A casi nueve años de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en un pequeño municipio en el sureste mexicano, nuevos detalles siguen saliendo a la luz. El más reciente informe del GIEI muestra "los distintos niveles de implicación y responsabilidad de los distintos niveles de Estado en el ataque a los 43", según explicó Carlos Beristáin, uno de los investigadores que lideró la presentación este 25 de julio.
En un auditorio donde las familias de algunos de los 43 jóvenes desaparecidos escuchaban atentamente el desglose de los nuevos hallazgos del grupo de expertos, mismo que señala que los cuerpos de seguridad del Estado han estado involucrados en el caso, desde la cooperación con el grupo criminal Guerreros Unidos -al que se le atribuye parte la autoría material del crimen-, hasta la negligencia para "borrar las huellas" de su participación.
"Los miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y con base en esa tortura se hizo la llamada 'verdad histórica', junto con SEIDO (Subprocuraduría especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) y la PGR (Policía General de la República)", afirmó Beristáin.Fotografías de algunos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa son exhibidas durante una conferencia de prensa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la Ciudad de México, el martes 25 de julio de 2023. AP - Eduardo Verdugo
Carlos Beristáin y Ángela Buitrago fueron los encargados de presentar el informe, las piezas restantes de un equipo que vio dos de sus cuatro integrantes partir de los esfuerzos el año pasado y que lamentan que su labor se haya convertido en una "carrera de obstáculos" en consecuencia a la negativa del Ejército mexicano por suministrarles documentación vital para reconstruir con veracidad los hechos de aquella noche de 2014.
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Versiones cruzadas y "errores involuntarios"
A pesar de las dificultades impuestas por la falta de cooperación de distintos organismos de las Fuerzas Armadas de México, el GIEI logró recopilar documentos provenientes de la Secretaría de Defensa (SEDENA) que demuestran la existencia de un centro de inteligencia del Ejército en el municipio de Iguala -lugar donde desaparecieron los estudiantes- que interceptaba comunicaciones de Guerreros Unidos en la zona.
Un reporte suministrado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ), ente gubernamental establecido por la Administración de Andrés Manuel López Obrador para apoyar al GIEI, indica que este centro habría interceptado comunicaciones entre dos miembros del grupo criminal en donde conversaban sobre la posible ruta que iban a tomar los estudiantes hasta ese momento secuestrados.
El apunte principal del informe en este rubro es que la SEDENA tenía conocimiento sobre esas comunicaciones las noches del 26 y 27 de septiembre, y por algún motivo, decidieron no actuar, al menos en favor de los estudiantes. El GIEI también afirma que hay un documento en su poder que confirma la complicidad entre la Policía Estatal de Guerrero con el grupo criminal, esto con conocimiento explícito del Ejército mexicano.
El escrito también expone que miembros de las Fuerzas Armadas han modificado sus testimonios a raíz de los descubrimientos del grupo de expertos, acentuando que algunos siguen sin concordar con las pruebas en su poder. Acusan principalmente al general José Rodríguez, que fue comandante de uno de los pelotones militares que estaban en Iguala esa noche.
Rodríguez alegó que no estuvo presente en las cercanías del lugar de la detención de los estudiantes, sin embargo, datos recopilados de su celular muestran que sí se encontraba en el centro de Iguala en la noche del 26 de septiembre, cerca al cuartel de la Policía Federal durante el proceso de detención de los jóvenes.
"Fue el Estado, sigue siendo el Estado"
Despedido por los familiares de los desaparecidos con esas consignas, el GIEI termina sus funciones con este sexto reporte.
Un escrito que aclara el camino del caso y confirma, de nueva cuenta, la participación del Estado en el crimen, pero que aún no logra contestar las preguntas que las familias de los desaparecidos llevan haciendo desde hace nueve años: ¿Quién se los llevó y por qué?
En su conferencia matutina, el presidente mexicano se mostró "agradecido" por la labor del grupo de investigadores y reiteró que su Gobierno va a seguir con las labores por su lado para "que se conozca toda la verdad".
"Es un compromiso que lo voy a cumplir, lo estoy cumpliendo, se ha avanzado y mucho. Deben estar detenidos como 120, 130 personas, civiles, y servidores públicos y se ha avanzado bastante. En otros países no se llega a tanto", sentenció López Obrador.
El mandatario no fue cuestionado sobre los alegatos del GIEI de la falta de cooperación del Ejército mexicano para la investigación, específicamente en el préstamo de documentos de la institución, que se escuda en que "no los encuentran" y que las imprecisiones en el discurso de sus miembros son "errores involuntarios".
Un "crimen de Estado", como lo ha calificado la COVAJ, manchado por el secretismo oficial, la negligencia militar, la pasividad de Palacio Nacional y el dolor de las familias de los 43 normalistas desaparecidos que desde hace casi una década exigen Justicia por los suyos.
