Resulta imposible entender este tema si no partimos de la compresión rotunda de un principio esencial de la democracia: en la democracia, nadie, absolutamente nadie, ni el más famoso ni el más rico, ni mucho menos el presidente de la República, puede estar por encima de la Constitución y la Ley.
Este principio tan esencial significa, también, que la Constitución y la Ley están por encima de las controversias de tipo ideológico o político, por lo tanto por encima de eso que han dado en llamar “la polarización política”. Aquí nuestra Constitución ordena, entonces, otra claridad muy clara: en Colombia, nadie puede ser juzgado en razón de sus convicciones ideológicas y políticas. Pero con la claridad, también, de que nadie puede ampararse en sus posturas ideológicas y políticas para eludir su obligación de acatar y cumplir la Constitución y la Ley. Con más veras aún, si se trata del presidente de la República que juró en su posesión en los términos que le establece el artículo 192 de la Constitución: “El Presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará juramento en estos términos: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia””.
Lo planteo por una razón muy sencilla: porque Petro anda con el cuento de que las “clases medias arribistas” estamos conspirando un “golpe blando” en su contra en razón de que es el primer gobernante de izquierda.
No señor. Falso de toda falsedad. Aquí nadie está planteando que a Petro hay que adelantarle el Juicio Político porque sea de izquierda sino porque violó la Constitución y la Ley. Lo que dice la Constitución es que cuando un presidente viola la Constitución y la Ley debe ser juzgado. No importa si es de izquierda, de derecha, de centro o de lo que sea.
Con el Movimiento Cívico presentaremos una nueva denuncia en la Comisión de Acusaciones porque Petro, como presidente de la República, violó los artículos 22 y 22A de la Constitución.
Artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.”
Artículo 22A. Adicionado. Acto Legislativo 5/2017, art.1º: “Como garantía de no repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes.
La ley regulará los tipos penales relacionados con estas conductas, así como las sanciones disciplinarias y administrativas correspondientes.” Notas: La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-76 de 25 de julio de 2018, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos, declaró exequible el Acto Legislativo 5 del 29 de noviembre de 2017, “Por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado”.
Gustavo Petro, como presidente de la República ha violado sistemática y permanentemente este mandato constitucional
Gustavo Petro, como presidente de la República ha violado sistemática y permanentemente este mandato constitucional.
He venido denunciado la estrategia de milicianización de Petro que tiene como propósito destruir la democracia y hacer colapsar la Constitución. El país es testigo del crecimiento exponencial del control territorial que ejercen las organizaciones criminales en múltiples regiones de nuestra geografía, así como del crecimiento, también exponencial, de la inseguridad que apabulla a nuestras ciudades.
Le pedimos a la ciudadanía, y muy particularmente a los medios de comunicación y a los líderes de opinión, que comprendamos que estos hechos no deben seguir siendo registrados como unos “escándalos más del gobierno de Petro”. Estos hechos constituyen actos contra la Constitución y la Ley que deben ser juzgados.
Colombia no aguanta tres años más de milicianización desde el gobierno. Tenemos que salvar la democracia. Es obligación de todos.
Si quieres profundizar en las pruebas que dan fundamento a esta nueva denuncia, te invitamos a que nos encontremos de nuevo en nuestro Cívic@sLive de este miércoles 12 de julio a las 8:00 pm. Entra a movcívico.com y encontrarás en link para entrar a la reunión. Te esperamos.
