La propuesta de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, de dividir al Cauca en un departamento indígena y otro mestizo, alborotó el avispero acerca de un problema sin resolver desde que entró en vigencia la Constitución del 91: el de la propiedad de la tierra entre los diferentes grupos étnicos, sociales y económicos y el Ordenamiento Territorial al interior de los Departamentos y posibles asociaciones entre ellos para emprender obras y proyectos que beneficien amplios sectores de población.
Para garantizar éxito del ‘pos-conflicto’ en el Cauca y otros departamentos, como en la altillanura oriental colombiana, donde particulares se han apropiado de extensos territorios para cultivos industriales, el gobierno deberá negociar con organizaciones indígenas, afros, de campesinos mestizos de las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, de agro-empresarios y ganaderos, pues a falta deacuerdos entre estas organizaciones y límites y leyes claras, las luchas por la propiedad y derecho a trabajar el campo, originarán enconados conflictos, como los que se han registrado en el nor-oriente caucano, entre indígenas y empresarios agroindustriales y campesinos mestizos, vinculados a diversas organizaciones políticas, entre ellas la Marcha Patriótica, que de no resolverse pacíficamente, impedirán adelantar proyectos agropecuarios y canalizar presupuestos anunciados por los gobiernos: nacional y extranjeros para mejorar la productividad y nivel de vida en departamentos afectados por la guerra, como el Cauca.
La ocupación de tierras en Caloto y Corinto, demandando la compra de siete fincas, como indemnización a la masacre de El Nilo, en 1991 y el bloqueo a la Panamericana entre Popayán y Quilichao por indígenas de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, Acin, evidencia uno de los álgidos problemas que deberá afrontar la sociedad colombiana, durante el pos-conflicto, en caso de concretarse desmovilizaciones de las Farc y ELN.
Por no haber oferta de predios sin explotación agropecuaria disponibles y alegando: respetar la propiedad privada, qué no pueden expropiar 20.000 hectáreas, exigidas por los indígenas y han cumplido puntos acordados para indemnizar la masacre del Nilo en 1991, el min-Agricultura Aurelio Iragorri, declaró que no aceptan presión indígena con bloqueos y ocupaciones de propiedades. Según el gobierno, cerca el 33% de tierras en el Cauca, pertenece a resguardos que albergan al 20% de la población caucana y medidas tomadas en los últimos años, han favorecido notoriamente a organizaciones indígenas en detrimento de comunidades afros y de campesinos mestizos, que carecen del nivel organizativo, de movilización y lucha, alcanzado por comunidades nativas. Esto, cuando paeces, agrupados en la Acin, ocuparon varias fincas y desde el martes 24 de febrero iniciaron bloqueos viales, enfrentándose a la Policía, para “recuperar territorios ancestrales” en el plano del norte del Cauca, sembrado de caña y entrando en conflicto con empresarios azucareros y sin medir efectos negativos de los cierres de la Panamericana en la economía y vida cotidiana de la mayoría de caucanos y habitantes del sur-oriente del país.
Sin desconocer derechos ancestrales y titulados a resguardos indígenas desde la colonia y los cuales han argumentado para recuperar territorios despojados durante los siglos XIX y XX, el mayor nivel organizativo desde que crearon el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, hace 44 años, les ha concedido ventajas, comparándolos con afro-descendientes y propietarios de pequeños y medianos predios, que apenas intentan agruparse. Mientras comunidades campesinas de mestizos, buscan asociarse en áreas influenciadas por las Farc, alrededor de Zonas de Reserva Campesina, ZRC, apoyadas por la Marcha Patriótica y comunidades Afros-descendientes, gestionan legalizar terrenos en la Costa Pacífica, norte y sur del Cauca, en el Cauca organizaciones indígenas, desde 1971, iniciaron recuperación de antiguos Resguardos y tierras vecinas. Además en 2014, lograron autonomía para dirigir sus programas y presupuestos de Salud y Educación, que antes administraban municipios y departamentos y parcialmente tienen su propio sistema judicial, lo que les da notoria ventaja y ha generado roces con administraciones municipales y campesinos no afiliados al Cric, que se han sentido excluidos y los señalan de no rendir cuentas sobre el manejo de los presupuestos y de pagar bajos honorarios a los educadores y empleados del sector salud, y en parte fundamentan la polémica propuesta de la senadora Valencia.
Entre el 2007 y 2012, en límites de Quilichao y Buenos Aires, con saldo de varios ‘macheteados’, se presentaron enfrentamientos violentos entre paeces y afro-descendientes, cuando el Incoder adjudicó a indígenas, tierras de la hacienda Corcovado, tradicionalmente ocupadas por comunidades negras. Después de agitadas negociaciones los indígenas aceptaron que las comunidades negras permanecieran en la hacienda y les compraran tierras en otra región. Algunos analistas consideran que en el Cauca, después de 45 años de fundación del CRIC y de luchas por la recuperación de la tierra, autonomía y cultura, ya no existen los antiguos terratenientes ganaderos y los mayores propietarios son indígenas, que alegando ser ‘precolombinos’ no aceptan límites para reclamar territorios. Voceros de gremios productivos, opinan que el departamento del Cauca ya tiene poca disponibilidad de tierras para que amplíen los resguardos y el gobierno nacional, cuando firme acuerdos aceptando ampliarles sus Resguardos, deberá mirar hacia otros departamentos, como el Tolima y Huila, que también fueron “territorios ancestrales” de los ‘pijaos’, antepasados de los paeces, o deberá aceptar que estos se enfrenten a cultivadores de caña de azúcar para los ingenios, que en los últimos treinta años extendieron sus cultivos en el área plana del norte del Cauca, hasta las goteras de Santander de Quilichao.
El problema alrededor de la propiedad de la tierra y el Ordenamiento Territorial, no es sólo del Departamento del Cauca. En el Catatumbo, Norte del Santander, a raíz de una demanda de indígenas motilones, alegando “que son territorios ancestrales”, el gobierno nacional suspendió autorización a la Zona de Reserva Campesina, creada por colonos afines a la Marcha Patriótica, después del prologado paro campesino de 2013, en una zona afectada por narcotráfico, paramilitarismo y presencia de las Farc.
