Recientemente se conoce el texto aprobado de la Ley 2294 de mayo 23 de 2023 o Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 Colombia potencia mundial de la vida. Ahora bien, según las cifras que aporta la violencia habría que pensar mejor eso de potencia mundial de la vida. Más allá de la acostumbrada grandilocuencia de la política criolla, el tema de la paz total es parte de los ejes trasversales de dicho plan según lo contenido en el artículo 4.
Sin entrar en discursos academicistas tan comunes por estos lares, el primer problema que tenemos está relacionado con la compresión de la palabra paz. Habrá que preguntar ¿Qué es eso de la paz? Tal parece que entendemos firmar documentos, desarmes, etc. Para problematizar el asunto, es conveniente recordar que las cosas difícilmente pueden definirse en términos absolutos, en tal sentido, eso de la paz total es complejo desde su propia formulación.
De lo corrido del año van 37 masacres. Un asunto que debería generar una profunda discusión que lleve a las autoridades a redefinir estrategia y táctica. Con esto no se quiere llevar al paredón al gobierno argumentando que son éstos quienes están detrás de las masacres. Más allá de la hoguera digital o justicia tuitera, el problema es grave. Ya la delincuencia se encuentra instalada cómodamente en las ciudades donde roban a plena luz del día, sin dárseles nada, como decía mi abuela.
Más allá de lo dispuesto en la Ley 2272 de 2022 por medio de la cual se define la política de paz de Estado, nos quedamos con un sinsabor el cual puede dar al traste con la percepción de los ciudadanos: las disidencias. El tema es complejo, lo cual es una obviedad, pero afirmarlo es de alguna forma una crítica a la política de paz del actual gobierno, que ha decido llamarla paz total cuando en Colombia tanto el control territorial como los procesos de paz han sido muy cercanos a la ciencia ficción.
Para la mencionada Ley, paz total puede entenderse como: La política de paz será una política de Estado, en lo concerniente a los acuerdos de paz firmados y a los que se llegaren a pactar, así como a los procesos de paz en curso y los procesos dirigidos al sometimiento y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. (Art. 2). Sin embargo, junto al control territorial y la implementación de los Acuerdos, tenemos que los esfuerzos de paz han estado ligados a determinados gobiernos pero no han logrado ser una verdadera política de Estado. De ahí que, el presente esfuerzo por llevar a cabo el esquivo artículo 22 de la Constitución que consagra la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, puede quedar como sus antecesores, capturado en el papel.
Es urgente convocar un diálogo de país que incluya a todas las fuerzas políticas sin que medie el cese al fuego. Este tipo de proyectos deben ser transversales más allá del texto escrito, como se acostumbra. Es fundamental hacer de esta una política de Estado y que los partidos políticos actúen de acuerdo a la responsabilidad, evitando los maximalismos, como en el pasado reciente. Ya empezó mal esto al recurrir a la grandilocuencia de lo total y de paso, con la afirmación del entonces candidato, hoy presidente, quien advertía que el ELN negociaría la paz en 3 meses de haber iniciado el mandato.
En estos temas no existen recetas mágicas y mucho menos la posibilidad de fijar tiempos. Si en realidad es una política de Estado, se debe sacar el pie del acelerador y despolitizar un tanto el tema, en especial, dejar de percibirlo como una ejecutoria, para pensarlo desde una política integral que consagre un diagnóstico diferencial entre la Colombia urbana y la rural. Basta decir que las bandas criminales cada vez están más organizadas y con el paso del tiempo, han logrado mayor penetración en los territorios y ciudades del país, lo que afecta tanto la vida, como la propiedad, la competitividad, el imperio de la ley y la confianza en las instituciones.
Este tema es tan urgente, que de no ser abordado correctamente dará al traste con la política social del gobierno. De nada servirán los subsidios y demás, si la calidad de vida se ve empañada por la violencia ahora destazada en las ciudades. Si Petro quiere robustecer la economía (en los términos de Mazzucato) en nada avanzaremos como vamos. Reitero, se afecta la competitividad, la percepción y de paso, la inversión. Para avanzar en realidad y no en el discurso, es necesario garantizar unos mínimos de seguridad que permitan una buena calidad de vida.
