La familia de Maldonado, uno de los principales accionistas de Interbolsa requerido por la fiscalía para responder por el desfalco de la comisionista y del fondo Premium hizo llegar este comunicado en el que afirma que Maldonado acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos. Argumenta una supuesta vulneración y violación del debido proceso en su caso, en el que la Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención de sus empresas Helados Modernos de Colombia, Malta S.A. y Las Tres Palmas Ltda. Argumentando que tales sociedades habían resultado beneficiadas indebidamente de una captación ilegal de dineros del público
Los familiares del empresario Víctor Maldonado Rodríguez han anunciado que han acudido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de diversas garantías del debido proceso perpetradas en el curso de las investigaciones, administrativas y judiciales, en las que ha sido comprometido.
Como es de conocimiento público en Julio de 2013 la Superintendencia de Sociedades decidió la intervención de diversas sociedades entre las que se encuentran Helados Modernos de Colombia, Malta S.A. y Las Tres Palmas Ltda. de propiedad del grupo económico de lidera Víctor Maldonado Rodríguez bajo el argumento de que tales sociedades habían resultado beneficiadas indebidamente de una captación ilegal de dineros del público, hecho ocurrido en marco del llamado escándalo de la sociedad Interbolsa.
Como consecuencia del mencionado proceso de intervención no solo se ha decidido la toma de posesión de las mencionadas empresas, sino también la inhabilitación del empresario Maldonado Rodríguez, lo que en términos concretos ha significado la muerte civil. De igual modo en el curso del proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Sociedades se han cometido algunas graves violaciones al debido proceso -como la prohibición del derecho a probar o la no aceptación de la exclusión de los bienes- las cuales han afectado seriamente su derecho a la defensa, hecho que constituye un hecho arbitrario.
Para la defensa de Maldonado Rodríguez las graves violaciones al debido proceso y las arbitrariedades sistemáticas perpetradas en el curso del procedimiento de intervención han surgido de decisiones políticas de diversas autoridades del Estado de Colombia, las cuales han tenido como principal objetivo lograr un absoluto sometimiento y control del conjunto del patrimonio de Víctor Maldonado.Para garantizar tal objetivo las mismas autoridades estatales han desarrollado una notoria e intensa campaña de demolición mediática contra Víctor Maldonado, en la cual viene siendo presentado como uno de los principales responsables de un proceso de captación ilegal de fondos del público y de un aprovechamiento ilegal de esos fondos para sus empresas.
La decisión de judicializar la situación de Víctor Maldonado imputándole la comisión de delitos que no ha cometido y solicitando una medida de aseguramiento, tiene como objetivo agravar su situación jurídica lo cual indudablemente acarreará graves consecuencias jurídicas sobre su derecho a la libertad individual. De hecho ahora se tiene conocimiento que existe una orden de detención internacional contra su persona.
Ante la existencia de esta situación de grave afectación a los derechos fundamentales de Víctor Maldonado reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ante el riesgo inminente de un grave e irreparable daño en perjuicio de tales derechos es que ha tomado la decisión de acudir ante la CIDH para proteger sus derechos.
Los familiares de Víctor Maldonado declaran que si bien son respetuosos de las decisiones de las instancias del Estado de Colombia para el impulso de las investigaciones consideran que tales decisiones deben, siempre, estar sustentadas en el principio de legalidad y en el irrestricto respeto de las garantías del debido proceso.
La CIDH tiene entre sus amplias atribuciones convencionales dictar medidas de diversa naturaleza destinadas a proteger y resguardar esos derechos fundamentales afectados y exigir el cese de la violación de los mismos, medidas que los Estados, como Colombia, tienen el deber de acatar.
