El martes pasado, mientras transcurría la marcha contra el gobierno, la reforma laboral se hundió en la Comisión VII de la Cámara. No hubo debate, porque tampoco hubo quorum. Pero no todo está perdido. El Pacto Histórico insistirá en presentarla de nuevo en la próxima legislatura y volveremos a marchar.
La reforma fue radicada en el Congreso hace tres mese por el presidente y la ministra. Como todas las propuestas de este gobierno, antes de conocerse su texto, generó duros ataques de los gremios, empresarios, partidos de oposición, la derecha y la extrema derecha. Que acabaría con la producción, la industria, el empleo, la inversión extranjera, la confianza inversionista, fueron los clamores que se escuchaban a diario, siempre con el objeto de sembrar duda y desconcierto.
Para entender la trascendencia de esta reforma para el gobierno, la sociedad y la clase trabajadora hay que volver décadas atrás. En los años 90, el Consenso de Washington impuso un conjunto de medidas, cuyo objetivo central era incrementar las ganancias de los grandes capitales, extranjeros y nacionales, así como el poderío de EE. UU. Un giro muy acorde con la época.
Punto clave de esta estrategia fue la llamada flexibilización laboral: arrasar con la estabilidad en el empleo y generalizar el empleo precario; eliminar derechos laborales y sindicales adquiridos durante años de lucha.
En los numerosos calendarios transcurridos desde entonces, todos los gobiernos colombianos emprendieron múltiples medidas que afectaron las condiciones de vida y de trabajo de la población, tanto en la ciudad como en el campo.
El ajuste fiscal, la privatización de lo público y el deterioro de la industria y la agricultura nacionales a favor de los conglomerados internacionales fueron determinantes. Además, hicieron más complejo el conflicto armado y su impacto, como ha sido ampliamente documentado.
En el campo laboral fueron dos las reformas más críticas y de mayor impacto social. La primera, la Ley 50 de 1990, aprobada durante la “revolución pacífica” de Gaviria, con ponencia del entonces senador Uribe, que sentó las bases para la transformación neoliberal en materia laboral.
La segunda fue la Ley 789 del 2002, presentada y aprobada en el gobierno de la Seguridad Democrática. Esta reforma le confiscó a la clase trabajadora algunos derechos y garantías que todavía sobrevivían a la arremetida neoliberal.
Dichas reformas específicas y las demás que deterioran las condiciones sociales y laborales siguen siendo nefastas. Los informes periódicos y detallados sobre concentración de riqueza, tierra e ingreso en este período no dejan dudas. Los registros de Colombia al respecto son escandalosos, pero la tecnocracia neoliberal mira para otro lado. Y lo sigue haciendo, aún después del estallido social.
La crisis económica y social, agravada por la pandemia y la desidia del gobierno Duque se ensañó con el trabajo y la situación de las mujeres. El incremento del trabajo de cuidado no remunerado y el deterioro de la inversión pública y social han llevado a un número creciente de mujeres a sobrevivir de la informalidad, en todas sus expresiones y con todas sus limitaciones.
Así lo confirman los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2022 y la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo, ENUT del año 2021. Las mujeres siguen dedicando más tiempo al trabajo del cuidado y menos al trabajo remunerado y ello reproduce la desigualdad.
Entonces, señores empresarios y dueños de las finanzas y de los conglomerados mediáticos, con frecuencia los mismos, la responsabilidad no la tiene la clase trabajadora sino ustedes. ¿Qué han hecho con las ingentes ganancias obtenidas? ¿Cuántos empleos han generado en medio de tanta bonanza? ¿De qué sirvieron las cuantiosas exenciones tributarias? ¿Conocen los paraísos fiscales?
La reforma laboral presentada por el gobierno, “Trabajo por el cambio”, se construyó en las mesas tripartitas en las que participaron las centrales sindicales, los gremios de la producción y el gobierno. Recogió 3.000 propuestas en 34 de los diálogos regionales vinculantes, en los que se forjó el Plan de Desarrollo.
Durante casi un semestre, este proceso fue acompañado por la OIT, Banco Mundial, ONU, Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). Tomó experiencias exitosas de otros países como Argentina, Chile, España y México.
La reforma quiere ante todo devolver derechos adquiridos y perdidos por las reformas anteriores. Se trata de proteger a 22 millones 32 mil personas ocupadas en el país, de los cuales el 40,8 %, 8 millones 992 mil son mujeres y 13 millones 40.000 hombres, el 59,2 %. Busca la recuperación económica, mediante la reactivación del mercado interno.
En términos sencillos, plantea los siguientes puntos:
- Priorizar la contratación a término indefinido, garantizar estabilidad laboral, reducir la intermediación, la informalidad y la precarización. Acceso a la seguridad social y defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora.
- Recuperación del pago de horas extras y dominicales.
- Protección del trabajo en plataformas y repartos, garantizar pago mínimo, seguridad social y derechos sindicales, así como el pago de impuestos en Colombia por parte de dichas empresas.
- Promover igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, adoptar medidas para evitar allí la discriminación, el acoso y la violencia de género.
- Contrato laboral para aprendices.
- Regulación del trabajo del servicio doméstico.
- Formalización del trabajo rural, mediante el establecimiento del jornal agropecuario para hombres y mujeres.
- Reducción paulatina de la jornada laboral, acorde con normas de la OECD.
- Aumento de la licencia de paternidad a 12 semanas e igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Teniendo en cuenta las difíciles condiciones laborales y sociales de la mujer, todas estas medidas, sumadas a muchas otras que se anuncian y emprenden, favorecen la igualdad de género y la vinculación de la juventud al mercado laboral.
No hay duda, la lucha por la reforma laboral y por las demás reformas sociales sigue más vigente que nunca. Revierte la tendencia neoliberal. Como dijo Petro, la paz se construye mediante un pacto social, lo que significa, entre otras cosas, estabilidad del pueblo trabajador y mejores condiciones laborales.
