Niños wayúu de La Guajira que se mueren de hambre, no hay agua, minería extractiva con un gran daño ambiental, recibiendo millonarios recursos de regalías por el carbón del Cerrejón en medio de conflictos sociales y generación de energía alternativa con todas sus posibilidades, pero igualmente enredada.
Riqueza natural y humana, pero la pobreza ronda y a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional que exige proteger los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas wayúu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, en el Departamento de La Guajira, nada funciona. De allí, la visita del presidente Gustavo Petro con todo su gabinete a gobernar cuatro días desde la península.
Juana Cordero Moscote es una guajira nativa y líder social. Forma parte de las nuevas generaciones que buscan superar las viejas prácticas políticas que llevaron a que, para no ir muy lejos, diez gobernadores, entre ellos, Kiko Gómez, Oneida Pinto, Hernando Deluque o Álvaro Cuello terminaron comprometidos en casos de corrupción relacionados con irregularidades en contratación pública en los últimos 25 años. Cordero quiere que el futuro sea distinto y conversa con Juan Manuel Ospina.
Juan Manuel Ospina: Juana, un gusto tenerte para conversar, aunque sea a distancia. ¿Como ves la situación actual y valga decirlo, con una corrupción enorme en la política como telón de fondo con un puñado de Gobernadores de La Guajira que han acabado presos o no han terminado el período, una sociedad entrabada?
Juana Cordero Moscote: Gracias por esta conversación, Juan Manuel. Y sí, en La Guajira hemos estado sentados sobre la plata y hoy como región y como ciudad, Riohacha, somos el reflejo de las acciones de los gobiernos que hemos tenido. Y ahí, la manera de hacer política ha sido crítica, la política del todo vale, que se traduce en gobiernos sin resultados, sin propósitos y la consecuencia es una población sumida entre la desconfianza y la desesperanza.
La motivación principal de la visita del Presidente es el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional por la tragedia humanitaria que viven las comunidades indígenas wayúu y los problemas cubren a toda la población.
Para empezar, en La Guajira no hay agua. Hay sed a pesar de contar con riquezas como la represa del río Ranchería que tiene trece años de estar ahí contenida y en vez de ser una solución como se previó en su momento para que abasteciera de agua a quince municipios de nuestro Departamento, llegando incluso hasta Uribia, más bien se convirtió en fuente de perjuicios para muchos campesinos que han visto cómo sus cultivos han terminado inundados. Y la represa, además, buscaba regular el riego para los cultivos teniendo en cuenta que nuestros indicadores de seguridad alimentaria tampoco son los mejores. Se veía en esta gran represa la posibilidad de un desarrollo hidroeléctrico. Allí, hay una gran frustración.
J. M. O.: Conocí el proyecto del río Rancherías que nos cuentas y casi que están allí las soluciones para los problemas más críticos de La Guajira. Uno lo que ve es que falta una voluntad política, están los recursos y la plata se ha ido para otros lados. No hay prioridad ni voluntad ciudadana para exigir lo que tienen derecho. Eso se junta con la corrupción y tienes la tempestad social, económica y ambiental perfecta. ¿Cómo ves eso?
J. C. M.: Otra de las principales necesidades que tenemos es que las personas que toman decisiones sean confiables. Se quiere resolver el problema de hambre y pobreza con la visita del Presidente, pero empecemos a resolver el problema del agua y generemos productividad a través de esos proyectos. En 2017, cuando la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional dijo qué era lo que había qué hacer y cómo hay que hacerlo…
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