“La existencia de tantos billonarios confirma que la economía funciona para beneficiar a los pocos y no a los muchos” dijo Shawn Fain, presidente del Sindicato de la Industria Automotriz de Estados Unidos (UAW). “Los trabajadores tienen que perder ingresos todos los días porque un imbécil quiere acumular todo el dinero que pueda para lanzarse a la luna…” remató el líder sindical subrayando la estupidez a la que lleva la hiperconcentración de la riqueza. A su juicio, a costa de la reducción de los ingresos de los trabajadores.
Esas palabras las pronunció en el discurso inaugural de la huelga de 150.000 trabajadores que paralizó la producción de automóviles de las tres mayores empresas gringas. Ya llevaban cinco meses en huelga 190 mil guionistas y actores (los primeros ya hicieron un preacuerdo) y en empresas como Starbucks la batalla por establecer sindicatos es intensa al igual que en Amazon. La ola parece crecer por supuesto impulsada por los impactos de la pandemia entre los trabajadores como por el apoyo decidido del presidente Biden que promueven y dicta normas para fortalecer las organizaciones de los trabajadores.
Desde los años ochenta no había tantos trabajadores del sector privado en huelga en la potencia del norte. En el sector público si había altas cifras en especial entre los maestros. Los salarios mínimos en varias ciudades -Nueva York a la cabeza- los suben las autoridades a pesar de la oposición de las empresas. Los políticos quieren mejorar los ingresos de miles de trabajadores. Un juez confirmó la semana pasada que las empresas de “delivery” como GoorDash o Grubhub (equivalentes a Rappi en Colombia) tendrán que pagar a sus repartidores USD$ 18 dólares la hora. Las empresas habían demandado la norma y querían que no se les aplicara a ellas, perdieron la justicia del estado falló a favor de los de abajo confirmando el cambio de tendencia en la misma justicia.
Lo que es más sorprendente es que una amplia mayoría de la ciudadanía estadounidense está de acuerdo en que los trabajadores mejoren sus condiciones y en que los sindicatos den la batalla para lograrlo. La administración Biden que se considera la “más amiga de los trabajadores” y de su organización en sindicatos, está empeñada en elevar el poder de los trabajadores para negociar sus beneficios. Biden, como Franklin Roosevelt que legalizó la negociación colectiva, consideran que es la manera de equilibrar los ingresos entre capital y trabajo.
En la industria automotriz los gerentes tiene un paquete salarial alrededor de USD$ 20 millones anuales. Mientras que el 80 % de los trabajadores ganan en promedio de USD$ 120.000 al año. En la década de los setenta se consideraba que la relación sana entre el que más gana en una empresa y el trabajador que menos gana, debía ser de 1 a 5 y en casos extremos de uno a 10. Pero llegar a 166 veces la diferencia parece una aberración. No es que les moleste a los sindicalistas que los ejecutivos ganen tanto dinero sino que -en su lectura- significa que ejecutivos y accionistas se apropian de mucha más riqueza a costa de empobrecer a sus trabajadores. ¿Por qué no ser más justos en el reparto? ¿De qué, sirve que tan pocos, acumulan tantísimo? Son las preguntas que ahora movilizan a los trabajadores.
Biden ha dictado orden ejecutiva (equivale a nuestros decretos) que obliga a los contratistas de obras públicas a preestablecer acuerdos laborales con los trabajadores que van a contratar.
El movimiento a favor de los trabajadores tiene un gran soporte en que es el mismo presidente de Estados Unidos con su inmenso poder quien impulsa sin pudor la sindicalización, y nuevas normas para fortalecer sus derechos y poder de negociación. Varias de las leyes propuestas están paralizadas en el Congreso por los propios demócratas en el Senado donde tienen mayoría. Pero Biden ha dictado otras por orden ejecutiva (equivale a nuestros decretos) como la que obliga a los contratistas de obras públicas a preestablecer acuerdos laborales (similar a las convenciones colectivas) con los trabajadores que van a contratar.
Es muy relevante esta medida porque uno de los grandes logros de Biden fue aprobar un gigantesco presupuesto de obras de infraestructura. Con ese decreto obliga a todas las empresas constructoras a llamar a las organizaciones sindicales para establecer de antemano una negociación colectiva que fije las condiciones laborales que deben aplicar a sus trabajadores. Señales más claras imposible.
También es destacable que aunque los sindicatos siguen siendo vistos en general como unas organizaciones anacrónicas, el apoyo de la ciudadanía a su rol crece. La última encuesta de Gallup registra que la mayoría de los trabajadores norteamericanos tiene poco o ningún interés en afiliarse a una organización de trabajadores. De hecho solo el 6 % de los trabajadores hacen parte de un sindicato, cuando en 1970 representaban el 30 % de la fuerza laboral. Sin embargo el 75% de la ciudadanía respalda la huelga de la UAW, el 72 % la de los guionistas y el 67 % la de los actores.
Entre los norteamericanos, los sindicatos, en esta encuesta Gallup tienen una favorabilidad del 67 % y entre los electores menores de 30 años la cifra es del 90 %.
Más destacado aún es que desde 2009 el número de norteamericanos que consideran que los sindicatos deben tener más influencia en la conducción de Estados Unidos prácticamente se ha doblado. Entre la población votante el 61 % considera que los sindicatos ayudan a la economía en vez de hacer daño. Los sindicatos, en esta encuesta Gallup tienen una favorabilidad del 67 % y entre los electores menores de 30 años la cifra es del 90 %. Sin duda hay un nuevo panorama para las organizaciones laborales que no tardará mucho en trasladarse al sur.
Los analistas consideran que la pandemia alborotó a los trabajadores porque sus bajos ingresos en medio de semejante parálisis mostraron lo imposible de vivir bien con ingresos mínimos. Es un anhelo acumulado tras la crisis financiera del 2009 donde la clase media trabajadora fue la más afectada sin que los responsables de Wall Street pagaron los costos. Gracias a Clinton y Obama, grandes aliados del sector financiero, el desencanto de las clases medias con los demócratas fue enorme y Trump lo capitalizó para su triunfo de 2016.
Tan bien ayuda a los trabajadores que la baja tasa de desempleo sea apenas del 4 %, casi pleno empleo). La escasez de mano de obra eleva el poder de negociación de los trabajadores y sus representantes. Nelson Lichtenstein uno de los más reconocidos historiadores del movimiento sindical -profesor de Universidad de California- dice que parte del auge de su poder también se debe a que los sindicatos dejaron atrás el discurso desgastado del “compañerismo” para asumir el discurso de políticos como Bernie Sanders que llama más bien a movilizar a los trabajadores contra la desigualdad entre ejecutivos y trabajadores.
El cambio es fundamental porque no se trata de forzar a las empresas a elevar los salarios a costa de la eficiencia, la productividad o la competitividad sino de mejorar la repartición de los mismos ingresos para que sea más justa entre los integrantes de una empresa o de un sector. Claro, para los empresarios el reto es enorme pues además de enfrentar la transformación tecnológica y verse forzados a sumir innovaciones, deben recuperarse del impacto de la pandemia con las rupturas en las cadenas logísticas que casi paralizan la producción de carros por falta de chips y otras autopartes electrónicas.
Para los empresarios la forma de concebir el sindicalismo es difícil de cambiar. Como en Colombia, una mayoría empresarial piensa que los sindicatos estorban o impiden con sus exigencias el mejor desempeño de las compañías, que fomentan el parasitismo que afecta la productividad, que generan odio, inconformismo y rompen el espíritu de grupo. En resumen no ven en el auge del sindicalismo un gana-gana sino una suma cero. Negocian con los sindicatos más por el temor a las consecuencias de no hacerlo, que porque consideren que la empresa gana en ese ejercicio. Tal vez en Colombia sea necesario incluir el tema en el gran acuerdo nacional que con tanto misterio elabora Petro, para que trabajadores y empresarios lancen una nueva agenda común que permita reducir desigualdades y mantener las empresas productivas.
