Sin esperanza quedaron hace casi una década los familiares de 33 niños incinerados dentro de un bus contratado por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para llevarlos y regresarlos a sus casas en el municipio de Fundación (Magdalena) ese trágico 18 de mayo de 2014.
La tragedia ocurrió cuando Jaime Gutiérrez, conductor del bus afiliado a la empresa Coficonortin Ltda de Barranquilla quiso cambiar el tipo de combustible en el bus de placas UVS556 lo que provocó la explosión y dejó luto en las familias de los menores de edad.
En el momento de la explosión y el incendio, los 33 niños regresaban de actividades organizadas por la Iglesia liderada por Manuel Ibarra, quien en ese momento había asumido la responsabilidad de tener bajo su cuidado a los niños que iban en bus.
Gutiérrez fue condenado a 40 años de prisión por el delito de homicidio simple con dolo eventual en concurso homogéneo e Ibarra recibió una condena de 60 años que estuvo pagando hasta 2021 cuando falleció en una cárcel de Barranquilla como una de las 150.000 víctimas de COVID-19 que hubo en el país durante la pandemia.
Ahora y tras nueve años de larga espera por parte de los familiares de las víctimas incineradas en el bus que no tenía las condiciones adecuadas para prestar ese servicio, el Tribunal Administrativo del Magdalena falló y condenó a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a pagarles indemnización por la pérdida de sus seres queridos como lo había solicitado el abogado penalista Carlos Mauricio Ramírez Gaitán.
Con esta condena a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, las familias tendrán que iniciar ahora otro largo proceso de conciliación para pactar la compensación económica. El monto de los recursos acordados, se destinarán al fondo para la protección de los derechos colectivos y se los entregarán a los miembros de las familias afectadas.
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