Se concretó la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), luego de que el Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenara el martes 5 de diciembre su excarcelación, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispuso lo contrario el año pasado y repitió su pedido el mismo martes en la noche.
A través de una resolución firmada el martes 5 de diciembre de 2023, tres de los actuales seis miembros del TC indicaron que “el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde estaba recluido)" dispusieran la inmediata liberación de Fujimori.
El presidente del máximo tribunal, Francisco Morales, firmó ese documento, que estableció la liberación de Fujimori, la cual se concretó este miércoles 6 de diciembre 2023.
Mientras se esperaba la liberación, la Corte IDH publicó una resolución en la que instó al Estado de Perú a "garantizar el derecho de acceso a la Justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta" y pidió que se abstuviera "de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú".
El indulto a Fujimori
Su caso marcó un precedente al convertirse en el primer expresidente de Latinoamérica en ser condenado por crímenes contra derechos humanos.
Fue en marzo de 2009, después de 15 meses de juicio en Lima, que el exmandatario de Perú fue condenado a 25 años de prisión por el Tribunal Supremo, por violaciones a los DD. HH. cometidas por escuadrones de la muerte vinculados al Gobierno, en particular, en el marco de la lucha de las fuerzas estatales contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, durante los años 1990.
Con 70 años y una condena que le haría pasar los últimos años de su vida tras las rejas, Fujimori fue hallado culpable de cuatro cargos relacionados con masacres que dejaron 25 muertos y los secuestros de un periodista y un empresario, durante su mandato.
El exmandatario peruano defendió su nombre y se declaró inocente. Dijo que no tenía conocimiento de lo que hacían los escuadrones paramilitares y que estas actividades se habían realizado sin que él se hubiera enterado.
El caso Alberto Fujimori: un proceso judicial con muchos giros
Como salvación para Fujimori, y en plenas vísperas navideñas de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) decidió otorgarle un indulto humanitario, una acción que no logró ejecutarse por completo, pues para marzo del siguiente año se revelaron unos audios que comprometieron a congresistas fujimoristas y del Ejecutivo sobre la compra de votos para evitar un pedido de destitución de Kuczynski. En medio del escándalo, el indulto no se ejecutó y fue anulado por la Corte Suprema.
En mayo de 2018, la CIDH también pidió al Estado peruano garantizar la administración de Justicia de las víctimas de los casos Barrios Alto y La Cantuta, por los que el expresidente Fujimori fue condenado.
Con este revés judicial, los abogados de Fujimori decidieron presentar un habeas corpus en búsqueda de la liberación de su cliente. Pasó el tiempo en torno al caso y llegó a instancias del Tribunal Constitucional de Perú.
Para marzo 17 de 2022, el TC reconoció el habeas corpus de Alberto Fujimori y con esto, reactivó el indulto otorgado por el presidente PPK, aunque luego quedara bajo suspenso, por pedido de la Corte IDH.
Y precisamente este movimiento de la CIDH mantuvo sin cambios el escenario para Fujimori mientras ya superaba los 13 años tras las rejas, hasta el giro que se dio el pasado 29 de noviembre, cuando el Tribunal Constitucional (TC) reactivó el caso para que el expresidente fuera liberado.
Tres días después, un juez regional, Vicente Fernández, a cargo del caso, declaró improcedente la ejecución de la sentencia del TC del 17 de marzo del 2022, que restablecía el indulto a favor de Fujimori, argumentando que no tenía la competencia para ejecutar esta decisión, seguidamente devolvió el caso al TC y este confirmó el martes 5 de diciembre la orden de liberación de Alberto Fujimori.
Reacciones a la liberación de Fujimori
Partidos políticos y entidades internacionales se han manifestado sobre la orden de liberación del TC. César Muñoz, de la organización Human Rights Watch, denunció en su cuenta de X que el Tribunal Constitucional de Perú no hizo el debido llamado a dos magistrados para tomar la decisión final.
Entretanto, César Ochoa, uno de los jueces del TC, habló del funcionamiento del Tribunal respecto a temas delicados como este. En entrevista con el medio Epicentro dijo que la agenda de la entidad está abierta al público.
"En el Perú no estamos en una democracia"
Desde que el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Fujimori algunos expertos en materia jurídica han cuestionado su decisión, luego de que este hubiera decido no escuchar los pedidos de la Corte IDH para no liberar al exmandatario condenado.
En entrevista con France 24, Luciano López, analista político y profesor de facultad de derecho de la PUCP de Perú, opinó que la decisión del TC es cuestionable. “Yo veo que es más una decisión política que algo que se solvente o se sostiene jurídicamente, porque en realidad que un órgano nacional como el Tribunal Constitucional trate de decirle a un órgano internacional 'tú no eres competente', es algo que no tiene mucha lógica jurídica".
Por su parte, Vlado Castañeda, experto en políticas públicas, entrevistado en el medio NTN24, dijo que "hay que tener en cuenta" la repercusión que pueda tener la "imagen (de Perú) a escala internacional. Con esto nos ponemos a nivel de Nicaragua y Venezuela, que han desacatado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto genera un 'descalabramiento' de todo el sistema constitucional".
Y por su parte, María Ysabel Cedano, defensora de derechos humanos expresó que la liberación de Fujimori "es lamentable" y que "no hay seguridad jurídica, no hay garantía judicial, aquí hay un trasfondo, estamos viendo a una fiscal de la nación y congresistas vinculados en decisiones que afectan al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a la Junta Nacional de Justicia. En el Perú no estamos en una democracia".02:56
