En recientes semanas el destino se ha encargado de desencadenar eventos decisivos que de manera inequívoca nos exhortan como Nación a intensificar la lucha por la legalización.
1º. El escándalo en el que se vieron involucrados una serie de agentes de la DEA, quienes participaron en tremendas parrandas con prostitutas colombianas, promovidas y organizadas por narcotraficantes, demuestra el rotundo fracaso de la guerra internacional contra las drogas. En adición a lo que significa la descarada alianza entre agencias policivas y perseguidos, en este caso la DEA y los narcotraficantes colombianos, respectivamente, no tiene presentación alguna que los miles de millones de dólares que aportamos los contribuyentes del mundo para sostener la burocracia que requiere la guerra contra las drogas sean utilizados para que los gringos vengan a parrandear con prostitutas colombianas en Cartagena. Cada día que pasa es más claro que la guerra contra las drogas no atiende a fines altruistas de la comunidad y del Estado, sino a distintos intereses económicos de quienes de alguna forma u otra se benefician o hacen parte de los aparatos locales e internacionales que combaten el tráfico ilegal de estupefacientes.
2º. El anuncio de la visita del Papa Francisco a Sudamérica en 2016 es también una manifestación divina de la necesidad de replantear la estrategia mundial en la lucha contra las drogas. El sumo pontífice, quien recientemente manifestó su preocupación por la "mexicanización" de su natal Argentina, ha sido un faro de valores liberales desde la más conservadora de las instituciones: la Iglesia Católica. En el fondo, el Papa está convencido de que la prohibición solo ha traído muerte, sufrimiento y dolor para el pueblo latinoamericano, y que replantear la lucha contra las drogas es un imperativo de la comunidad internacional que no debe guardar espera.
3º. La clasificación del glifosato como sustancia potencialmente cancerígena por parte de la Organización Mundial de la Salud no puede ser una señal más alarmante para detener de una vez por todas la erradicación de los cultivos de coca en territorio colombiano. No solo debemos soportar las miles de muertes anuales que supone el conflicto armado, cuya gasolina es el dinero del narcotráfico, sino que también debemos permitir el envenenamiento sistemático de nuestras montañas y llanuras por mandato del gobierno americano. No conozco civilización alguna en la historia de la humanidad a la que se le hubiera podido ocurrir la estúpida e ilógica idea de arruinar su más valioso tesoro: ¡su tierra!
4. Finalmente, la muerte de Carlos Gaviria Díaz, exmagistrado, profesor, líder de izquierda y mente absolutamente brillante, también es un llamado para que como Nación seamos conscientes de lo inconstitucional, irracional e injustificado que resulta la guerra contra las drogas. Basta con leer el siguiente aparte de la Sentencia C-221 de 1994, de la cual Gaviria es magistrado ponente, a través de la cual la Corte Constitucional atinadamente puso un límite al desmedido poder del Estado frente a los derechos inalienables del consumidor: “Solo las conductas que interfieran con la órbita de la libertad y los intereses ajenos, pueden ser jurídicamente exigibles. No se compadece con nuestro ordenamiento básico la tipificación, como delictiva, de una conducta que, en sí misma, solo incumbe a quien la observa y, en consecuencia, está sustraída a la forma de control normativo que llamamos derecho y más aún a un sistema jurídico respetuoso de la libertad y de la dignidad humana, como sin duda, lo es el nuestro”.
No más aguas tibias en este debate por favor. Por una Colombia moderna y liberal: ¡BASTA DE PROHIBICIÓN!
