares y terceros que participaron dentro del desarrollo del conflicto.
La JEP, sin equivoco alguno, ha sido una poderosa herramienta para esclarecer la verdad sobre la vorágine de sufrimiento y dolor causada por militares, insurgentes y paramilitares contra la población civil. Lo acordado definió que los miembros de las fuerzas militares y de la insurgencia que confesaran sus delitos y contribuyeran con la verdad recibirían sanción con pérdida de libertad pero esta sería en régimen no carcelario.
Y para completar los logros, los negociadores a mediados de octubre informan que definieron un acuerdo para buscar, ubicar y entregar personas desaparecidas en medio de las operaciones bélicas. A esto hay que sumar la creación de la Comisión de la Verdad, el Registro Único de Víctima, la Unidad para la Reparación de las Víctimas, todo lo cual constituye el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Principio de no Repetición.
Ya en enero de 2016 las FARC y el gobierno de Santos definen que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se vincule a las operaciones de monitoreo y cumplimiento del desarme, así como también al de la supervisión del cese bilateral definitivo al fuego convenido entre las partes. Para blindar el acuerdo los firmantes consideran pertinente que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Paz Estable y Duradera hiciera parte del bloque de constitucionalidad y del derecho internacional humanitario. Después de sacar a los niños y menores del conflicto y pactar el cese bilateral y definitivo del fuego, las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos cierran la negociación y el 26 de septiembre de 2016 firman en Cartagena el primer Acuerdo de Paz con las FARC.
Aquel 26 de septiembre y después de un pertinaz aguacero cientos de personas de distintas partes del mundo se agolparon en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias para conmemorar aquel trascendental hecho. Los asistentes vestían de blanco riguroso y la lluvia había morigerado la brutalidad del calor. Todavía recuerdo el momento en que le correspondió la intervención a Rodrigo Londoño, jefe máximo de la FARC. Apenas había empezado a hablar cuando aviones de la Fuerza Aérea Colombiana cruzaron raudos sobre su cabeza dejando un ensordecedor ruido entre la multitud. La cara de “Timo” daba la impresión de estar bajo un bombardeo y no firmando el Acuerdo Final de Paz.
Aquel sabotaje sería un anticipo de lo que ocurriría con decenas de reincorporados que serían asesinados por su empeño en consolidar la paz traicionada y esquiva. Una semana después de este hecho se somete el Acuerdo Final a la refrendación a través del plebiscito del 2 de octubre de 2016. En los resultados de este se impuso inexplicablemente el no, cuyos impulsores engañaron y confundieron a la población con todo tipo de mentiras, entre las que se resalta que a los reincorporados de las FARC se les daría el dinero de los pensionados, el de los beneficiarios de las familias en acción, a lo que se sumaba que la ideología de género se impondría producto de este acuerdo.
Alentado el uribismo sociológico y político por la victoria del no en el plebiscito, ello obligaría al gobierno y a las FARC a formular un nuevo texto, el cual se aprobaría el 24 de noviembre. Una vez reformulado el acuerdo llamado del Teatro Colón, este sería aprobado en Senado y Cámara de representantes los días 29 y 30 de noviembre de 2016 respectivamente.
El acuerdo Final con todas sus dificultades significó desmovilizar al menos a 13 mil insurgentes y abrirse a la consideración de que la guerra no es un fatalismo, una inexorabilidad, un elemento natural de nuestra existencia como pueblo, sociedad y cultura. La negociación ha significado que a la cultura de la muerte y de la violencia se le puede superponer una cultura de la vida y la negociación.
El presidente Juan Manuel Santos le entregó al país una paz arrugada y poco ambiciosa, pero su intento y el de los insurgentes que decidieron reincorporarse a la civilidad es un gesto loable y que hay que valorar de modo significativo como un paso para construir una sociedad democrática y guiada por el sí conflicto- no violencia de la que en algún momento hablara Fernando Savater. El verdadero alcance del acuerdo de paz logrado con las FARC podrá ser valorado en su real dimensión con el paso del tiempo. Las FARC llegaron a la mesa de negociación golpeadas pero no derrotadas y tenían todavía mucho dinero para durar un largo periodo más en la confrontación. Una prueba evidente: la Segunda Marquetalia y la existencia del Estado Mayor Central.
Volver triza la paz: el objetivo de Iván Duque.
En su retiro el presidente Santos dejó las conversaciones con el ELN en estado embrionario y con los canales de comunicación abiertos. A este le sucede en la presidencia Iván Duque (2018-2022), alfil y fiel representante del ideario de Álvaro Uribe Vélez. En campaña a la presidencia Duque manifestó de modo reiterado que haría añicos el proceso de paz con las FARC si llegaba a la primera magistratura, hecho que fue motivo de vítores entre las huestes del uribismo que aspiraba a reeditar con él un nuevo capítulo de la seguridad democrática y sus nefastos falsos positivos. Ya elegido derrotando al hoy presidente Gustavo Petro en primera y segunda vuelta, clausura las conversaciones con el ELN después de 18 meses de interlocución y se enruta por dilatar o incumplir lo definido en el Acuerdo minimalista del Teatro Colón.
Con Iván Duque el tema de la reforma rural poco desarrollo tuvo. En términos prácticos no hubo mayor entrega de tierras y si la hubo no alcanzó a superar el 3% de las 3 millones de hectárea que es la meta horizonte definida. A su vez, la tierra que se entregó no fue ni es de buena calidad y ello no ha ido a acompañado de crédito, asistencia técnica y otros condicionantes sociológico para hacer exitoso el proceso.
De la misma manera, poco avance se experimentó en lo que tiene que ver con la formalización de la tierra y por esta vía no hay avances en el catastro multipropósito, que sigue siendo una simple buena intención. En lo referido a los Planes Nacionales que apuestan por superar la pobreza en las zonas rurales apenas hubo movimiento y lo que se hizo quedó atrapado en estructuras clientelares y actos de corrupción.
Las iniciativas parlamentarias para integrar y reconocer al campesinado como sujeto de derecho y, por tanto, como parte del ordenamiento jurídico- político del país no fueron aprobadas por un congreso mayoritariamente inmovilista. Durante su mandato muy pocos recursos hubo para implementar la reforma rural y a lo que asistimos fue a un exorbitado presupuesto para el ministerio de defensa mientras el ministerio de agricultura y el Fondo de Tierras contó con escasos recursos para atender sus extendidos compromisos con el campesinado. Mal va un país cuando el ministerio de la guerra supera con creces la inversión en alimentos.
Con el presidente Duque se avivaron los asesinatos de reclamantes de tierra, al punto que las viejas estructuras paramilitares se convirtieron en gran parte del país en temidos ejércitos anti-restitución, no pocos fieles expresión de los violentos intereses de narcotraficantes, ganaderos, terratenientes y políticos de profesión.
El asesinato de firmantes de la paz de las antiguas FARC se hizo hecho común con el silencio cómplice del gobierno y esto alentó a centenas de excombatientes a volver a las armas, lo que derivó en la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central. La situación se volvió más grave como quiera que las promesas de entrega de tierra y proyectos productivos a la población reincorporada no se ha cumplido, lo cual creo un gran desestimulo frente al proceso de paz, hecho que contrasta con las posibilidades de tener seguridad, poder y recursos en el espacio organizativo del rearme.
El entrampamiento en contra de Jesús Santrich e Iván Márquez por parte de la Fiscalía General de la Nación en su día en cabeza de Néstor Humberto Martínez en complicidad con otras instituciones terminó por sembrar muchas más dudas sobre la verdadera voluntad de paz del Estado colombiano. Con Duque volvieron las masacres y la violencia que había mermado con la reincorporación de los combatientes de las FARC se volvió a recrudecer.
Esta situación hizo que el desplazamiento se incrementara hasta llegar a más de 9 millones de afectados y 9 millones de víctimas. Duque salió de la presidencia dejando a un país más empobrecido producto de la pandemia del Covid19 y sumido en una dura realidad en la que 230 excombatientes habían sido asesinados. Las marchas de los jóvenes indignados en gran parte del país mostró con toda crudeza cómo se volvía trizas la frágil paz construida. Producto de estas movilizaciones decenas de jóvenes perdieron la vida, no pocos uno de sus ojos, decenas fueron detenidos y otros desaparecidos y torturados. En esta tragedia vimos el peor rostro de la policía nacional encarnada en el ESMAD.
En materia de lucha contra las drogas, el gobierno del presidente Duque poco interés mostró por darle cumplimiento a lo definido en el acuerdo final. Lo pactado ponía el énfasis en cambiar la estrategia de la lucha, pues se buscaba no perseguir al campesino, el eslabón más frágil de la cadena criminal de la producción de sustancias ilícitas. Con el acuerdo se trataba, en cambio, de poner el acento en quien comercializa la droga, lava los activos y alimenta la acumulación originaria de capitales que genera este lucrativo negocio.
Con Duque no hubo ningún cambio de enfoque como quiera que a los campesinos cultivadores de hoja de coca en el sur de Córdoba, Nariño, Putumayo, Cauca, Norte de Santander y demás se les siguió tratando como delincuentes y se desatendió el cumplimiento de todo lo referido a la sustitución de cultivos y apoyo a sus proyectos productivos. Con esta reedición del uribismo encarnada en Duque, la erradicación manual se puso en cuestión y la amenaza de las ecocidas fumigaciones con glifosato se volvieron a proponer como solución, una realidad que vulnera los frágiles ecosistemas y la vida de la población campesina, indígena y afrodescendiente en zona de producción cocalera.
En materia de justicia transicional y verdad, el presidente Iván Duque no escatimó esfuerzos por prejuiciar, estigmatizar y bloquear el trabajo de la JEP, estrategia con la que coincide el mismo Uribe Vélez y quienes siguen apostando por salida cruentas a la hora de saldar el persistente conflicto que vive el país. Las víctimas siguieron en el abandono y revictimizada de modo oficial por el Estado y la sociedad. Desde el gobierno no se ocultó la animadversión en contra de la Comisión de la Verdad y se aupó la no participación del Estado en hechos asociados a la macrocriminalidad y la violación sistemática a los Derechos Humanos.
La paz con enfoque de género durante el cuatrenio de Duque muestra un déficit enorme. Apenas se le entregó tierra a las mujeres y poco se avanzó en estudiar los casos de cómo fue que operó la violencia sexual contra las mujeres en los territorios en donde coincidieron diferentes actores armados. Tampoco se atendió la violencia en contra de la comunidad LGTBQ+ y menos los casos de feminicidios y los homicidios contra mujeres defensoras de derechos humanos, víctimas y reclamantes de tierra.
Y en eso llegó Gustavo Petro y la Paz Total
El incumplimiento del Acuerdo Final de Paz por parte del Estado ha conducido al mismo a una lamentable crisis y a exacerbar aún más la violencia. Cómo salvar a dicho proceso y superar el malestar de las múltiples violencias fue una preocupación sentida durante el desarrollo de la campaña para escoger al presidente en mayo y junio de 2022.
Si alguien exhibió un notable interés por revitalizar y darle cumplimiento a lo acordado entre las partes en 2016 y buscar una salida negociada con los actores armados existentes, ese fue el hoy presidente Gustavo Petro, quien por cierto demostró un original sentido de Estado y gobierno al hablar de paz. El discurso de la paz que se impuso para ungir como presidente a Juan Manuel Santos en 2014 fue el mismo que se impuso para escoger a Gustavo Petro en 2022.
Fue a este mandato al cual ha respondido el actual mandatario al proponerle al país la llamada Paz Total, que no es otra cosa que la firme, decidida e irrenunciable vocación de negociar con todos aquellos actores armados que durante décadas han causado muerte y sufrimiento a la población a través de múltiples hechos victimizantes. A diferencia de otros intentos de búsqueda de la paz, la diferencia específica que comporta la iniciativa del presidente Petro Urrego es que esta se inscribe en una política de Estado y gobierno que procura hacer parte a la sociedad civil de su construcción a través de los diálogos vinculantes.
Y es lógico y conveniente que se vincule a los territorios a esta propuesta de paz porque son sus comunidades las que han soportado el peso y las consecuencias dramáticas del accionar de los grupos armados. Así, son esos campesinos/as los/as que sufren las masacres y constituye gran parte de esos nueve millones de personas que engulle el desplazamiento forzado y los/as mismos/as que conforman esa multitud de más de nueve millones de víctimas que vive en silencio su drama.
A este cuadro de horror hay que añadir más de 500 mil asesinados, 100 mil desaparecidos y 500 mil exiliados/as, todo lo cual da buena cuenta de que la nación es un buen abrevadero para la muerte y la destrucción, de ahí que el presidente Petro haya definido un cambio de signo promoviendo como slogan Colombia potencia mundial de la vida.
Los actores armados que causan drama y dolor son: el ELN, organización político-militar que opera en diferentes puntos geográficos de Colombia. Con dicha organización en armas nunca ha cuajado ningún proceso de paz, salvo el que gestó la Corriente de Renovación Socialista (CRS), una disidencia de dicha organización que se desmovilizó en abril de 1994. A esta estructura armada se le suma la disidencia de las FARC. Es decir, la que nunca se acogió al acuerdo final suscrito en 2016 y que se hace llamar hoy Estado Mayor Central liderada por Néstor Gregorio Vera -- Iván Mordisco--.
De igual modo, existe la Segunda Marquetalia, estructura que firmó el acuerdo pero se rearmó por el incumplimiento del gobierno. Este sector estuvo liderado por Jesús Santrich e Iván Márquez. Y junto a estos actores armados el Clan del Golfo, las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y cerca de una decena de organizaciones más.
Se considera que al menos 6 mil personas en armas tienen todas estas estructuras, las cuales alimentan indistintamente su dinámica de guerra a través de un amplio portafolio de actividades ilícitas entre las que se cuentan: secuestro, minería, el impuesto revolucionario, la extorsión, el narcotráfico a gran escala, el microtráfico y el tráfico de personas, sobre todo aquellas que buscan migrar.
El diálogo con el ELN ya se encuentra formalizado y hay varios ciclos y rondas de conversaciones. El gobierno concibe a esta organización como una estructura beligerante y busca una salida política para tramitar sus propuestas de cara a la negociación.
Por su lucha histórica, política e ideológica el ELN está planteando un cambio en el modelo de desarrollo económico, social, político y busca hacerlo con la participación de amplios sectores sociales; en el fondo se percibe que se impulsa una experiencia que desborde la tradicional negociación entre el gobierno y una guerrilla armada. Con el EMC, al ser una disidencia de la ex--desmovilizada FARC conserva una base ideológica y política en su accionar, aunque su dinámica de guerra se nutre con recursos provenientes del mundo del gramaje y la producción de estupefacientes, realidad que convive con otras formas ilícitas de captar rentas. En el caso del ELN y el EMC la negociación tendrá un cariz político por la naturaleza de dichas organizaciones. En este momento con una y otra organización se adelantan conversaciones.
La Segunda Marquetalia presenta, igualmente, una importante base ideológica y política y se muestra como una estructura que disputa el poder al establecimiento. En materia de negociación el gobierno debe encontrar un encaje legal realista por cuanto esta organización estuvo como firmante del acuerdo de paz de 2016. Humberto de La Calle llama a ser inflexible con esta organización y sus antiguos compañeros de armas también. Los maximalismos flaco favor le hacen a la búsqueda de una solución efectiva y eficiente a la guerra.
En relación con las bandas criminales --- Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta-- el gobierno del presidente Petro mantiene que se puede sostener negociaciones de paz con dichas organizaciones y sus integrantes pueden acceder a rebajas de pena y no extradición a cambio de entregar laboratorios para producir cocaína, las rutas para exportarla y la riqueza acumulada producto del negocio ilícito; así como también develar los mecanismos de lavado de activo y denunciar a los testaferros.
Estas organizaciones junto a otras tienen un dominio territorial importante y ejercen control social y político basado en la coacción, todo lo cual lo usan para someter la voluntad de las comunidades con la estrecha colaboración de la policía y el ejército. En no pocos casos influyen sobre la política local. Dichas estructuras agreden a líderes sociales contrarios a su accionar y se enfrentan entre si por el control de territorios, poblaciones, rutas para traficar, el microtráfico y la gestión de recursos. Lo que acontece en los departamentos de la Guajira, César y Magdalena entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo es un buen ejemplo de ello.
El poder de desestabilización, violencia y muerte de todos estos grupos es un hecho real y weberianamente el Estado se ha mostrado incapaz de ejercer el imperio de la ley en todo momento y lugar. En este sentido, es necesario apoyar las conversaciones y los diálogos con estas organizaciones. Los diálogos deben apuntar, eso sí, a superar el conflicto armado y mientras esto sucede una solución de fondo es que las conversaciones deben orientarse a garantizar el respeto del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de la población civil en aquellos territorios en donde estos grupos tienen presencia. Como dialogar con todos estos actores supone reconocer interlocutores válidos, entonces es necesario que a dichos grupos se le permita que tengan sus voceros y se les respete esa condición.
La paz Total en este ámbito es dar cumplimiento al traicionado proceso de paz con las antiguas FARC, pero también es buscar una salida negociada con los actores armados que existen en la actualidad. Esta Paz Total privilegia la búsqueda de la afirmación del primado de la vida y la seguridad humana de las poblaciones y los territorios, lo que es una auténtica impugnación y negación de aquella seguridad democrática que exigía cuerpos de humildes jóvenes desempleados a través de los macabros falsos positivos, política criminal agenciada por el terrorismo de Estado que llevó a cabo Álvaro Uribe Vélez.
En los tiempos de la Paz Total es necesario reconocer el papel de la población campesina, de ahí que es loable que dentro de esa construcción se haya reconocido al campesino/a como sujeto de derechos, algo impensable en gobiernos anteriores.
Sin ningún género de duda, solo en el gobierno Colombia Potencia mundial de la Vida se produjo el reconocimiento del campesino/a como miembro de nuestra sociedad. La Paz Total también implica no ofrendarle más vida a la guerra, de ahí que resulta importante reconocer que el actual gobierno ha promovido la aprobación del servicio social para la paz, lo que implica que nuestros jóvenes antes que participar en operaciones de guerra ahora estarán alfabetizando, apoyando a víctimas del conflicto o conservando el patrimonio natural y cultural del país. De la misma manera, dentro de la propuesta de la Paz Total adquiere importancia la creación del Fondo para la Paz, instrumento que debe servir para potenciar la inversión social en los territorios golpeados por las distintas formas de violencia y brindar así vida digna a sus habitantes.
Los esfuerzos de la Paz Total promovidos por el presidente Gustavo Petro hay que apoyarlos sin fisura porque lo único que puede garantizar que Colombia haga tránsito de la barbarie a la civilización es superar el horror y el sufrimiento que la violencia ha ocasionado en el tejido social y cultural de la nación. Así, la Paz Total no es una mera y urgente necesidad, es un imperativo ético, moral y político para afirmar la vida como supremo valor de la existencia y la esperanza como forma de un proyecto común y compartido.
Finalmente, desde el Centro Democrático con gran dosis de cinismo se ha dicho que apoyar la Paz Total es hacerle "apología a la criminalidad". Dudo que esta sensibilidad política tenga la autoridad moral para hablar de criminalidad cuando la JEP ha documentado hasta la saciedad que los falsos positivos fueron una política de Estado y gobierno y que ellos constituyen el nivel superior de degradación al que un mandatario llevó al Estado colombiano. Al Centro Democrático le recordamos que Uribe Vélez fue presidente de Colombia en el periodo más crítico de estos crímenes de guerra y lesa humanidad.
Pueblo para la Paz Total en Santa Marta y el Magdalena.
El capítulo regional de la Paz Total en el Magdalena tiene un apartado especial toda vez que la estructura denominada Autodefensa Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta --- ACSN--- , hija legítima del desmovilizado grupo paramilitar Bloque Resistencia Tayrona e integrante este a su vez de las Autodefensas Unidad de Colombia al mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, ha venido en diálogos exploratorios desde hace meses con la Oficina del Alto Comisionado de Paz con el propósito de definir una hoja de ruta orientada a crear una mesa de diálogo y formalizar así las conversaciones de paz con el Gobierno Nacional.
En esta búsqueda de interlocución con el Estado para los fines antes señalado, las ACSN han buscado los buenos oficios de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPPOEA), así como también de miembros de la iglesia Católica.Ha trascendido de esas exploraciones que este componente armado que tiene presencia en los departamentos de la Guajira, César, Magdalena y Atlántico, es decir, una cobertura inminentemente subregional, ha mostrado disposición de asumir el diálogo y avanzar en una negociación para hacer posible la paz en la zona de las Sierra Nevada, Santa Marta, el Magdalena y aquellos otros territorios en donde tienen presencia.
Un escenario de diálogo, negociación y construcción de Paz Total con las ACSN es necesario porque esta agrupación armada y el Clan del Golfo vienen en una violenta confrontación por la hegemonía territorial, el control de rutas y recursos, lo cual se ha cobrado decenas de vida en Santa Marta y el Magdalena. En lo que va transcurrido del mes de enero, el reporte policial señala que al menos 30 personas han sido asesinadas en Santa Marta, hecho que preocupa a las autoridades civiles, judiciales, a la Policía Metropolitana, a la Policía Departamental y al mismo ejército nacional.
Es evidente y llama la atención que las ACSN se han hecho fuerte en un sector de la Sierra Nevada y a partir de aquí se han extendido a otros departamentos, aunque no deja de causar extrañeza que lo hayan hecho cuando en la cornisa existe un batallón de alta montaña. El poder desestabilizador, violento e intimidador de las ACSN ha quedado demostrado porque en el área de la Troncal del Caribe se han impuesto y se les señala de ser responsables del homicidio del líder social Alejandro Llinás, hecho ocurrido en abril de 2022 en el sector de Calabazo, lugar de absoluto dominio de esa fuerza ilegal.
En zonas aledañas también fue asesinada la lideresa social Maritza Quiroz, Joaquín Trujillo, líder comunal de Quebrada del Sol y también la bióloga Natalia Jiménez y su cónyuge Rodrigo Monsalve. En agosto de 2022 se hizo pública la amenaza de muerte en contra del investigador social Lerber Dimas Vásquez, quien investiga sobre grupos armado ilegales y bandas delincuenciales en el Magdalena. La Red de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales de la Sierra Nevada de Santa Marta (Redhal- SN) difundió un comunicado en donde señala que las amenazas y el plan para asesinar a Dimas Vásquez provenía de los herederos de Hernán Giraldo, quien fuera jefe paramilitar del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC. Del entorno de Fuerza Ciudadana y el saliente gobernador del Magdalena – Carlos Caicedo-- se ha denunciado a las ACSN de actuar en su contra, hecho que ha desmentido este grupo armado ilegal.
El gobierno del presidente Gustavo Petro anuncio que llevará a cabo conversaciones con las ACSN en el marco de la Paz Total. Esta decisión se impulsa con el objetivo de promover una negociación y un acuerdo entre las partes que ponga fin a las diversas formas de violencia que se expresan en los territorios en donde opera esta estructura armada al margen de la ley. La medida se toma después de varios meses de estudio y análisis del comportamiento de las ACSN relativo a una voluntad de diálogo de paz, razón por la cual el ejecutivo ha considerado oportuno propiciar un encuentro entre el alto gobierno y esa organización armada para el día 29 de enero en el corregimiento de Guachaca, zona rural del distrito de Santa Marta.
Este encuentro es impulsado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y cuenta con delegados de la MAPP- OEA, ONU, la Defensoría del Pueblo y con observadores de la Embajada de Irlanda, quienes serán los garantes de este conclave que debe definir la hoja de ruta que conduzca a la paz y la convivencia en la región. Resulta estimulante esta iniciativa porque la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC liderado por Hernán Giraldo no implicó que las comunidades campesinas, indígenas y demás sectores sociales pudiesen vivir tranquilas. La desmovilización de Giraldo muy pronto dio origen a grupos de paramilitares rearmados que se agruparon en los llamados Pachencas, entonces liderados por Jesús María Aguirre -- alias Chucho Pachencas-. Las ACSN, recordamos, en su momento se les llamó los Pachencas.
Ahora es necesario que el gobierno del presidente Petro expida los decretos que suspendan las operaciones contra este grupo ilegal y que proteja a la sociedad civil de sus posibles abusos e intimidaciones. Especial atención se debe prestar, de igual modo, al enfrentamiento que esta organización ilegal tiene con el Clan del Golfo, hecho que ha dejado decenas de muertos y ha creado una situación de zozobra y miedo. En cualquier caso, el acuerdo debemos saludarlo porque puede contribuir a rebajar los índices de criminalidad en Santa Marta y el Magdalena.
En Santa Marta, en concreto, existe una tensión y polarización añadida derivada del no reconocimiento de los resultados electorales ---del 29 de octubre pasado --que dieron como ganador en el preconteo y los escrutinios a Jorge Agudelo; sin embargo quien ha terminado siendo alcalde es Carlos Pinedo Cuello. De sobra es conocido que el ahora alcalde tuvo como uno de sus principales asesores a Miguel Martínez Olano, recientemente concejal electo de Santa Marta y quién fuera asesor de las ACSN. Otro asesor de esta organización y cercano a Pinedo Cuello es Alex Fernández Harding, quien estuvo como candidato a la asamblea y desistió después que Hernán Giraldo saliera a brindarle su apoyo. A este hecho hay que agregar que, en la zona de influencia de las ACSN, Pinedo obtuvo una importante votación.
Dado estos hechos, altamente conveniente resulta que en la disputa por la alcaldía de Santa Marta, el gobierno exija a las ACSN que no entren a tomar partido en la misma y menos con el poder de las armas en defensa de Pinedo Cuello. Tal y como está la situación ella debe dirimirse en las instancias legales y judiciales. Y si hay pulso político y organizativo entre las partes, que impere la palabra y las razones.
Apoyar el diálogo y la negociación con las ACSN es necesario y los diversos sectores de la sociedad civil que han sufrido el accionar de este grupo ilegal deben hacer parte activa en su condición de víctimas. Estas deben ser escuchadas y tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En la región, de prosperar el diálogo y la negociación, se requiere saber de los vínculos de las ACSN con el narcotráfico, y de ellas con los políticos, los sectores económicos y los estamentos policiales y militares de la zona.
De momento saludamos este diálogo con las ACSN, el cual se adelantará en el contexto de la Paz Total. Desde aquí es necesario que indígenas, sindicatos, jóvenes, ambientalistas, afrodescendientes, docentes y universidades se vinculen a este importante reto. En síntesis, pueblo para la Paz Total en el Magdalena. La paz en Santa Marta y el Magdalena es asunto de todos y todas.
Mientras cierro estas líneas recuerdo a Piedad Córdoba, un ser incombustible y singular cuando se trató de buscar la paz y la reconciliación entre los colombianos y colombianas. Todo honor y toda gloria a este ser inigualable que a pesar de las humillaciones y ultraje supo qué lugar le correspondía cuando se trataba de apostar por el diálogo y la negociación. Vuela alto y que tu palabra cómplice con la paz nos guie de modo eterno por ese camino que nos señalaste.
