Por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) la Comisión de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Comisión (SEC) impuso una sanción por $40 millones de dólares al Grupo Aval y a Corficolombiana propiedad de la familia Sarmiento.
Corficolombiana acordó celebrar un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de EE UU y pagar más de $20 millones para resolver los cargos penales.
Las investigaciones apuntan a determinar responsabilidades por pagos de sobornos en Colombia y corrupción con la multinacional que también se investigan en Brasil y Colombia, sobornos perpetrados para obtener la adjudicación de obras de infraestructura vial Ruta del Sol II.
Con el pago de la multa los implicados quedan eximidos de los cargos ante la SEC, procedimiento previsto en la justicia americana, una especie de principio de oportunidad en Colombia.
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Con lo que se conoce de este acuerdo uno podría deducir que no hay duda que los poderos dueños de Cofinanciara (hoy CORFI), del grupo AVAL, del diario EL TIEMPO, concesiones viales, etc. y su abogado Néstor Humberto Martínez Neira pudieron haber cometido graves acto de corrupción empresarial en el caso de OBREDECHT, lo cual quedó zanjado frente a las autoridades de los Estados Unidos.
Donde creo se centra la discusión es ¿Qué consecuencias tiene el arreglo SEC ante la justicia colombiana? ¿Fue perfecta la estrategia del abogado Martínez Neira y el costoso equipo de abogados americanos para lograr salvar a los sarmientos de las garras de la justicia colombiana?
Pareciera que para ello Martínez Neira llegó a ministro de Justicia (Gobierno de Santos) y luego a Fiscal General (Gobierno Duque) donde ubicó dos fichas claves, a Gustavo Moreno como Fiscal Anticorrupción, ya sabemos cómo terminó por el Cartel de la Toga y a Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación, a quién todos los días lo vemos en sus actuaciones y movimientos políticos y publicitarios y poco judiciales,
Pero con lo que nunca se contó es que a Martínez, presionado por la opinión pública, le tocara renunciar como Fiscal, que Petro fuera elegido presidente de Colombia, ni con el poder de comunicación de las redes sociales que sobre pasa la de EL TIEMPO, Caracol, RCN, todos juntos.
Como senador el hoy presidente Petro tenía información pertinente cuando hizo sus debates que la bancada de gobierno quiso sabotear y hoy como oposición procuran diluir pero cuyos videos que registran los debates tienen más de quince mil visitas y likes.
En este panorama las preguntas que surgen son ¿Cómo juega el acuerdo y las investigaciones SEC ante la justicia colombiana? ¿Podrían los sarmientos firmar un acuerdo similar en Colombia? ¿Será necesario recurrir a un fiscal ad hoc?
Colombia cuenta con un poderoso arsenal jurídico para combatir conductas delictivas que implican el soborno y la corrupción transnacional, es suscriptor de convenciones de OCDE, UN entre otras, todas aprobadas por sus leyes respectivas.
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Es decir, prontamente tendremos el traslado de sentencias, decisiones y material probatorio de las autoridades de EE.U. y por qué no decirlo, contamos con la comprobada gestión en defensa de los derechos del país del Canciller Leyva Dura y Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Surge la desconfianza en buena parte de la sociedad con el fiscal general Francisco Barbosa para conocer la nueva etapa en el caso Odebrecht por no haber dado señales de imparcialidad en ninguna de sus actuaciones, no vincular a los Sarmiento propietarios de grupo empresarial como si no conociera de las investigaciones de la SEC, menos ahora que se destapó y solo se limita a imputar cargos a 33 funcionarios y exfuncionarios de la ANI.
Suficientes razones para declararse impedido o ser recusado por conflicto de interés e inhabilidad que afectaría su imparcialidad de investigación y así permitir que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia solicite al presidente Petro presente una terna para elegir a un fiscal ad hoc para el nuevo caso Odebrecht.
El autor es doctor en Derecho e investigador académico.
