Para enfrentar al sistema de salud en Colombia es necesario tener la fortaleza de dos tanques de guerra, la paciencia de Job, el tiempo de Proust y la resistencia de los triatletas. Pero ocurre que quien se enfrenta a él tiene la vida comprometida. Un enfermedad letal en estado avanzado o por fuera del POS. Se acerca a él con temor a enfrentarle porque entiende que su vida está en peligro. No es su voluntad acercársele. Lo hace por necesidad. Porque en el ser humano existe el instinto de supervivencia. Sabe que las fórmulas y las atenciones con especialistas requieren de un tipo especial de súplica para el que no es suficiente la tutela. Los costos y la inversión parecen estar por encima de la vida. Cuando un sistema de salud se dinamiza para hacerse autosostenible, en un Estado social de derecho, no solo es incoherente, inconstitucional sino que además desnaturaliza la esencia de la salud y de la vida como derechos fundamentales. Los mercantiliza y los expone a la lógica perversa de la oferta y de la demanda. Así ha sido desde que se aprobó la Lay 100 de 1993 y sus múltiples decretos reglamentarios. La oportunidad de mercado de las entidades prestadoras del servicio se ha puesto por encima de la protección de los derechos fundamentales. Pero este diagnóstico que se confirma todos los días en salas de urgencias de las entidades prestadoras del servicio parece ser un problema ajeno a todas las autoridades. De interés solo para quien tiene la vida comprometida y se atreve a dar la pelea.
El caso de Camila Abaubara es uno más en la larga lista de víctimas, que una a una, han visto como la vida se les va como el agua entre las manos. Y siempre habrá una excusa. Una alerta temprana no detectada. Una tutela que solo se resolvió favorablemente en segunda instancia. Un error en el procedimiento. Un mal cuidado posquirúrgico. Una fotocopia de la cédula que no era al 100 sino al 200%. Un paz y salvo. Una preexistencia. Un copago. Un término exigido de fidelidad al sistema. Incapacidad física. Incapacidad técnica. Objeción de conciencia para cumplir lo que la Constitución y a ley autorizan. En fin, de las excusas puede redactarse un vademécum completo en favor de las entidades a través de las cuales expían sus culpas.
En Colombia la salud, al igual que muchos otros derechos, no ha sido tomada en serio. La larga historia de las víctimas pone en evidencia un sistema indolente y mezquino. Nuestros pacientes y nuestras víctimas han intentado asegurar la salud y la vida digna. Han acudido a todos los medios técnicos y mediáticos para denunciar una falla sistemática. Han quedado en el intento, pero han dicho lo suficiente para advertirnos a todos que la vida, la salud y la dignidad no tienen precio. Y que en todo escenario de vida posible vale la pena luchar hasta el último aliento. Así lo hizo Camila y de seguro, muchos más. Para sus familias, toda nuestra voz de aliento y de solidaridad.
John Fernando Restrepo Tamayo
Politólogo y profesor de Teoría constitucional
