El fiscal Eduardo Montealegre lidera la elaboración de un proyecto de ley que busca que en paralelo al proceso de paz con las Farc y el ELN se logre el sometimiento de las bandas criminales más fuertes en el país -Bacrim-. Para este acercamiento, que se viene dando hace cerca de dos años, los jefes de las bandas criminales le otorgaron poder a sus abogados para que iniciarán el proceso con delegados del fiscal Montealegre como el director de fiscalías Luis González y el vicefiscal Jorge Perdomo. La negociación, en la que ha participado Daniel Rendón Herrera ‘’Don Mario’’ detenido en Estados Unidos y el jefe del clan Usuga o Urabeños, Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', quienes tendrían como uno de sus emisarios al abogado Ignacio Londoño Zabala, ha superado etapas críticas y está a punto de concretarse. La Bacrim que estarían interesados en someterse y negociar, son: Urabeños, Rastrojos, Libertadores del Vichada y Bloque Meta. Cuatro poderosas estructuras criminales con cerca de dos mil hombres en armas dispuestos a someterse a la justicia.
Se trata de una posibilidad que se baraja desde la llegada de Juan Manuel Santos en el 2010 a la presidencia. En los albores de su primer gobierno se puso a consideración de la entonces fiscal Vivianne Morales la propuesta de entrega de los hermanos Comba, por cuya intermediación supuestamente le habrían pagado US$12 millones a dos personas cercanas al Presidente Santos, JJ Rendón y Germán Chica. Una movida que salió a flote por cuenta de declaraciones del paramilitar Don Berna en Estados Unidos cuando en Colombia se estaba en la disputa por la Presidencia. El escándalo llevó a la renuncia de Rendón a la asesoría de la campaña reeleccionista de Santos y a Chica a la dirección de la Federación de departamentos.
Este nuevo proceso ha sido liderado principalmente por la Fiscalía, y aunque el Presidente Santos ha estado al corriente de los detalles, ha preferido, al menos en público, mantenerse al margen para evitar que el tema tome ribetes políticos. En el alto gobierno son conscientes que el proceso de paz con las guerrillas es una negociación política que no puede asimilarse a un salida penal con bandas criminales. De allí el sigilo con el que se ha manejado y la discreción del equipo en el que participa el juez español Baltazar Garzón –asesor del ente investigador en diversos temas-.
El proyecto de ley propone modificar algunos de los aspectos del código de procedimiento penal y de la ley de seguridad ciudadana que contempla penas demasiado altas para delitos como porte de ilegal de armas y otros delitos menores, que una vez modificados, ayudarían a disminuir las penas de los integrantes de las Bacrim que pagarían por sus crímenes más significativos en un contexto de sometimiento y colaboración con la Fiscalía.
Este sería un proceso en el que el vice fiscal Jorge Perdomo ha anticipado que los integrantes de estas bandas no podrán acogerse a beneficios de justicia transicional que se han plateado como mecanismo para viabilizar la paz con las Farc, ya que sus delitos no son considerados conexos al delito político. Estos solo podrán beneficiarse de principios de oportunidad, rebajas de penas y otras prerrogativas ya contempladas en el actual ordenamiento jurídico y en el código penal. Uno de los compromisos sería la no extradición Estados Unidos a menos que tengan en curso negociaciones anteriores a esta nueva ley con la justicia norteamericana.
