En 2019 Claudia López fue elegida alcaldesa de Bogotá con el 35,2 % de la votación, seguida por Carlos Fernando Galán con el 32,5 % y Holman Morris con el 14 %. En 2015 fue elegido Enrique Peñalosa con el 33 % de la votación, seguido por Rafael Pardo con el 28,5 % y Clara López con el 18 %. En 2011 fue elegido Gustavo Petro con el 32,2 %, seguido por Enrique Peñalosa con el 25 % y Gina Parody con el 16,7 %.
En todos los casos el alcalde elegido estuvo muy lejos de obtener la mayoría absoluta de los votos, y en todos los casos el segundo no se distanciaba mucho del primero, así que hubiera sido posible una coalición que afectara ese resultado si hubiera habido una segunda vuelta entre los dos con mayores votaciones. En todos los casos una coalición para la segunda vuelta hubiera fortalecido la gobernabilidad del alcalde.
Considerando que Bogotá es una ciudad con cerca de 7 millones de habitantes, el acto legislativo 03 de 2019, que modificó el artículo 323 de la Constitución Nacional, estableció la segunda vuelta para la elección de Alcalde Mayor de Bogotá a partir de las elecciones de 2023. La norma indica que el alcalde de Bogotá será elegido en una primera vuelta al menos con el 40 % de los votos válidos, siempre y cuando ese porcentaje sea superior en 10 puntos a quien quede de segundo. Si esa situación no se da los dos finalistas irán a una segunda vuelta tres semanas después.
Ninguno de los alcaldes de Bogotá elegidos en las tres últimas elecciones hubiera cumplido esa norma y hubiera tenido que hacerse una segunda vuelta con resultados imprevisibles, puesto que el resto de los candidatos sumaban entre el 30 % y el 40 % de la votación total. Así que bienvenido el Acto Legislativo. Solo que como siempre sucede es como si el resto del país no existiera y la norma termina por ser una expresión de centralismo que ignora olímpicamente el hecho de que Colombia es un país de regiones con grandes ciudades, donde tres de ellas tienen una población superior al millón de habitantes: Medellín, 2,5 millones; Cali, 2,2 millones; Barranquilla, 1,3 millones.
En 2019 Daniel Quintero fue elegido alcalde de Medellín con el 38,5 %, seguido por Alfredo Ramos con el 30 % y Santiago Gómez con el 12 %. En 2015 fue elegido Federico Gutiérrez con el 35,8 % seguido por Juan Carlos Vélez con el 34,4 % y Alonso Salazar con el 5,5 % En 2011 fue elegido Aníbal Gaviria con el 36,6 %, seguido por Luis Pérez con el 35 % y Federico Gutiérrez con el 19 %.
En 2019 Jorge Iván Ospina fue elegido alcalde de Cali con el 38 %, seguido por Roberto Ortiz con el 25,4 % y Alejandro Eder con el 17 %. En 2015 Maurice Armitage fue elegido alcalde con el 40 %, seguido por Roberto Ortiz con el 27 % y Angelino Garzón con el 23 %. En 2011 Rodrigo Guerrero fue elegido con el 42 %, seguido por Milton Castrillón con el 20 % y María Isabel Urrutia con el 15%. En Barranquilla Jaime Alberto Pumarejo (62,4 %), Alejandro Char (73 %) y Elsa Noguera (58 %) fueron elegidos superando de lejos ese 40 %, reflejo de la supremacía política de la casa Char.
El argumento para establecer la norma en Bogotá era igualmente válido para Medellín y Cali. Muchos problemas de gobernabilidad se hubieran evitado si esa segunda vuelta hubiera existido
Si el Acto Legislativo 03 hubiera existido, hubiera habido una segunda vuelta en Medellín y Cali en las últimas tres elecciones para alcalde, menos en las de Rodrigo Guerrero y Maurice Armitage, dos casos atípicos donde se juntaron votos de opinión y maquinarias políticas. O sea, el argumento que se aplicó para establecer esa norma en Bogotá era igualmente válido para Medellín y Cali. Muchos problemas de gobernabilidad se hubieran evitado en esas dos grandes ciudades si esa segunda vuelta hubiera existido.
Y muchos problemas se evitarían en ambas ciudades en el futuro si el Acto Legislativo 03 de 2019 las hubiera incluido, pues después de todo son ciudades de más de dos millones de habitantes. Hoy, hasta donde se conocen las encuestas de intención de voto para las elecciones del 29 de octubre de este año, ninguno de los candidatos se acerca a esa cifra mágica del 40 %. Así que los problemas de gobernabilidad que han afectado a las actuales administraciones de Medellín y Cali continuarán.
Es llover sobre mojado porque el asunto no tiene remedio, pero no sobra dejar constancia de la manera improvisada y centralista como se legisla en Colombia, donde la mayoría de los congresistas tienen su fuerza política en las regiones: de espaldas a ellas y de frente al Distrito Capital que todo lo devora.
