El Ministerio de Educación, en cabeza de Aurora Vergara, fijó el aumento que le pueden hacerle los colegios privados del país a los costos de sus pensiones y matriculas. Esto se hace de forma anual y siempre se utiliza como referencia el Índice de Precios al Consumidor. En este caso se utilizó el correspondiente al mes de agosto, por lo que quedó establecido un porcentaje de 11,43 % al aumento de las matrículas de los colegios, lo cual no quiere decir que todas las instituciones educativas tengan que aumentar esa misma cantidad, sino que tienen la potestad de hacerlo teniendo ese valor como tope.
No obstante, algunas instituciones tendrán permitido aumentar incluso un poco más el precio de su matriculas, lo que se define siguiendo algunos parámetros específicos.
El primero de ellos es el régimen en el que se encuentren según los resultados de su autoevaluación institucional. En total son cuatro regímenes, el de certificación de calidad que permite aumentar otros 0,8 puntos porcentuales adicionales al IPC; el regulado por autoevaluación que permite sumar otros 0,63; el vigilado por autoevaluación que permite sumar 0,46 y el controlado que no permite pasarse ni un punto porcentual por encima de los 11,43 establecidos.
El segundo hace referencia a la clasificación por índice de permanencia, es decir, la cantidad de estudiantes que desertaron del sistema escolar en el año y los que perdieron o pasaron el curso. Si la tasa de permanencia es alta, el colegio puede aumentar otros 0,5 puntos porcentuales, si es media puede aumentar 0,33 y si es baja puede aumentar 0,16.
Adicional a esto, el Gobierno ofrece beneficios para colegios que demuestren ser inclusivos con los estudiantes con discapacidades y en los que al menos al 80 por ciento de los docentes se les haya pagado de acuerdo con el escalafón docente del decreto 2277/79, los cuales son de 0,25 % y 1 % adicional, respectivamente. Esto quiere decir que, como máximo, un colegio podrá aumentar en un 13,98 % el costo de la matricula para 2024.
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