Mientras unas administradoras privadas se van de frente contra la reforma pensional y otras lo hacen con disimulo, lo real es que todas han conformado una diabólica alianza fundamentada en sus intereses comunes, pero también en los criterios del Comité de la Regla Fiscal, organismo surgido de las recomendaciones del Banco Mundial, el FMI y la OCDE.
Esto hace que las coincidencias que se dan entre todos ellos sean de clara índole neoliberal y que se expresen especialmente en aspectos como los umbrales de las aportaciones a Colpensiones y a los fondos, los regímenes especiales, la inembargabilidad de las pensiones, el pilar solidario, los incrementos anuales de las mesadas, las semanas a cotizar, la edad de jubilación, el porcentaje de cotización y la tasa de reemplazo.
Como se deduce de los criterios de los fondos sobre los anteriores aspectos, la intención de ellos es la de socavar las expectativas favorables que respecto de la reforma tienen los sectores laborales, al igual que los excluidos hasta hoy de toda posibilidad pensional.
Un aspecto que a mi juicio resulta inaceptable es el de fijar el monto máximo de captación de aportes de Colpensiones, no en cuatro, como se anunció en campaña, ni en tres, como se estableció en el proyecto de Ley, sino en un mísero salario mínimo, al tiempo que obliga a todos los trabajadores que devenguen un salario superior a aportarle a los fondos privados sobre lo que exceda de tal valor. Aceptar tal lindero haría que el Estado perdiera toda posibilidad de reducir los 19 billones de pesos con que anualmente subsidia a Colpensiones y de financiar con tales ahorros los aportes al pilar solidario, al tiempo que pondría a Colpensiones en calzas prietas para atender las obligaciones con el pilar semicontributivo surgidas de la reforma.
Las anteriores serían conquistas innegables para los propietarios de los fondos privados, los sectores financieros, a las que podrían agregarse otras de descomunal factura, como la de garantizarles a bancos y corporaciones financieras el poder embargar las pensiones en caso de que quienes las detentan incurran en dificultades para atender sus obligaciones. Si a esto se agrega el que los pensionados no logren que sus mesadas se incrementen en la misma proporción del salario mínimo legal y que los aportes a las EPS no se reduzcan al 4%, que es lo que pagan los trabajadores activos, el sabor que va quedando en la boca de estos y de los ya pensionados es de mucha preocupación.
Por todo esto, los pensionados, los trabajadores activos y los mayores adultos estarán acompañando a Petro en las calles.
