El gobierno propone impulsar un Acuerdo Nacional, pero su lenguaje confrontativo no invita a avanzar en esa dirección.
Las circunstancias sociales y económicas de Colombia, inadecuadas desde antes de las elecciones, tienden a empeorar. De allí la conveniencia de hacer el Acuerdo sobre bases sencillas y prácticas, para construir entre todos un Estado que funcione y un país que ofrezca oportunidades para todos.
Los colombianos dejamos de ser la sociedad rural y analfabeta de hace 80 años; hoy somos urbanos y consientes de derechos. La proporción de la población debajo de la línea de pobreza es 36%, absurda para el nivel de ingreso del país, la desigualdad es de las más altas del mundo y la tasa de homicidios sigue siendo elevadísima.
El país tiene gran potencial, pero Estado no funciona bien. Nunca ha sido modelo, pero desde 1991, cuando se cambiaron sus procesos básicos, se sembró la semilla del desorden, el desperdicio y la corrupción.
El Acuerdo debe desembocar en plan de trabajo para remover tres obstáculos centrales relacionados entre sí:
- Procesos deficientes para establecer reglas de convivencia efectivas y coherentes, y juzgar conductas
- Políticas públicas inadecuadas, que impiden reducir rápido la pobreza y la desigualdad
- Mala calidad de la educación, impedimento grave para lograr verdadera prosperidad
La situación en que vive la población colombiana no ha respondido a lo que se habría esperado como consecuencia de los cambios de la sociedad, porque el país enfrenta los tres obstáculos señalados.
El más importante es el mal diseño del Estado: debe buscar objetivos económicos, sociales y ambientales, y atender limitaciones éticas y legales, y no lo hace con acierto.
Las políticas públicas deben procurar el uso eficiente de recursos escasos; se debe promover la atención a oportunidades en actividades con potencial, la formalidad empresarial y laboral, y la creación de un sistema de impuestos sencillo y sin preferencias.
La educación debe atender necesidades regionales y locales; padres de familia y autoridades municipales y regionales deben participar en decisiones sobre pensum y gestión. La oferta educativa debe cobijar toda la vida productiva, para mitigar riesgos de obsolescencia por la tecnología.
Todo debe engranar.
Un Acuerdo Nacional sólido creará expectativas positivas, que redundarán en inversión, empleo y actividad económica adicional. Eso atraerá nuevas inversiones.
Con el crecimiento rápido habrá más requerimientos de servicios personales, y el valor del trabajo también aumentará rápido.
La reforma del Estado debe asegurar eficiencia, justicia y armonía en la convivencia para que el proceso se mantenga y el país florezca.
Si bien el objetivo central no debe ser económico, el crecimiento proveerá mayores recursos para que el Estado ayude de manera sostenida a quienes realmente lo necesitan.
El uso adecuado del dinero público en educación e infraestructura permitirá que el proceso de crecimiento se mantenga.
El Acuerdo propuesto para revisar las instituciones, las políticas públicas y la educación requerirá diálogo abierto, mejor gestión y elementos para permitir a todos los ciudadanos saber cómo se avanza en los objetivos centrales. La comunicación sobre lo importante es parte de la educación necesaria para construir país.
Especificar los detalles de lo necesario es fácil. Hay métodos para establecer estrategias, procesos y organización consistentes con objetivos claros y sencillos. Lo difícil es que todos nos comprometamos con el camino acertado para salir del atolladero en que está metido el país desde hace tiempos.
Es hora de pensar en grande.
