Los indígenas del norte del Cauca llevan años (o, como dice uno de sus líderes, siglos) pidiendo que se les devuelva la tierra que era de sus ancestros.
Son quinientos años de lucha por 20 mil hectáreas de tierra, cantidad en la que tasan los indígenas la deuda que el Estado colombiano ha contraído con ellos. Muertos, desaparecidos, heridos, mutilados, odios y venganzas son los resultados de este largo y dilatado litigio que parece no tener fin y que se ha agravado por estos días.
La lucha se remonta al tiempo de la Colonia de modo que, cansados de los abusos de las autoridades y de los colonizadores blancos o mestizos, en 1970 fundaron el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que los ha representado a partir de esa fecha.
Los primeros dirigentes del CRIC, como Manuel Trino Morales, no fueron a la universidad. Pero cada día su liderazgo y sus métodos se vuelven más sofisticados. Como dice un estudio de Joanne Rappaport, de la Universidad de Georgetown: “Mientras que en el pasado las autoridades tradicionales de las comunidades y los dirigentes de las organizaciones étnicas eran líderes no escolarizados cuyas reivindicaciones se centraban, sobre todo, en el derecho a la tierra los líderes de hoy participan en delicadas negociaciones con representantes de la sociedad dominante en torno al carácter del sistema de justicia, los gastos públicos y la creación de nuevas comunidades; su capacidad de convocatoria ha sido tan grande que, recientemente, lograron elegir a un indígena como gobernador del departamento”.
Los indígenas resistirán hasta que el gobierno establezca una mesa de negociación que defina cómo se les pagará la deuda.
En 1984, el M-19 se concentró en la región de Tierradentro y entrenó a un grupo de indígenas que conformaron el grupo armado Quintín Lame, el cual se desmovilizó un par de años después. Tanto las FARC como el ELN y el EPL han tenido unidades concentradas en ese territorio. Durante los últimos años los paramilitares, y ahora los rastrojos, así como narcotraficantes que siembran coca, marihuana y amapola, se han asentado en esta tierra que parece no tener vocación agrícola sino para la violencia.
Esta violencia se ha convertido en otra habitante de un territorio donde desde los año 1970 se dan cita todos los actores del conflicto colombiano: guerrillas, narcotráfico, minería ilegal y legal, bandas paramilitares y terratenientes.
Los reclamos de hoy
El capítulo actual de este conflicto arranca a finales del Febrero, cuando diez mil indígenas se tomaron cuatro haciendas del Ingenio INCAUCA S.A en la zona rural de Corinto, y el gobierno dio la orden de desalojo a unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional y a integrantes del Ejército.
Por su parte, los indígenas advierten que no se irán y que resistirán hasta que el gobierno establezca una mesa de negociación que defina cómo se les pagará la deuda. Su acción es una “minga sostenida” es decir, que si los sacan vuelven a entrar. En el momento de escribir este texto, fuentes extraoficiales señalaban que el ministro de Gobierno convocaría a las autoridades indígenas a una reunión mañana lunes en las horas de la tarde.
Las acusaciones de lado y lado sobre el uso de armas de fuego, explosivos, machetes, caucheras, pipetas de gas, gasolina y una larga lista de armas contundentes se exhiben en el cuerpo de más de sesenta indígenas y doce agentes heridos y atendidos en los hospitales de la zona.
Los indígenas dicen que cinco de ellos están muy graves en el hospital, con heridas de armas de fuego. Además acusan al gobierno de enviarles helicópteros artillados, tanquetas, agua a presión y gases que inmovilizan y marean por largas horas a quienes los inhalan. No solo los hombres Nasa sino además mujeres, niños y ancianos están en las tomas y ocupaciones de vías, porque ellos consideran, como dijo el consejero Héctor Fabio Dicne, que “es deber de toda la comunidad salir a defender sus peticiones”.
El Cauca y la tierra
Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD, “Las mejores tierras en el Cauca están en pocas manos. A lo que se debe agregar que, en las últimas décadas, las áreas con vegetación natural están siendo utilizadas para establecer cultivos de coca y amapola, de caña de azúcar, minería legal e ilegal. Lo más preocupante es que gran parte de la tierra caucana ha sido sometida a usos no sostenibles los que han generado impactos ambientales negativos”.
Cauca es uno de los dos departamentos donde la concentración de la tierra es más alta, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Además, según el DANE, el 62 por ciento de su población es pobre y el 34 por ciento vive en condiciones de pobreza extrema. El 54 por ciento de los propietarios posee el 8,1 por ciento de los predios de minifundio y – no obstante ser el Cauca uno de los departamentos de mayor diversidad, historia y riqueza,- está clasificado con el segundo más pobre del país.
El ministro de Gobierno reconoce que el Estado no ha podido cumplir los distintos acuerdos pactados, pero repite enfáticamente que no cederá a la presión de las comunidades indígenas mientras siga la ocupación de fincas, el taponamiento de vías, el pinchar de las llantas de camiones, el daño a los tubos del acueducto y la quema de lotes enteros de caña de azúcar.
Los indígenas replican que si el gobierno negocia con los guerrilleros en La Habana, con más razón tendría que negociar con ellos, que los abusos de la Fuerza Pública y la intransigencia de las autoridades civiles radicalizan y dificultan la expresión pacífica de una protesta que ellos consideran legítima. Aseguran que es mentira que hayan sido infiltrados por la guerrilla porque ellos llevan un registro de sus miembros, pero afirman que además de piedras han hecho uso de cohetes de pólvora, que se utilizan en las alboradas, para defenderse del arsenal utilizado contra ellos.
Las posiciones se hacen cada vez más irreconciliables y aumenta la violencia. Delegados de derechos humanos de la ONU, del Senado de la República y de organizaciones no gubernamentales intermedian para lograr sentar en una mesa a las partes, antes de que ocurra una desgracia mayor.
Los indígenas recuerdan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado colombiano indemnizar con 15.600 hectáreas a los indígenas por la masacre de El Nilo, en diciembre de 1991, en donde fueron asesinados 21 miembros de la comunidad Nasa. En 1995, el gobierno Samper reconoció ante la CIDH que la masacre ocurrió con la complicidad de miembros de la Policía Nacional y dio la orden para que se les entregara tierra en compensación.¿Cómo resolver el conflicto?
El Estado les dio a los indígenas la finca San Rafael en la Comunidad Mazamorrero, municipio de Buenos Aires, la cual era propiedad de las comunidades negras, como lo demostraron en repetidas oportunidades y ante distintos ministros, viceministros y autoridades legislativas, con los títulos ancestrales que los acreditaban como dueños de esa tierra. Tres años pasaron hasta que el año pasado se les devolvió la tierra a los negros y a los indígenas se les entregó otra finca.
Cauca es uno de los dos departamentos donde la concentración de la tierra es más alta.
Paradójicamente, el fin de semana pasado, mientras los indígenas se enfrentaban con los ESMAD, los nuevos propietarios de la finca San Rafael realizaban una actividad cultural para agradecer a la ex contralora Sandra Morelli, a Luis Higuera, ex funcionario de la Contraloría, a Alberto Rodríguez, de la Corporación de Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica (CETEC) y a una docena de personas por su intervención en el proceso que concluyó con la entrega de las 15 mil hectáreas. Ahora, la finca se pondrá a producir bajo la administración de las comunidades afrodescendientes, organizadas en asociaciones con proyectos productivos.
Esta equivocación gubernamental enfrentó a las comunidades negras con los indígenas y dejó a un joven indígena muerto. Ahora reina la paz entre la mitad de la población del Cauca, que está compuesta por un 20,5 por ciento de indígenas, un 21,1 por ciento de afros y un 58,5 por ciento de mestizos, según un estudio de la Universidad Javeriana de Cali y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). El estudio también determinó que de las 2.068.529 hectáreas del departamento, el 35 por ciento, o sea, 612.959, son de propiedad de los indígenas a través de 100 resguardos (47 coloniales y republicanos) y 53 entregados por actos administrativos del INCODER.
“Un nasa sin tierra no es un nasa”, le dijo un líder indígena al portal de noticias Confidencial Colombia. Por ello, y porque el gobierno no les ha cumplido, dicen que han invadido las fincas La Emperatriz, La Agustina y otras dos, que particulares han arrendado al Ingenio INCAUCA.
Las fotografías, las tomas de los noticieros de televisión, los informes de los enviados especiales y las narraciones de las autoridades regionales, nacionales y de las autoridades indígenas son testimonios de unas revueltas donde la indignación y la fuerza bruta parecen ser las que comandan a esos diez mil compatriotas y a las fuerzas del orden. Una dura prueba que no se calmará con medidas represivas ni con promesas.
* Periodista. Ha trabajado en la revista Semana y colaborado en Lecturas El Tiempo, en las revistas Credencial y Número. Además ha escrito en El Espectador. Texto publicado originalmente en Razón Pública.
