El presidente de la República Gustavo Petro ha sido sometido insistentemente a una lluvia de comentarios negativos y en muchos casos utilizando fake news por sus contradictores políticos a los que venció en las urnas y algunos medios de información, lo que podríamos llamar un abuso con los datos. El presidente se defiende y ha demostrado ser un demócrata respetuoso de la Constitución Política, la ley que acoge la sana crítica.
Los datos son un componente esencial de la informática una ciencia de la tecnología que posibilita el tratamiento racional y automático de la información que se recopila, organiza y almacena en los computadores y que se transporta en BIT (unidad de información electrónica que define el mundo digital) vía el internet. Con los datos se crean las grandes bases de datos llamadas Big Data y su manipulación permite conocer los perfiles de las personas, influir en sus preferencias, elaborar tendencias de opinión y de mercados.
Nadie discute en el mundo sobre la propiedad de los datos como un activo exclusivo de los consumidores, usuarios y actores en la red. Tampoco sobre las reglas en el uso de los datos que se haga en las redes sociales (páginas web o aplicaciones) convertidas en importante fuente de información y de desinformación, por su innegable influencia.
Facebook encabezaba en el mundo el ranking de las redes sociales con más usuarios activos con aproximadamente 2.960 millones, según DataReportal (2023). En Colombia tenemos más de 38 millones de usuarios de los cuales 32,08 millones son usuarios de Facebook. La regulación en la mayoría de los países del mundo coincide en que la libertad de expresión y opinión en internet y redes sociales tiene un límite puesto por el derecho del ciudadano a la intimidad, al buen nombre y honra.
Así mismo la libertad de prensa es un derecho fundamental a la libre opinión y expresión. Por tanto no se permite la censura ni persecución por la libre expresión de las ideas. Ambos son principios equivalentes de importancia para la preservación de la democracia pero que son desconocidos por los tiranos, los poderosos y los delincuentes cibernéticos quienes crean y comparten noticias mentirosas (fake news) como factor de poder político y de coerción para crear crisis de confianza en las instituciones y las personas, causar daño y ganar dinero.
Las fake news con su información falsa y engañosa difundida online lesiona los derechos individuales y plantea la afectación del interés colectivos de los ciudadanos, la garantía de una opinión pública libre y el pluralismo político democrático. No existe una regulación mundial o nacional frente a las noticias falsas, aunque las plataformas digitales como Facebook cuentan con un sistema de autorregulación y hoy aparecen herramientas de Inteligencia Artificial y tecnologías como la machine learning para el análisis de datos. En una reforma electoral (2017) se propuso tipificar la “violencia política”, y prohibir la divulgación de noticias falsas o injuriosas a través de medios de propaganda o publicidad y prohibir la creación de perfiles anónimos en redes sociales para “difundir noticias falsas que puedan generar confusión o pánico en la población”, pero el proyecto fue archivado.
Sin embargo, no existe impunidad por violación de los derechos a la intimidad, buen nombre y honra frente a libertad de expresión y opinión on line o redes sociales cuando impliquen calumnia delito previsto en el Código Penal (artículo 221) sancionado con penas privativas de libertad y multas (Al respecto véase la magnífica Sentencia T-155/19 Mag. Ponente Dra. Diana Fajardo Rivera).
En el caso del presidente Petro, la problemática se presenta por el uso abusivo y constante de información falsa, sin verificar, violenta y ultrajante utilizando los datos en las redes sociales. Claramente se denota la intervención de ciberdelicuentes enmascarados, de bodegas de cibercrimen y algunos influenciadores con intereses políticos y económicos.
Son una especie cibertropas que manipulan la opinión pública a fin de lograr ventajas sobre asuntos de su interés. En estas actuaciones se están usando públicamente los datos sensibles de los usuarios, vulnerando al derecho al Habeas Data y las demás garantías contenidas en los artículos 15 y 20 C.N. Según un estudio del Massachussets Institute of Technology (MIT), las noticias falsas tienen hasta un 70% más posibilidades de ser compartidas que las verdaderas y para Eurobarómetro, el 83% de los europeos cree que las noticias falsas son una amenaza para la democracia. Nosotros estamos con quienes opinan que el fenómeno de la información falsa o engañosa difundida mediante los datos informáticos lesiona los derechos individuales con afectación del interés colectivo de los ciudadanos.
El escándalo Donald Trump en 2016 cuando se posesionó como presidente Estados Unidos y su asesor político Cambridge Analytica usó los datos privados de Facebook para manipular psicológicamente a los votantes en las elecciones para hacer propaganda política corrupta, también fue usada en Argentina, Brasil, México y en Colombia, todo lo cual llevó a la liquidación Cambridge Analytica (Vea Nada es Privado en NETFLIX).
Sobre derecho al buen nombre, a la libertad información, de expresión, rectificación de información, carga de la prueba y presunción de la buena fe del periodista la Sentencia SU-056/95 sienta un precedente jurisprudencial muy interesante. La Unión Europea y el Congreso de Estados Unidos se ocupan de regular las redes sociales en lo que se refiere a la calidad de sus contenidos y el impacto de sus algoritmos, mientras los ciberdelicuentes llenan sus bolsillos con mentiras, noticias falsas, desprestigiando y tapando la corrupción. Ese es uno de los grandes problemas de la desinformación.
El autor es Doctor en Derecho, experto en regulación de nuevas tecnologías y escritor del libro “Regulación del Ciberespacio y la Inteligencia Artificial” (En impresión)
