En agosto de 2022, la representante a la Cámara Carolina Giraldo de la Alianza Verde radicó el proyecto de ley 274/2022C que tiene como objetivo “crear medidas fiscales de prevención en salud pública en materia de tabaco, derivados sucedáneos o imitadores”. Sin lugar a duda una medida necesaria, pensando sobre todo en la formalización que se necesita en Colombia del mercado de vapeadores y dispositivos eléctricos para el consumo de tabaco y nicotina.
Los impuestos siempre han sido uno de los mecanismos utilizados para desincentivar el consumo de tabaco y nicotina y al mismo tiempo generar recursos adicionales para corregir las consecuencias negativas que tiene una actividad como fumar, que se sabe es dañina. Esa se entiende es la intención de este proyecto de ley, que en su texto establece que el impuesto que se crearía tiene dos objetivos centrales: desincentivar el consumo de estos productos y contribuir al recaudo de recursos para salud.
No hay discusión en que necesitamos un impuesto. Por el contrario, Colombia se ha demorado en llegar a esto. Sin embargo, esto no significa que debemos aceptar cualquier propuesta, y más si no está soportada técnicamente y sin tener en cuenta experiencias previas en el país. La Representante Giraldo en su proyecto propone un impuesto ad valorem para vapeadores y cigarrillos electrónicos del 150 %. Eso significa que sobre el valor de venta se debe cobrar un impuesto de más de dos veces su valor. Por ejemplo, un vapeador promedio que en el mercado cuesta $30.000 pasaría a costar $75.000 y los más costosos de $100.000 pasarían a costar $250.000.
Si uno lo piensa rápido, lo que se supondría es que las personas, por el costo elevado del producto dejarían de comprar o eliminarían de sus compras cotidianas estos productos. No obstante, al analizar el contexto y el comportamiento de los usuarios, lo que pasará es que la persona buscará en el mercado el producto que se ajuste a su presupuesto. El consumidor que actualmente paga $100.000 por un vapeador, no dejaría de consumirlo, simplemente buscará en el mercado el producto que, con el impuesto, quede en un valor similar o menor; y en el caso de los usuarios que actualmente compran el vapeador más económico, llegarán al mercado ilegal o informal comprando un producto que estará 150 % más económico que el legal.
En ese sentido, el proyecto de ley no estaría cumpliendo con sus objetivos, pues por un lado al tener un impuesto con una tarifa tan alta, lo que promueve es que las personas busquen una opción más económica ya sea en el mercado legal o en el ilegal. Por otro lado, no incentiva a que los vendedores dejen el negocio, por el contrario, ellos buscarán traer a Colombia el producto que se ajuste al precio de los consumidores. Finalmente, en términos de salud pública, el problema no se soluciona pues al incrementar el comercio no formal, son los menores de edad y las personas no fumadoras las que van a acceder más fácil a estos productos sin conocer los riesgos, sin tener la información adecuada y sin ninguna restricción, pues ya se sabe que la intención es vender sin importar a quién y cómo.
Hay que ser enfáticos en que Colombia necesita un impuesto para los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Sin embargo, haciendo el análisis de la discusión y el proyecto surge la pregunta: ¿por qué la insistencia en presentar una propuesta antitécnica y que no es viable para Colombia? ¿Por qué no admite propuestas para mejorarla?
Buscando información sobre el interés de la Representante Giraldo en este tipo de iniciativas, se encuentra que las organizaciones que realmente están detrás y que han impulsado el articulado tal cual como está, son RedPapaz y la Fundación Anaás, que por años han defendido una causa necesaria que es la prevención de la iniciación al consumo de productos de tabaco a menores de edad. El problema no está en que estas organizaciones promuevan este tipo de iniciativas (sería el colmo casi que insinuarlo), sino que estén cerrando la discusión para que otras visiones y estudios entren al debate. Es decir, no se está dando una discusión técnica de acuerdo con las necesidades del país, sino que se está impulsando un interés particular de organizaciones internacionales que se dedican a financiar este tipo de iniciativas.
Bloomberg Philanthropies, The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease y la campaña Tobacco-Free Kids (TFK) abren convocatorias para financiar proyectos que logren “cambios políticos que conduzcan a una reducción sustancial del consumo de tabaco”, como “medidas fiscales y de precios, incluida la política de comercio ilícito en relación con la fiscalidad”. En el último año, la Fundación Anaás reportó ingresos de TFK por 15.000 USD y en 2022 RedPapaz reportó ingresos de la misma organización por $ 613 millones de pesos para ejecución específica de estas iniciativitas. Es decir que, bajo los criterios de estas organizaciones internacionales, las colombianas deben sí o sí lograr la aplicación de un impuesto bajo las condiciones que ellos establecen. En el caso colombiano, todo sabemos que para lograr un impuesto y la aprobación de una ley lo que hay que hacer es lobby.
El punto está en que el lobby de estas organizaciones está impulsando una propuesta que claramente no fue pensada en el contexto colombiano y que está cerrando el debate a que otras organizaciones y expertos participen del mismo para tomar la decisión que al país más le conviene. Incluso, en la exposición de motivos del proyecto de ley, de las pocas fuentes que se citan, varias hacen referencia a la Fundación Anaás. En otras palabras, la formulación está pensada exclusivamente en una sola posición o idea.
Entonces, ¿cuál es la propuesta? Sencillo, que se abra un dialogo técnico y basado en evidencia que permita tomar la mejor decisión sobre cuál es el impuesto que debemos tener en Colombia.
Colombia no se puede cerrar al diálogo. Por el contrario, si la misma Representante Giraldo está dando una discusión tan abierta sobre la regulación del cannabis recreativo, ¿por qué no la puede dar sobre sustancias de las que ya hay más experiencia internacional? ¿por qué promover una prohibición de facto y no una regulación? Esas son las preguntas que se deberían responder en el marco del debate.
