2024: bienvenidos al futuro. ¡Es el año del Congreso!

De cara al 2024 el Congreso estrenará la reforma constitucional que acortó el receso legislativo y fijó el inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias a partir del 16 de febrero. El Congreso se adentra al 2024 con la certeza de que será un año decisivo para la agenda reformista que viene impulsando el presidente; así, se podrá determinar si la coalición gobiernista se sigue configurando a partir de mayorías circunstanciales -con congresistas al detal-, o si se desmorona dejando la promesa del “Cambio” en cuidados intensivos.

El 2023 cerró con un periodo de sesiones que se caracterizó por un protagonismo casi dramático en la discusión de la reforma a la salud. En efecto, la aprobación de esta reforma, tanto en Comisión Séptima como en plenaria de Cámara de Representantes, se devoró toda la atención mediática y amplios espacios de la discusión pública, lo que llevó a que buena parte de la agenda legislativa, ya fuera de iniciativa del Gobierno o congresional, pasara a un segundo o tercer plano.

La reforma de 133 artículos pasa con vida al Senado, pero allí tendrá una verdadera prueba de fuego, pues para nadie es un secreto que el Senado, mucho más que la Cámara, es un escenario proclive a la voracidad de aquellos lobistas que tramitan con profesionalismo los intereses de sectores empresariales o gremiales, a lo que se agrega, para amargura del Gobierno y para delicias de la oposición, que Iván Name -presidente del Senado hasta el 20 de Julio- se perciba como un operador político más preocupado por gestionar sus propios intereses que por la agenda reformista del Gobierno. 

Ahora bien, el 2024 también será clave para determinar el futuro de la agenda legislativa en otros frentes, porque la expectativa del “Cambio” no solo se reduce a la triada que se integra en el paquete social (salud, pensional y laboral); también existe una expectativa bastante legítima sobre otros frentes de acción que, a muy corto o mediano plazo, demandarán de escenarios de concertación o movilización. Conllevando a la siguiente pregunta: ¿En el 2024 la movilización social será un factor clave para dinamizar la agenda legislativa del Gobierno?

En la siguiente tabla se pueden apreciar los proyectos de ley priorizados por el Gobierno para el 2024 (entre el 16 de febrero y el 20 de junio, y entre el 20 de julio y el 16 de diciembre), así como la Comisión en la cual se deberán surtir los primeros debates (lo que también implica configurar o preservar mayorías efectivas con aliados estratégicos), y su actual estado de cara a la apertura del siguiente periodo de sesiones ordinarias.

Fuente: elaboración propia

Varias conclusiones.

Primero. La agenda legislativa también debe establecer un criterio de priorización temporal; es decir, proyectos de ley que se deben aprobar con premura porque resultan siendo el marco normativo de ciertas políticas críticas. El ejemplo más evidente se encuentra en el proyecto de ley de Segundas oportunidades (de iniciativa congresional) que busca dotar de una base jurídica autónoma los espacios de dialogo socio-jurídico de la paz urbana. Esto resulta siendo una urgencia de primer nivel tras la reciente decisión de la Corte Constitucional en relación a la ley de paz total.

Segundo. Los proyectos de ley que no han sido radicados, tales como la reforma a la Ley 30, la reforma a los servicios públicos o la reforma al código minero, deben agotar los espacios de socialización, tampoco resulta estratégico caer en el “purismo” según el cual los proyectos se deben socializar exhaustivamente con todos los sectores antes de su aterrizaje en el Congreso, para ello, el mismo trámite legislativo ofrece dispositivos de retroalimentación como audiencias o foros, los congresistas también deben hacer lo propio y contribuir con la socialización o la respectiva modificación. Lo importante, para avanzar con la agenda, es radicar los proyectos.

Tercero. Los proyectos en fase de diseño deben precisar su naturaleza y su alcance, ya sea que se vayan a radicar como reformas constitucionales o como proyectos de ley. Esta inquietud me asiste en relación a la reforma a la justicia, aunque todavía es prematuro para determinar sus alcances, pues la comisión para su diseño empezará a funcionar el 15 de enero, estoy seguro de que será una reforma constitucional. Esto es clave para fijar el mejor momento para su radicación. No deja de resultar curioso que el Gobierno haya dejado de lado el proyecto de reforma política. A este punto ya es claro que no fue.

Las expectativas son altas y el pulso ya está sobre la mesa. Se vendrá un año agitado en la relación entre el presidente y el Congreso, a su vez, también sabremos si la coalición de gobierno se recompone o sigue operando desde la fragilidad de las mayorías circunstanciales. No me cabe la menor duda de que ya se acabó aquella idílica “luna de miel” que caracterizó las primeras de cambio y que en ese matrimonio por conveniencia cada vez se profundiza más el pragmatismo del segundo año, que, en este caso, será el año de un Congreso sin mayorías para el gobierno.  

Como diría un expresidente que esperemos este año sea defenestrado de la presidencia de un partido tradicional (ojalá así sea): ¡Bienvenidos al futuro!

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