El director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda de Colombia anunció la semana pasada la emisión de bonos verdes por un “billón” de pesos en el mercado local. Los bonos verdes son títulos de deuda con etiqueta verde que indica que ese capital se invertirá en proyectos relacionados con objetivos ambientales y climáticos. El tema de las finanzas verdes y climáticas no solo es prioritario para el gobierno colombiano, también es una gran apuesta de la comunidad internacional. Hace tres semanas, el 22 y 23 de junio, se reunieron en París los presidentes de Francia, Colombia, Sudáfrica, y varios otros altos representantes de entidades públicas y privadas, a discutir un nuevo pacto financiero mundial, donde se revisa y actualiza los objetivos de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, ante la crisis climática. Esta semana el presidente de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático a celebrarse en noviembre, anunció que uno de los cuatro temas centrales va a ser el de “arreglar las finanzas climáticas”. Paralelamente a la expansión del mercado de los bonos verdes y de la revisión de las finanzas climáticas, Colombia ratificó en 2022 el Acuerdo de Escazú de participación ambiental, que sirve como marco para entender y posiblemente regular los bonos verdes.
En los últimos años se ha venido expandiendo el mercado de las finanzas verdes y climáticas en Colombia y el resto de Latinoamérica con instrumentos financieros de deuda como los bonos verdes, que gobiernos nacionales o locales, o empresas públicas o privadas, pueden emitir en las bolsas de valores para obtener dinero que luego tendrá que pagarse de vuelta con su respectivo interés y que va destinado a proyectos o gastos etiquetados como verdes. Por ejemplo, en 2016 el Gobierno de la Ciudad de México emitió un bono verde por mil millones de pesos mexicanos en la Bolsa Mexicana de Valores para financiar proyectos de transporte sostenible, eficiencia energética e infraestructura de agua. Entonces, ¿ante la expansión de los bonos verdes, cómo se aplicaría el Acuerdo de Escazú de participación ambiental en América Latina y el Caribe?
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina CEPAL, institución a cargo de la Secretaría del Acuerdo de Escazú, sobre el entrecruce entre las finanzas verdes y Escazú dijo el año pasado que: “Hay quienes le temen al Acuerdo de Escazú porque va a impedir inversiones... ¡Al contrario! Este acuerdo puede lograr que las inversiones sean sostenibles, con la participación de las comunidades. Si ellas son parte de la aprobación de un proceso hay más posibilidades de que sean sostenibles ambientalmente y sostenidas en el tiempo”.
No obstante, no está claro si los actores financieros privados adoptarán el Acuerdo de Escazú por su propia iniciativa como una forma de reducir el riesgo, si por el contrario se retirarán ante la preocupación por el mayor costo de invertir dinero en los países que implementan Escazú, o cómo los Estados que ratificaron Escazú les van a aplicar este Acuerdo a las inversiones verdes. Por eso es importante revisar la integración de los pilares de Escazú a la expansión del mercado de bonos verdes.
Es importante revisar la integración de los pilares de Escazú a la expansión del mercado de bonos verdes
Acceso a la información ambiental bajo el principio de máxima divulgación (Artículos 5 y 6 de Escazú). Los bonos verdes se emiten en el mercado financiero privado, lo que podría estar bajo las restricciones de acceso a la información según la ley comercial y financiera. Esto abre un campo de tensión e investigación sobre cómo se divulgará o restringirá la información relacionada con los bonos verdes.
Participación pública en la toma de decisiones ambientales (Artículo 7). El bono verde es un título de deuda; por lo tanto, una vez emitido el bono, los compromisos financieros vinculan las acciones futuras del emisor y la ejecución del proyecto. ¿Cómo funciona la participación, la consulta y el consentimiento ante la adquisición de compromisos financieros verdes?
Protección adecuada de las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales (Artículo 9). Sin la plena satisfacción de las condiciones básicas contenidas en el Acuerdo de Escazú, cualquier nuevo instrumento financiero puede reproducir las externalidades ambientales y sociales existentes o generar otras nuevas. Debido a esto, la expansión de los bonos verdes y otras formas de finanzas verdes debe suspenderse si hay personas defensoras bajo riesgo en su vida e integridad.
Entonces, aunque parezca un tema denso, las finanzas verdes y climáticas, incluidos los bonos verdes, necesitan de mayor participación y rendición de cuentas, pues mueven recursos importantes para la adaptación y mitigación al cambio climático. El Acuerdo de Escazú podría ser una herramienta para fomentar la participación en las finanzas verdes, aunque con todas las garantías necesarias en contextos complejos.
