"Las prisiones ya no son los cuarteles generales de las pandillas, ya no hay fiestas, drogas, grafitis, prostitutas, ni salen órdenes para matar”, decía un año atrás el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Sin embargo, las cárceles que desbordan de presos que llegaron sin el debido proceso judicial se han convertido en "campos de concentración", de acuerdo con David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal, cuyo informe revela una grave crisis de derechos humanos.
“Definitivamente la población privada de libertad bajo el régimen de excepción está en condiciones que sí podemos asemejar a los campos de concentración. De hecho, las personas sufren un hacinamiento extremo. Celdas con capacidad para 15 personas o 20 albergan más de 100 o hasta 200 personas”, asegura Morales.
“No se les da alimento suficiente, y el poco alimento y agua que se les da es contaminado. Sufren golpizas, hay denuncias de choques eléctricos, no se les provee medicamentos a las personas enfermas crónicas, ni se les da asistencia médica. Entonces tenemos casos de personas que tenían padecimientos, no se les dio la debida asistencia y murieron. No tenemos ningún indicio de que la Fiscalía General esté investigando estas muertes, a pesar de que algunas tienen estas características de violencia y podría tratarse de ejecuciones extra legales al interior de las cárceles”, denuncia el jefe de justicia transicional de Cristosal.
En su informe, la ONG pone de relieve que numerosos detenidos no perteneces a las maras.
“Una de los hallazgos más importantes que hemos constatado a lo largo de este año bajo régimen de excepción, es que miles de las personas que son detenidas arbitrariamente no son integrantes de pandillas. Esto es lo que está ocurriendo. Algunos testimonios de personas que han estado en estas prisiones y después de varios meses han obtenido libertad no refieren de que estuvieron detenidos en celdas donde entre el diez y el 30% de detenidos eran personas miembros de pandillas, pero la restante población de detenidos, el 50-70%, eran personas que no tenían que ver con pandillas”, sostiene David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal.
