La secretaría general y la oficina de control interno disciplinario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia (UNAD) expidió la Circular informativa No. 116 – 036 bajo el asunto "Recomendaciones de participación en actividades y controversias políticas, prohibiciones en el marco del proceso electoral".
Dicha circular fue entregada a todo el personal docente de planta y ocasionales (estos últimos no son empleados públicos), personal administrativo y contratistas de la universidad más grande que tiene el país a nivel de cobertura.
En ella se generan advertencias desde un malinterpretado marco constitucional, penal y disciplinario, cuya aplicación no procede para todas las personas a las cuales se dirige la directriz, y se deja claro que podrán adelantarse investigaciones disciplinarias y penales o tomarse decisiones administrativas (¿Despidos?) por darse algunas de las actuaciones que se relacionan en la directriz.
Es muy curioso el alcance del documento, pues en él se deja claro que la prohibición es una disposición rectoral e incluye conductas que ni siquiera son propias de la participación política electoral, sino un ejercicio en sí de derechos políticos o del debate público dentro de instituciones de educación, por ejemplo, se prohíbe:
- "No prestar ni promover en las instalaciones de la UNAD eventos de cualquier tipo que impliquen la participación directa o indirecta de candidatos políticos" y "No promover encuentros políticos ni siquiera bajo la figura de debates académicos por ser de interés a la comunidad". Bajo estas razones, la universidad como centro de debate y con deberes ciudadanos, ¿No permitiría que desde sus estamentos se realicen debates de candidaturas o reflexiones en torno a los intereses de región?
- "No asistir a marchas, reuniones ni actividades de multitudes apoyando
determinada campaña" y "No autorizar bajo ninguna medida el uso de los logos institucionales en eventos políticos, así en la actualidad tengamos convenios con la entidad territorial que promueve el mismo; debiendo aclarar que, bajo ninguna medida, la negación a usar nuestros logos afectará los convenios existentes". La actuación se enfoca en campañas, pero la circular del 25 de septiembre se entrega al personal justo el día 27 de septiembre, cuando se encontraba citada la movilización por las reformas sociales promovidas por el Gobierno nacional y donde se daba participación de algunos docentes. - "En caso de recibir una invitación de una entidad territorial para participar en un encuentro académico, verificar o solicitar el envío de la agenda con el fin de establecer el alcance, la finalidad del encuentro y los participantes; en caso de que en la agenda no se relacione actividad política alguna y al llegar al mismo, se evidencia la presencia de candidatos, es importante abandonar el evento y no participar en el mismo". Esto claramente no toca el margen de la participación política, pues la presencia de un candidato en un evento académico en nada relaciona a sus participantes con aspiraciones personales.
La circular concluye diciendo que:
"En tal sentido, es preciso advertir a los destinatarios de la presente directiva, que se dispondrá de la investigación disciplinaria (Servidores públicos) o se adoptarán las decisiones de carácter administrativo (docentes ocasionales y contratistas) a que haya lugar en caso de incurrir en cualquiera de los comportamientos aquí enunciados, sin perjuicio del inicio de las demás investigaciones que surjan cuando así se evidencia desde el escenario penal".
Se trata de una circular que contiene generalizaciones que no aplican para todas las personas a quienes está dirigida y que debe invitar al debate sobre cuál es el papel que juegan las universidades como centro de pensamiento crítico y reflexión de sociedad y hasta qué punto puede verse amenazado ese rol por quienes ejercen su dirección.
