El 9 de abril de 1948 fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, líder popular de las multitudes, se le consideraba una amenaza para los intereses de las oligarquías colombianas, liberales y conservadoras. Su muerte, produjo una inmensa ira popular concretada en el llamado “Bogotazo”, comentada entre otros por el historiador Arturo Alape, significó el inicio de la violencia en Colombia y las luchas sociales contra el poder despótico y abusivo del Estado. Por lo anterior como homenaje a Jorge Eliécer Gaitán se escoge esta fecha para realizar la gran movilización ciudadana y popular en defensa de la Paz de Colombia.
La Minga Nariñense por la Paz, ratifica su compromiso de contribuir decididamente con los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, exigiendo al gobierno nacional el cese bilateral al fuego, que ayudará a sosegar la guerra en nuestro país, como correspondencia del estado a lo decidido por la FARC-EP. Como respuesta, el Estado colombiano adelanta continuas ofensivas militares no solo contra todas las insurgencias, sino también contra los movimientos populares y los sectores que se han expresado abiertamente en favor de la paz con justicia social. Se continua con bombardeos y combates por iniciativa de las fuerzas armadas oficiales, se amenaza abiertamente contra dirigentes sociales y políticos, se comete asesinatos de líderes populares, todo en favor de poner en riesgo el cese unilateral al fuego, inclusive la continuidad de los diálogos en La Habana, que son dirigidos y amenazados por sectores reaccionarios de la derecha colombiana. Los movimientos sociales y populares aglutinados en la minga nariñense por la paz, exigimos al gobierno nacional la inmediata declaratoria del cese bilateral al fuego y el acuerdo inmediato del desminado que deberá incluirse al departamento de Nariño, para posibilitar un mejor camino conducente a sentar bases concretas en favor de una verdadera Paz, que instaure la justicia social, anhelada por los colombianos.
Paz con justicia social.
Las organizaciones sociales y populares venimos exigiendo una Paz duradera en nuestro país, que permita hacer política sin que asesinen a nuestros líderes, y sin que se entregue la soberanía de nuestro país a los organismos multilaterales y al gran capital extranjero.
La solución política al conflicto social y armado, es el anhelo y la esperanza de los colombianos y colombianas. La construcción de una paz duradera será la que se le brinde a la sociedad, mediante la implementación de verdaderas trasformaciones y cambios estructurales de carácter político y social, que la nación y el país espera.
Plan Nacional de Desarrollo-PND.
El actual Plan Nacional de Desarrollo presentado ante el Congreso por el gobierno nacional, plantea y representa los mandatos e intereses de organismos internacionales liderados por el Banco Mundial-BM, y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico-OCDE, que enfatizan enormes inversiones destinadas a favorecer la gran minería extractiva, el apoyo a los mega negocios con las transnacionales, y prioriza la inversión en monumentales obras de infraestructura vial. El gobierno de Santos impulsa y avala esas políticas neoliberales, todo en favor del capital extranjero y los ricos de este país, entre otras posibilidades, a través de las llamadas “asociaciones público privadas-APP”.
El PND invierte más de 17 billones de pesos para las fuerzas militares y de policía, y una pírrica cantidad para la paz de este país. Reduce además en 19 billones el presupuesto para los 4 años de gobierno, significando con esto una reducción considerable en recursos para salud, la educación, y en general, para solucionar las necesidades básicas de los sectores populares.
Plan de ordenamiento territorial-POT.
En nuestra ciudad capital, el gobierno municipal aumentó descaradamente el impuesto predial, valorización e industria y comercio, causando graves perjuicios económicos a familias de los extractos 1, 2 y 3. El movimiento cívico conocido como “El Predialazo”, la Minga Nariñense por la Paz, y voceros de los sectores populares, orientan la defensa de nuestra dignidad, sugiriendo pagar esos tributos en el mes de diciembre del presente año.
Manifestamos nuestro rechazo por el gasto inadecuado, representado en cerca de tres mil millones de pesos, pagados por la elaboración del POT municipal de Pasto, a una firma extraña a nuestro medio que ni siquiera conocían nuestra ciudad , que al decir de técnicos en la materia, constituye un gasto inoportuno y erróneo de los dineros públicos. Además, su presentación demuestra que es un documento que no tiene sustentación social valedera, pues la concertación y análisis necesario de las organizaciones sociales, brilla por su ausencia. La participación de sectores sociales y populares, quienes en un “cabildo abierto sobre el POT”, demostraron que su elaboración no reunía los mínimos requisitos exigidos por la Ley, determinó además, que la participación de la comunidad no fue tenida en cuenta para su formulación, validación y a un más no se hizo la consulta previa con las comunidades indígenas.
La Minga Nariñense por la Paz, condena las agresiones recurrentes en contra de la movilización y la libre expresión de estudiantes de la Universidad de Nariño. Reiteramos nuestra exigencia de que el cuartel de la Policía Metropolitana de Pasto, traslade sus instalaciones a un lugar donde sirva realmente para vigilar y controlar la delincuencia que azota los sectores más desprotegidos de la ciudad. Exigimos así mismo, la inmediata libertad del compañero Andrés Chaucanes Pantoja, detenido por agentes de la Metropolitana.
Apoyamos las actuales luchas de los sectores estatales en conflicto. Apoyamos al magisterio de Nariño; al sector de la salud; a los campesinos y sus organizaciones, en especial a los de la cordillera occidental, que luchan por erradicar los cultivos ilícitos, buscando sustituirlos por cultivos que les permitan vivir de manera digna, entre otros aspectos, con cultivos lícitos subsidiados por el gobierno nacional.
Llamamos a la movilización popular en favor del proceso de Paz y los logros hasta ahora obtenidos, en beneficio de construir un camino cierto y valedero, que reivindique los derechos sociales y el cambio con transformaciones estructurales esperadas por cientos de años por los colombianos. La solución política al conflicto social y armado hacen parte delos anhelos de las mayorías nacionales, Es nuestro deber construirla y propiciarla con el aporte de toda la sociedad a lo largo y ancho de nuestra patria.
