Pese a múltiples y crecientes dificultades, el primer año de Petro se cumplió en medio de logros importantes. El pasado 3 de agosto se inició el cese al fuego con el ELN y se instaló el comité de participación de la sociedad civil, por primera vez en la larga historia de negociaciones de distintos gobiernos con esta guerrilla.
A ello habría que sumarle el repunte de la economía y la reducción del desempleo; la presentación de un presupuesto nacional con fuerte incremento en inversión social; la conformación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y la aprobación de la jurisdicción agraria, todo ello encaminado a poner en marcha la transformación del campo.
Agreguemos, entre muchos otros logros, la renta ciudadana y la sanción de la Ley 2307 que establece la gratuidad en los programas de pregrado en la educación superior. Pero nada de esto fue noticia sino pasó casi desapercibido.
La noticia bomba del aniversario fue el escándalo mediático ocasionado por las declaraciones de Nicolás, hijo del presidente, quien afronta un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En medio de las presiones de la Fiscalía, mencionó el posible ingreso de algunos de estos recursos a la campaña presidencial de su padre, sin suministrar prueba alguna. Más aún, en entrevista posterior negó que el presidente y el gerente de la campaña hubieran tenido conocimiento de esto.
De hecho, en el momento del acuerdo con Nicolás, el fiscal encargado del caso, insistió en tres ocasiones en el compromiso que adquiría el imputado de entregar información sobre la financiación de la campaña electoral y la violación de los topes legales.
A cambio de su libertad, firmó un acta de compromiso para entregar información sobre supuestas inversiones en dicha campaña y otros aportes que, según él, no fueron reportados. Pero eso fue todo, no hay nada más al respecto.
En realidad, como le señaló el juez de conocimiento al fiscal, poco o nada importó la imputación de cargos de corrupción. En medio de un entramado bastante tenebroso, se manipuló la información y se construyó un organigrama, con el único objetivo de implicar a funcionarios del Gobierno Nacional y de eximir a personajes corruptos, como los Char, ellos sí implicados en los hechos de corrupción.
Lo cierto es que los medios de la oposición armaron un escándalo de enormes proporciones. La extrema derecha golpista llegó incluso a pedir la destitución del presidente.
Desde cuando se inició este gobierno, tanto el fiscal general como la procuradora, ambos provenientes del mandato anterior, se han esforzado por liderar la oposición
Pero miremos el asunto en contexto. Desde cuando se inició este gobierno, tanto el fiscal general como la procuradora, ambos provenientes del mandato anterior, se han esforzado por liderar la oposición. Para ello, han recurrido a todo tipo de artimañas y argucias, rompiendo con el Estado de derecho y con la misma institucionalidad.
Recordemos que Francisco Barbosa ha sido amigo y protector de Duque y de Uribe. En medio de su prepotencia e ignorancia, sus contradicciones con este gobierno han sido permanentes. Solo desarrolla investigaciones selectivas, con el único criterio de golpear al presidente.
Se ha opuesto sistemáticamente a cumplir con los requerimientos de la paz total y ha protegido a miembros del temible clan del golfo, tal como lo denunció Petro. Se desentendió de la investigación de los múltiples procesos de los financiadores del paramilitarismo y de sus víctimas.
Ha actuado como defensor de oficio del expresidente Uribe Vélez. Archivó el proceso de la llamada “Ñeñe política”, que lo implicaba. Ha perseguido a los fiscales que se salen de su libreto. Ha dejado pasar los grandes escándalos de corrupción en el Estado.
Sin embargo, lo cierto es que, en medio de tanto conflicto, el personaje encontró la oportunidad para tratar de legitimar el golpe blando, alentar la conspiración contra el Presidente e incluso tratar de llevarlo a un juicio en el Congreso que lo destituya. El golpe blando a Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula en Brasil son un precedente claro.
Hace algunos meses la Fiscalía inició la investigación y casi que de inmediato pasó información privilegiada a Semana, el principal medio de la extrema derecha. Pero el inicio del intento de golpe se dio el pasado 29 de julio, a la madrugada, con una detención preventiva de carácter cinematográfico del hijo y su exesposa, en un operativo mediático de enormes proporciones y lleno de irregularidades.
Por supuesto que la trayectoria de Nicolás y de su exesposa, así como sus delitos, sus vínculos en el mundo de la corrupción y de los clanes mafiosos del Caribe, su escaso o nulo compromiso con el proyecto transformador de Petro, son hechos incontrovertibles. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Como queda muy claro en todo este proceso, el objetivo central del operativo era desatar un juicio de carácter político contra el gobierno de Gustavo Petro. No hay el menor indicio de que el presidente haya cometido alguna irregularidad ni de que hayan entrado recursos ilícitos a la campaña, como lo reconoció en entrevista posterior su hijo. Pero el daño ya estaba hecho.
Hay otro asunto que llama la atención. En medio de una situación personal muy dolorosa, el presidente anunció su decisión de no interferir la investigación. Una actitud opuesta a la de mandatarios anteriores, en especial Uribe y Duque, que utilizaron todo su poder y movieron todas sus fichas para salvar a sus hijos y parientes.
Sin embargo, paradójicamente esto es lo que lleva a Nicolás a hablar y la mayoría de los medios se encargaron de insistir en la supuesta traición de su padre, con lo que se le puso un toque adicional al melodrama.
Finalmente, aunque el golpe parece estar conjurado por ahora, hay que estar alerta. El llamado del presidente a un nuevo acuerdo nacional es fundamental. Se trata ante todo de defender la paz y el Estado de derecho. Un acuerdo que frene la conspiración con múltiples cabezas y el golpe blando que se viene fraguando por quienes se resisten a perder sus viejos privilegios.
