La legalización mundial de la producción/consumo de la marihuana (o cannabis) es un hecho incontrovertible.
El acatamiento borreguil de las exigencias de Washington -erradicación forzosa, defoliantes, interdicción, cárcel, medidas de salud pública, etc.-, descarta la legalización/descriminalización e ignora recomendaciones internacionales sobre el control estatal de “todas las fases” del ciclo productivo, a fin pasar de un mercado ilegal violento a otro legal regulado que considere, también, la salud pública, DD. HH., apropiación rentística y resolución de los problemas de violencia, pobreza e injusticia social. El Gobierno debe identificar sus intereses vitales, defender sus valores y su “autonomía”.
La despenalización del Cannabis –producción/distribución/expendio vigilados, para adultos- está contemplada en los Pactos Internacionales (1988), que distinguen el consumo personal, bajo control estatal, de las modalidades delictivas.
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La planta, además de sus propiedades medicinales, tiene atributos nutricionales, gastronómicos, terapéuticos, psicotrópicos, farmacológicos, recreacionales, industriales, etc.
De ahí que, consolidar la “cannabicultura” exige regularizar su cultivo/utilización, divulgar sus normativas, prever la infiltración “criminal”, financiar “emprendedores”, vincular el sector financiero/agroexportador, conquistar/mantener grandes mercados –USA, Canadá, Australia, UE, Asia, etc.-.
Mojigatería significa fingir la observancia rigurosa de reglas morales –privadas/públicas-, conducta inusual entre nuestros legisladores. En Colombia es lícito cultivar/portar/consumir cannabis, ¡pero comprarla es un delito!, dicotomía que puede obviarse normatizando el mercado.
Si la prohibición incentiva el comercio ilícito, la legalización libera al consumidor –compra/uso/calidad/seguridad-, y causa rentas al Estado. En la pasada legislatura el Congreso aprobó ensiete debates la regulación del mercado del cannabis –Art.49, C.P.- y, en el último (8º), lo “hundió”. Pese al fracaso,el proyecto de acto legislativo se radicará nuevamente con altas expectativas de aprobación.
Fueron argumentos en su contra: i-exposición de menores al consumo; ii-allanamiento al uso de drogas duras; iii-incremento del costo de los tratamientos; iv-“aceptación social del consumo”, etc. ¡SIMPLE GAZMOÑERÍA! que pretende perpetuar la ilegalidad, fuente excelsa de ingresos del narcotráfico que financia sus curules.
Los partidarios de la legalización expusieron que la prohibición es causa del crimen y la violencia; ocasiona pingües ganancias a los narcos y despliega las actividades ilícitas.
Afirmaron que, si la droga fuera legal el gobierno podría regular su venta, cobrar impuestos, fijar precios inferiores a los del mercado clandestino, desmantelar la industria ilegítima y mermar la corrupción. Sostuvieron que la criminalidad es más perjudicial que el consumo de sustancias psicoactivas y que es indispensable educar, tal como se hace con el alcohol y el tabaco.
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Expresaron que legalizando las drogas el gobierno contaría con los recursos para financiar el tratamiento, rehabilitación y reinserción de los farmacodependientes.
Los antedichos planteamientos fueron confirmados por una reciente investigación adelantada bajo la dirección de la docente Ángela Dills –Western California University-, quien concluyó que la legalización NO causó aumentos importantes en los índices de consumo de cannabis ni de otras sustancias, NI incrementos significativos en las estadísticas del crimen/violencia, NI acrecentamiento de la narcoeconomía.
Contrario sensu, potenció extraordinariamente los ingresos percibidos por los Estados que legalizaron el consumo de cannabis, estudio que refuta totalmente las irresponsables aseveraciones del mesías Uribe en cuanto a “crear más violencia, acrecer el consumo de marihuana y de otras drogas ilegales, y… la tragedia humana”.
El proyecto pretende reglamentar el mercado, implantar garantías sanitarias, originar fuentes de trabajo y recaudar tributos para invertirlos en educación/salud.
Confundir la regulación con su promoción/consumo es una interpretación malintencionada, pues sus disposiciones se enfocan hacia la prevención, salud pública y garantías para los consumidores. El prohibicionismo NO ha frenado el consumo de cannabis. La implementación de políticas preventivas/educativas permanentes, favorece su control.
El gobierno está retrasado en crear una Empresa Agroindustrial y Comercial del Estado de Cannabis -y Coca-; dialogar con los narcotraficantes y formalizar su rendición incondicional; regularla producción, despenalizar el consumo, descriminalizar el comercio y, simultáneamente, combatirlo -mientras lo legaliza-, con dispositivos profilácticos, pedagógicos, coercitivos, rehabilitatorios y reincorporativos.
La orientación actual del Gobierno debe ser EDUCAR, PREVENIR, LEGALIZAR, CONTROLAR, DESMOTIVAR Y PERSUADIR.
