El pasado 31 de agosto, en el corregimiento de El Salado, municipio de Carmen de Bolívar, ante algunas centenas de campesinos de la región, el presidente Gustavo Petro hizo una emotiva defensa de su política agraria, preocupándose especialmente por salirle al paso a unas infundadas críticas según las cuales tal política es expropiadora, e incluso de expropiación exprés.
El señor presidente tiene razones suficientes para no dejar pasar sin respuesta argumentaciones de tal naturaleza, sobre todo porque uno de los episodios más publicitados de su campaña electoral fue el de haberse presentado a una notaría a dejar bajo la gravedad de juramento su promesa de no expropiar, esto con el fin de desvirtuar supuestas afinidades de su política con las que desarrolló Chávez en Venezuela.
Pero no solo por eso. También porque le interesaba resaltar que la historia de Colombia ha sido la historia de la expropiación del movimiento campesino, al cual se le han arrebatado sus tierras de la manera más criminal, y todo en provecho de unas castas terratenientes carentes de vocación agrícola, y muchas de ellas ligadas a poderosos grupos económicos, como el Grupo Empresarial Antioqueño, al cual le fue condenada una de sus empresas, Cementos Argos, a restituir lo robado a los campesinos.
Según Petro, la sentencia correspondiente tiene ya 10 años y, sin embargo, la restitución aún no se ha producido, aunque sí el simulacro de esta empresa de donar algunos terrenos con el fin de restañar la tenebrosa imagen con que quedó entre los campesinos.
Al reiterar en este discurso que su política no es de expropiación, Petro recordó que existen normas legales y constitucionales que autorizan tal procedimiento en aras de impedir hacer letra muerta de un principio universalmente reconocido, el de que la propiedad tiene una función social.
Pues precisamente por no contribuir al cumplimiento de tal principio es que la mencionada promesa de campaña constituyó un grave error, como lo es el de perseverar en él, ahora como presidente de la República.
No olvidemos que otra de sus promesas de campaña fue la de darles cumplimiento a los acuerdos de paz, entre los cuales figura el de la Reforma Rural Integral, contentiva del compromiso de crear un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas.
El hecho de que a un año de gestión gubernamental solo se hayan podido adquirir 25.700 nos demuestra que tal reforma definitivamente no se podrá cumplir por las buenas, y menos si se ha renunciado a la expropiación como mecanismo indispensable para garantizarles a nuestros campesinos esta anhelada reparación como requisito sine qua non para conseguir la paz.
