Vislumbrando la cinematografía como un campo propicio para la transformación social en la trama de la «sociedad de la información», pudo concertarse la Ley de Cine (Ley 814 de 2003), y posterior a esta un andamiaje mucho más sólido de financiaciones, facilidades y políticas centradas en hacer de Colombia un trascendental escenario audiovisual de producción, servicios, circulación y movilización pública en torno a este sector cultural.
Antes y, a decir verdad, en reiterados chispazos de interés que no tuvieron eco, se habían discutido entre gobiernos, legisladores y agremiaciones otros mecanismos; incluso la creación de fondos mediante apropiaciones del presupuesto del Estado, impuestos a la taquilla o gravámenes a las películas extranjeras. Ninguno prosperó.
De manera que en un contexto social y económico complejo y surgida de trazos de la concepción que en cierto modo ambicionó la Ley de Cultura adoptada unos años atrás (1997), la nueva regulación del cine articuló un modelo de incentivo para expandir la oferta de obras locales, en equilibrio meticuloso con otros eslabones de formación, divulgación, intercambio comercial, infraestructura o derechos de acceso de la comunidad.
Varias premisas fueron primordiales: la comprensión de que siendo la industria cultural cinematográfica una cadena de valor, no era posible en modo alguno estimular o fortalecer un específico eslabón (por ejemplo, la producción) imponiéndole costos a otro (como sería, verbigracia, un gravamen a la exhibición).
Cualquier diseño debía ser armónico en cuanto a cargas, aportes y estímulos a todos los partícipes, incluso en la búsqueda de que esto tenía que lograrse sin imponer mayores precios al público y, de ser posible, disminuyéndolos.
Era necesario construir la financiación del cine por el mismo cine
Era necesario construir la financiación del cine por el mismo cine. Decantar cuánto aportaba éste por la vía de impuestos, pagos y transacciones a las cuentas nacionales (representatividad en el PIB), para reintegrarle con criterio de equidad, si no todo, al menos una parte, lo que terminó siendo el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico que financia estas iniciativas (más de $ 331.023 millones recaudados 2004-2022).
El concepto de responsabilidad social empresarial en función de la redistribución de utilidades hacia mejores condiciones de vida para las comunidades, y el de asociación entre el Estado y los particulares (asociación público-privada), frecuente manipulado por empresarios para eludir cargas tributarias o maquillar estados financieros, buscó en esta ley rutas transparentes de gestión.
De allí nació el incentivo tributario a los contribuyentes del impuesto sobre la renta cuando aportan dinero efectivo a proyecto cinematográfico, con la restricción perentoria de no incidir en los contenidos artísticos como se hacía en el paso en la usanza del “mecenazgo” ($ 390.000 millones canalizados al cien colombiano mediante este incentivo).
El balance, tanto si se aprecia lo sucedido con la industria cinematográfica como si se amplía su foco al desarrollo económico y social alcanzado, comprueba la eficacia de estos instrumentos: entre 2004 y 2022 desde la vigencia de la ley de cine, se estrenaron 485 largometrajes colombianos en salas; en el mismo período se estrenaron allí 564 cortometrajes colombianos nuevos; entre 2013, cuando se aprobó la ley 1556 de filmaciones en Colombia y 2022, se han aprobado 112 proyectos audiovisuales extranjeros para trabajos de rodaje y posproducción en Colombia con una inversión superior a 1.5 billones de pesos en servicios 100% locales que, entre otros indicadores generaron en ese período miles de empleos nacionales; en todo el siglo XX, apenas si se rodó menos de una decena de películas extranjeras en el país.
Filmes colombianos ganaron premios internacionales de relevancia lo que por supuesto se nutre de una cinematografía importante de épocas anteriores.
En 2003 había en el país alguna academia de cine universitaria; hoy son decenas. Políticas públicas, agremiaciones, consejos territoriales de promoción audiovisual, escritores, público, precios, cineastas, artistas, técnicos, exhibidores, infraestructuras, distribuidores, medios de divulgación, incidencias económicas, entre otros actores de esta industria cultural también se han expandido en este tiempo. Un circuito virtuoso de estrategias comunitarias, artísticas e institucionales.
La Ley de Cine (2 de julio de 2003) cumple, pues, 20 años con éxito.
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*Capítulo del libro Cinematografía en Colombia, tras las huellas de una industria, 2023, Icono Editorial – Proimágenes Colombia, en librerías.
