En pleno florecimiento de la “confianza inversionista” y fungiendo como contralor general de la República, 2002–2006, Antonio Hernández Gamarra, no se hicieron esperar, por parte del Gobierno, “propuestas indecentes” enderezadas a enajenar bienes del Estado en condiciones lesivas para el país.
Básteme citar casos documentados en los cuales la intervención oportuna, autónoma y legal de la Contraloría General de la República, fue categórica para evitar que se consumara un “deterioro patrimonial a la nación” derivado de la venta de empresas del Estado a precios por debajo de los del mercado, prorroga de contrato o rebaja de regalías, entre otras gabelas, que la confianza inversionista ofrecía a cuatro manos al capital internacional.
Uno de tales casos que traigo a memoria, es el de Telecom, cuya Junta Directiva, en ataque de delirante confianza inversionista, ofreció a un solo postor, y no el mejor, en condiciones que hacían por demás gravoso para el interés nacional la enajenación de dicha empresa estatal.
Celoso guardián de la heredad de lo público por principio ético y sin la escandola mediática previa a la medida a tomar, procedió el contralor Hernández Gamarra a advertir al Gobierno y a la Junta Directiva de Telecom, que cuanto se proponían hacer no era legal ni transparente ni responsable socialmente.
Ni iba en la dirección de preservar los intereses superiores de la nación, razón por demás válida para obrar en consecuencia y proceder a hacer valer su función de contralor general de la República y aplicar la ley con todo el rigor y en derecho, para preservarlos y salvaguardarlos del zarpazo que se fraguaba.
No obstante el talante autoritario imperante en el Gobierno, se impuso el juicio recto, honrado y en derecho, y se acató la advertencia del contralor general de la República, de no obrar en contra del interés superior de la nación, que era cuanto se perseguía dolosamente con aquella enajenación de un bien público.
El otro caso, muy ilustrativo del arrobamiento que producía en el poder la confianza inversionista y el afán de feriarlo todo en aras de satisfacerla hasta el éxtasis, fue el de proponer el Gobierno y Ecopetrol entregarle el gas de la Guajira a la Texas Petroleum Company, rebajarle las regalías por su explotación y prorrogarle al inversionista la concesión por veinte años.
Otra vez, y como se lo imponía el deber ser de su cargo, es el contralor Hernández Gamarra quien prevalido de su competencia, funciones y principios éticos, pone en alerta y previene acerca del daño que se le va a causar a la nación, tanto en su patrimonio económico como moral e institucional, si llegare a pactarse un menor precio del gas, rebajar las regalías y prorrogar, en condiciones desventajosas a las vigentes para la fecha, el contrato de concesión a la Texas Petroleum Company.
Reacios a oír y atender la advertencia de la Contraloría General de la República, Gobierno y Ecopetrol recurren al Consejo de Estado para que fuera esta instancia la que determinara si, al rebajar las regalías y prorrogar con desventajas para la nación el contrato vigente con la Texas Petroleum Company, se incurría en la grave falta de detrimento patrimonial que advertía severamente el organismo de control.
De nuevo, la razón legal está de parte del interés colectivo y el patrimonio público invocados por quien tenía como misión suprema su control, vigilancia, destinación y buen uso. Y de nuevo, hay que decirlo, los promotores de la confianza inversionista obligados a acatar el perentorio aviso de abstenerse de “regalar” los bienes del Estado.
De más que no, si cuanto pregona ese credo es eso: “transparencia entre los inversionistas y el Estado, en los contratos, en la solución de disputas, en la tributación”, solo que su aplicación no resulta nunca literal para lo público ni ajustada a cuanto predica.
Llegados al afán de la confianza inversionista, era Santos, de vender Isagén, quede notificado el doctor Edgardo Maya Villazón, contralor general de la República que, de la misma manera como lo hizo Antonio Hernández Gamarra en su función, algo debe hacer él para evitar el riesgo patrimonial y la ocurrencia de daños fiscales que la venta de este activo publico altamente rentable y estratégico cuyo valor, en vez de incrementarse con la entrada en funcionamiento de Hidrosogamoso, se ha reducido en su valor.
Un control de advertencia al Gobierno, Ministerio de Hacienda y Minas, potestativo del contralor general de la República, de no haber sido recientemente declarada inexequible por la Corte Constitucional esa función, habría sido el mecanismo idóneo para impedir que Isagén, cuyas utilidades alcanzan los 400.000 millones de pesos anuales entrara, sin comprar boleto, en el bazar de las gangas a la confianza inversionista.
Doctor Maya Villazón, si aún queda algún recurso y las herramientas legales que lo permitan, eche mano de ellas para salvaguardar a la nación del detrimento patrimonial que le ocasionará la venta de Isagén.
¡Adelante!
Poeta
@CristoGarcíaTap
