Vaya y venga, que el expresidente Uribe ande promoviendo, tanto en el exterior como en escuelas, colegios universidades, cuarteles y cuanto tumulto tropieza en el interior, el decálogo guerrerista con el cual pretende retornar al poder.
Y, aunque ya está bueno de esa prédica perniciosa con la cual predispone y sugestiona al conjunto de individuos que creen en su mesiánicas ofertas, es ese su estado natural.
Y, consecuentemente, responde a su estrategia general de oposición total al presidente Santos y, con mayor énfasis, a la de negociar el conflicto armado con las guerrillas de las Farc-EP, como única salida a los caminos de la paz en Colombia.
Un discurso sin pies ni cabeza, pero dañino, argumentado en la discutible premisa de la Seguridad, de la cual no es que en su mandato de ocho años hayamos los colombianos gozado de ella más y mejor que en uno cualesquiera de los gobiernos de cuatro años que antecedieron al suyo.
Y si así, bastaría cuantificar los costos para saber que han sido los más altos que se hayan podido sufragar para dar la apariencia de seguridad, que es el dividendo que ahora cobra Uribe para invertir en su empresa disociadora internacional.
Que el presupuesto para la Seguridad Democrática se multiplicó, despilfarró y gastó en desmovilizaciones paracas y falsas operaciones militares y de inteligencia, tal vez no sea el asunto más sensible de cuanto hoy alardea Uribe.
Tampoco lo es el desatino en el manejo de la política exterior con las naciones con las cuales compartimos fronteras e identidades afines; ni las cadenas interminables de corrupción, incompetencia y venalidad, propiciadas por altos personeros de su gobierno hoy presos, prófugos o procesados por la justicia.
Sus acciones más cotizadas en ocho años fueron aquellas que llevaron a la consolidación de la ilegalidad en diversos frentes y actividades de la vida nacional y de cuya expansión y fortalecimiento dan buena cuenta la inseguridad que hoy cínicamente le endosa a un Gobierno en el que aun hay ministros, altos ejecutivos, embajadores y cúpula militar, de su más sentida entraña y pensamiento.
Si la Paz con las Farc y otras guerrillas es un derecho constitucional activo de los colombianos que ya empieza tomar forma, es el momento de frenar en seco el discurso de altos funcionarios de la nomenklatura contra la negociación del conflicto armado y la violación de ese derecho, cuyos malos oficios ante Cortes penales, organismos internacionales y gobiernos amigos, no deja de perturbar la andadura y los pasos firmes, seguros y de cara al país, que se vienen dando para su fin incruento.
Que Uribe ande en esas, reiteramos, es su estado natural y su malsana estrategia política proselitista, acorde con la liberalidad que nuestra democracia se lo permite y garantiza.
Pero que el procurador general de la Nación, parte visceral del sistema, de la institucionalidad, sea quien anticipe y promueva, tanto en el interior como en el exterior, la primicia de la ilegalidad de los acuerdos que llegaren a suscribirse con las Farc, esa conducta en funcionario de su jerarquía sí constituye felonía
Cuando menos.
Poeta
@CristoGarciaTap
