Es inconcebible la explotación, próxima a la esclavitud, a la que son sometidas innumerables empleadas domésticas y mayordomas en Colombia. Muchas de ellas trabajan desde el amanecer y solo descansan luego de planchar o hacer oficios hasta altas horas de la noche, o cuando ya no las requiere ningún habitante de la casa.
Lo más triste es que casi todas lo hacen sin protestar, porque temen perder sus empleos, porque ignoran la ley que establece una jornada laboral de ocho horas o, lo que es peor, porque creen que así debe ser.
En Antioquia, el departamento donde nací y resido, el asunto es lamentable. Los paisas somos dados a pasear, los fines de semana o en las vacaciones, en las fincas propias o en las de familiares y amigos. Duele atestiguar que, en la mayoría de ellas, se les paga a las mayordomas por día de trabajo solo cuando están los propietarios o sus invitados, sin tener en cuenta que durante su ausencia ellas se la pasan dándole mantenimiento a la casa.
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Muchos patronos les inculcan que deben sentirse agradecidas por tener techo y, a veces, comida gratuitos, aunque a menudo les ofrecen una alimentación muy distinta a la que ellas, sus “sirvientas”, les preparan. No las consideran dignas de comer lo mismo y las obligan a hacerse potajes diferentes, con el pretexto de que brindarles alimentos iguales les saldría muy caro, o porque piensan, para sus adentros, que los paladares de las humildes “muchachas”, como habitualmente las llaman, no aprecian las sutiles diferencias de los sabores y que sus estómagos se satisfacen con cualquier bazofia.
Casos extremos de indolencia y sometimiento se presentan en algunas fincas y haciendas, donde los hogares de los mayordomos no tienen energía eléctrica, aunque las líneas y el transformador estén a tiro de piedra. Así el “amo” se asegura que sus sirvientes no se trasnochen viendo televisión y madruguen bien temprano a ordeñar las vacas y a rascarles las pulgas.
Por estas latitudes, y en el resto del país, gran parte de las empleadas domésticas y de las mayordomas no cuentan con un salario mínimo, y mucho menos con seguridad social. Para ellas no hay primas ni prestaciones ni cesantías, y tampoco se les paga la pensión que les permitiría jubilarse algún día. En manos del gobierno está realizar campañas que les expliquen sus derechos y que las orienten para exigirlos. Es la manera más idónea de lograr que cese el abuso que a diario, en cientos de miles de casos, hiere sus humanidades.
